Las comunidades triplicaron en 2000 el déficit previsto
El déficit del conjunto de las Administraciones públicas se redujo en el año 2000 al 0,3% del PIB, según lo previsto por el Gobierno, lo que no se cumplió para el caso de las Administraciones territoriales que, prácticamente, triplicaron el saldo negativo desde el 0,1% previsto al 0,28%, debido al exceso de gasto de las comunidades autónomas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció ayer ante los medios de comunicación con una sonrisa en la boca poco antes de confirmar, tal y como ya había anunciado a comienzos de esta semana, que el déficit para el conjunto de las Administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales) se había reducido, en el año 2000, del 0,8% del PIB estimado en los Presupuestos Generales del Estado hasta el 0,3% del PIB, concretamente, 343.900 millones de pesetas en términos de contabilidad nacional. Este criterio, que evalúa los ingresos y gastos cuando se devengan, y no cuando pasan por caja, es el homologado por Bruselas.
Sin embargo, su satisfacción no era plena, ya que no todas las Administraciones se han comportado como había previsto el Gobierno. En el caso de las Administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos) la evolución ha sido claramente insatisfactoria.
El Ministerio de Hacienda había previsto que su déficit se redujera del 0,2% del PIB en 1999, al 0,1%. La realidad no ha podido ser más desalentadora. No sólo no se ha reducido al 0,1%, sino que se ha incrementado hasta el 0,28% del PIB (282.000 millones de pesetas), lo que supone triplicar prácticamente las estimaciones iniciales. De este comportamiento, es necesario excluir a las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos y mancomunidades), que consiguieron alcanzar el pasado año un superávit de 44.000 millones de pesetas. En cambio, las comunidades autónomas, han continuado con su política expansiva en el gasto. Las consecuencias son evidentes. El déficit del conjunto de los Gobiernos regionales se elevó hasta 326.000 millones de pesetas en 2000.
Montoro no desagregó el déficit por comunidades, alegando que se necesitarán varios meses más para realizar el cómputo definitivo (hasta otoño probablemente), debido al retraso en el cobro de fondos europeos, pero reconoció que algunas comunidades han sobrepasado ampliamente los objetivos marcados. "No se debe ni se pueden utilizar sociedades instrumentales para traspasar gasto de un lado para otro, porque al final todo va al mismo saco, que es el déficit que España está obligado a presentar a Bruselas", afirmó, con relación a la proliferación de empresas y sociedades públicas de carácter regional.
Ley de Estabilidad
El aumento del déficit público de las comunidades fue aprovechado por Montoro para justificar "la utilidad de una Ley de Estabilidad Presupuestaria -cuyo trámite parlamentario se iniciará la próxima semana- que obligue a todas las Administraciones a que cumplan sus compromisos más allá de la firma de protocolos bilaterales con el Gobierno central".
En la mente del ministro también se encontraba el nuevo modelo de financiación autonómica, que debe negociarse en las próximas semanas para que entre en vigor en 2002, con el compromiso de dotar a las comunidades autónomas de mayor corresponsabilidad fiscal y autosuficiencia financiera. En este sentido, indicó que el Ejecutivo "no tiene capacidad legal" para liquidar, en función de la recaudación real del año 2000, los ingresos que corresponderían a las comunidades autónomas que no asumieron el actual modelo de financiación -las gobernadas por el partido socialista-, precisamente por "la anormalidad" del marco estatutario en el que se encuentran.
Por lo demás, el ministro destacó la evolución del déficit del Estado, que se redujo del 1,1% del PIB en 1999 hasta el 0,56% en el año 2000.
La Seguridad Social tuvo también un buen comportamiento, ampliando su superávit hasta los 499.000 millones de pesetas (0,5% del PIB), por encima de lo presupuestado.
En general, la reducción del déficit público del conjunto de las Administraciones públicas en un 68,5% fue posible gracias al claro incremento (por encima de lo estimado) de los recursos no financieros (ingresos medidos en términos de contabilidad nacional), en una cuantía del 7,5%, hasta alcanzar los 39,88 billones de pesetas. Los empleos (gastos), por su parte, aumentaron sólo un 5,3%, hasta los 40,22 billones. La diferencia, son los 343.900 millones de pesetas de déficit público global.
La reducción del déficit servirá, según Montoro, para que continúe el saneamiento de las cuentas públicas y sea más fácil la consecución del equilibrio presupuestario (déficit cero) este ejercicio, por primera vez desde hace 25 años. La carga de la deuda (pago que efectúa el Tesoro por los intereses generados) se redujo en 2000 un 0,5%, hasta los 3,33 billones de pesetas.
Por otro lado, Montoro aprovechó para dar a conocer la nueva cifra oficial de déficit público de 1999, que aumenta del 1,1% al 1,2% del PIB, una vez que se han incorporado en ese ejercicio la compensación a los pensionistas por el desvío de la inflación en 1999 (70.000 millones). La compensación por el desvío de la inflación en 2000 (177.000 millones), cobrada por los pensionistas en enero de este año, ha sido cargada, finalmente, al ejercicio presupuestario pasado.
Hacienda penalizará los sectores más inflacionistas
El ministro de Hacienda se refirió ayer al "toque de atención" dado al Gobierno por parte de la Comisión Europea para que controle el repunte de los precios a través del programa de estabilidad.
Cristóbal Montoro lanzó un claro mensaje para navegantes, haciendo entrever que penalizará a los sectores que no colaboran en esta labor.
Uno de los caminos elegidos será la vía fiscal. El titular de Hacienda, en tono eufemístico, aseguró que el Gobierno "no favorecerá" en la próxima reforma fiscal a los sectores más inflacionistas, con los que será "mas beligerante".
Aunque no precisó de qué actividades económicas se tratan, es bien sabido que desde los Ministerios de Hacienda y de Economía se han hecho ya varios llamamientos a los empresarios de los servicios, especialmente, a los del sector turístico y de restauración, para que no aprovechasen la bonanza económica para incrementar injustificadamente sus márgenes de beneficios.
Montoro insistió en que las próximas reformas impositivas deben favorecer a los sectores "más comprometidos con la reducción del IPC" y a los "auténticos promotores" del crecimiento económico y del empleo, como las pequeñas y medianas empresas.
El ministro sugirió que esta advertencia es válida, tanto para la reforma del impuesto sobre sociedades, que será aprobada este año, como para la del IRPF, prevista para 2002, y que entrará en vigor en el año 2003.
Por otra parte, afirmó que la consecución del déficit cero este año no es incompatible con un menor crecimiento económico como el previsto (3,6%) para 2001.
Zaplana refuerza el control sobre el gasto
Javier Alfonso, Valencia
El Gobierno de Eduardo Zaplana ha decidido intensificar el control sobre el gasto de la Generalitat, especialmente el del capítulo de personal, y ha dictado una orden en la que, entre otras medidas, prohíbe cualquier contratación temporal de personal o nombramiento de funcionarios interinos por parte de los organismos públicos autonómicos.
Según la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Vicente Rambla, sólo se permitirán contrataciones "en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables". La excepcionalidad deberá justificarse por escrito y, en algunos casos, con una memoria económica.
Economía sólo autorizará de oficio la contratación de personal para sustituir bajas por maternidad o incapacidad temporal en puestos de atención al público, siempre que exista un informe favorable sobre la existencia de crédito para esos contratos en el Presupuesto de la Generalitat.
Desviaciones de gasto
El estricto control sobre las contrataciones de la Generalitat suponen una novedad en la orden de gestión del Presupuesto que cada año dicta la Generalitat. Respecto a las inversiones y subvenciones, se advierte a los distintos órganos de la Administración autonómica que Economía dispondrá de los fondos no gastados en los primeros meses del año.
Así, el dinero de las subvenciones genéricas que no hayan sido publicadas en el Diari Oficial durante el primer trimestre, o el de las inversiones que no hayan sido adjudicadas en el primer semestre, podrá ser desviado al capítulo de gastos diversos para que Economía lo redistribuya según las necesidades coyunturales. Esto ya se hizo en los dos últimos años para paliar el desfase producido en el gasto corriente.