Aznar impone la reforma laboral por el fracaso de sindicatos y CEOE
El Consejo de Ministros aprobará hoy un paquete de medidas de reforma laboral, según anunció ayer el presidente del Gobierno, José María Aznar. Previsiblemente el contenido del decreto extenderá el contrato fijo con 33 días por despido, flexibilizará el contrato a tiempo parcial y penalizará los contratos temporales.
El mercado laboral español tendrá una nueva reforma a partir de mañana. El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció ayer esta decisión, tras dar por terminadas, después de ocho meses, las negociaciones entre sindicatos y patronal para tratar de alcanzar un acuerdo. Los agentes sociales y empresariales terminaron anoche un último encuentro en el que intentaron desesperadamente llegar a un acuerdo, sin lograrlo. Cerraron así sin consenso un proceso negociador de ocho meses.
Según lo anunciado por el presidente del Ejecutivo, que participó en un coloquio organizado por el Instituto Español de Analistas Financieros, la reforma del Gobierno "no se apartará del espíritu de la reforma de 1997 y tratará de aproximarse a las legislaciones de los países del entorno europeo".
Las medidas concretas que se desprenden de esta afirmación son fundamentalmente dos. En primer lugar, el Gobierno baraja aumentar los colectivos a los que se puede aplicar el contrato de fomento del empleo indefinido creado en 1997, con una indemnización por despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días por año trabajado y con un tope de 42 mensualidades del contrato fijo ordinario.
Actualmente este contrato puede hacerse a los jóvenes entre 18 y 30 años, los mayores de 45, las mujeres contratadas en sectores donde están subrepresentadas y cualquier desempleado que lleve más de un año en el paro. Fuentes de la negociación manifestaban ayer que el Gobierno ampliará estos colecitvos a los jóvenes de 16 a 18 años, a los que lleven en paro sólo seis meses y las conversiones de temporales en indefinidos, siempre que sea en la misma empresa.
Ruptura de la paz social
El Gobierno manejó la posibilidad de generalizar este nuevo contrato con 33 días de despido para todos los nuevos contratos fijos, lo que los sindicatos descartaban ayer "por la ruptura de la paz social que esto supondría".
En segundo lugar, la reforma del Ejecutivo deshará parcialmente la regulación de los contratos indefinidos a tiempo parcial creados en 1998 por el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, con pacto con los sindicatos. El objetivo es hacer este tipo de contrato más flexible, tal y como demandan los empresarios. Los cambios afectarán a la jornada y respetarán la protección social acordada entonces. Actualmente son a tiempo parcial todos los contratos cuya jornada exceda el 77% de la jornada máxima legal o de convenio, en los casos en los que lo haya. Con el cambio volverá a ser tiempo parcial cualquier jornada inferior a la máxima legal o pactada en convenio.
Según lo avanzado hasta ahora por distintos miembros del Gobierno, un tercer punto de reforma estará destinado a satisfacer la petición sindical de penalizar los contratos temporales. Crearán una indemnización a término de los contratos eventuales, previsiblemente de 12 días por año; también estudia el incremento de las cotizaciones de estos contratos un punto y la rebaja de más de un punto de cuota de los nuevos contratos de fomento del empleo.
Aznar se mostró ayer crítico con empresarios y sindicatos por no haber sido capaces de consensuar una reforma laboral. "No es nada difícil que pudieran alcanzar un acuerdo y sería muy difícil de explicar por qué no se ha alcanzado".
Acto seguido re-pro-chó a los agentes sociales su "equivocación" por no haber llegado a un acuerdo y les pidió que den explicaciones a la sociedad de por qué no han logrado consensuar la reforma, pese a tener altos puntos de coincidencia.
Aznar descartó por completo la posibilidad de una prórroga a los negociadores: "Ya no estamos en tiempo de más plazos sino de actuar".
El IAE se suprimirá en 2002 y el IRPF bajará a partir de dos hijos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, insistió ayer en la importancia de la reforma fiscal para modernizar la economía y reiteró su intención de modificar las dos principales figuras tribu-tarias (el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta). Además puso el 2002 como fecha definitiva de supresión del impuesto sobre actividades económicas (IAE), con lo que zanja la incertidumbre sobre el futuro de este impuesto.
Aunque no entró en mucho detalle, el nuevo impuesto de sociedades, cuya reforma está prevista para este año en el marco de la nueva Ley General Tributaria, incluirá incentivos fiscales para la formación, la innovación tecnológica y las pequeñas y medianas empresas.
En cuanto al IRPF, cuya reforma se deja para el año que viene, sugirió que se aplicarán ayudas a partir del segundo hijo y se disminuirán las cargas fiscales sobre el trabajo.
La vieja promesa de suprimir el IAE, contenida ya en el programa electoral del Partido Popular de 1996, parece que finalmente se materializará el año que viene, en paralelo a la reforma de las Haciendas locales. La supresión de este tributo, considerado por Aznar como una "traba arbitral a la creación de empresas", no se ha producido todavía ante la falta de acuerdo sobre cómo compensar la pérdida recaudatoria para los ayuntamientos.
En el contexto de la reforma fiscal, Aznar incluyó también la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y lo condicionó a que recoja tres principios básicos: la solidaridad territorial, la corresponsabilidad fiscal y la estabilidad financiera de las comunidades autónomas.
El Gobierno fomentará la pensión privada y facilitará crear empresas
Otro de los compromisos electorales del Partido Popular, la simplificación de los trámites para la creación de empresas, tomará cuerpo antes de final de año con la aprobación del proyecto de ley de la empresas nueva, en la que se recogerá un sistema fiscal, concursal y registral simplificado para facilitar la iniciativa privada y animar a los empresarios a realizar sus proyectos, según explicó ayer Aznar.
El presidente afirmó, además, que seguirá con la política de privatizaciones y destacó el efecto que han tenido las realizadas hasta ahora en la modernización de la economía.
En su opinión, los países de la zona euro se juegan su competitividad en el terreno microeconómico, y el Gobierno se volcará en "conseguir que España sea el país más atractivo de Europa en términos de flexibilidad" para conseguir más inversiones. En el año 2000, la inversión exterior en España alcanzó los cinco billones de pesetas, y los españoles invirtieron fuera casi nueve billones, según los datos ofrecidos por el presidente.
Aznar consideró que "España está aprovechando bien las oportunidades que se le presentan" de su integración en Europa.
No obstante, el presidente manifestó alguna queja respecto a la "falta de celo" de la Comisión Europea ante la necesidad de garantizar reglas comunes de competencia.
En alusión a la fallida fusión de Endesa e Iberdrola, Aznar comentó que "no se puede ni se debe pedir a un Gobierno que no sea respetuoso con las reglas de competencia". "Hay que buscar un punto de equilibrio entre el tamaño de las empresas y las reglas de competencia".
El Gobierno fomentará los sistemas privados de pensiones
R. P. C., Madrid
El presidente del Gobierno, José María Aznar, no se olvidó ayer, aunque "no tocaba", de la próxima reforma de las pensiones al dar un repaso a las próximas reformas que su equipo piensa acometer.
Aznar aconsejó que será necesario "no dormirse" si se quieren mantener las actuales garantías del sistema público de pensiones. En este sentido se felicitó por la buena salud de las cuentas de la Seguridad Social, cuyo superávit superó el pasado año los 400.000 millones de pesetas. Esto ayudará a incrementar el fondo de reserva de las pensiones, en opinión de Aznar.
Pero para el líder del Ejecutivo esto "no es suficiente", por lo que habrá que pen-sar en el desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones. No obstante, Aznar, que fue cuestionado sobre la posibilidad de abrir una transición hacia la privatización parcial del sistema de protección social, tal y como se está escuchando en las comparecencias de la comisión del Pacto de Toledo, no quiso contemplar esta posibilidad. En cualquier ca-so opinó que "el sistema actual tiene las mayores garantías y está saneado pero es insuficiente, a medio plazo para garantizar el sistema de pensiones".