Sindicatos y patronal ponen en vía muerta el diálogo social
El plazo para alcanzar un acuerdo de reforma laboral expira hoy y la patronal y los sindicatos han llegado al último día del plazo sin lograrlo. Pero ninguno quiere levantarse de la mesa y agotan hasta el último segundo para dar por rotas las negociaciones. Desde el principio el mayor escollo han sido las medidas a adoptar para atajar el abuso de la temporalidad: los sindicatos piden incremento de costes de los contratos eventuales, y los empresarios, rebajas de los fijos.
Todo parece indicar que esta vez no será posible repetir la foto de mayo de 1997, cuando sindicatos y patronal lograron pactar la última reforma del mercado laboral español. Las dos partes mantienen inamovibles sus últimas propuestas, pero nadie quiere dar por fracasada la negociación para evitar aparecer ante la opinión pública y ante sus propios representados como los responsables del fracaso.
Es más, los sindicatos se mostraron ayer públicamente "en condiciones de seguir negociando y acordando hasta mayo", que es cuando vence la vigencia de la reforma de 1997. Siempre y cuando, claro está, la patronal cambie no ya sólo sus propuestas concretas, sino "su disposición al acuerdo".
æpermil;ste fue el órdago sindical como respuesta a la rotundidad con la que ayer por la mañana el máximo órgano directivo de la patronal ratificó "íntegramente y en sus propios términos" su último documento de propuestas entregado a los sindicatos el pasado 20 de febrero. Con esta decisión, los empresarios cerraban cualquier posibilidad de cambiar sus iniciativas e instaban a los sindicatos a que fueran ellos los que modificaran sus posiciones para poder llegar a un acuerdo.
Según el secretario general de la CEOE e interlocutor patronal en esta negociación, la decisión del comité ejecutivo de la patronal obedeció a que el último documento de los empresarios estaba diseñado "para el pacto", mientras que el documento sindical es "regresivo" y recupera posiciones que ni siquiera se habían planteado en la negociación, como la reducción de jornada a 35 horas semanales.
La clave del asunto la dio Jiménez Aguilar al decir que "es evidente que si ninguna de las dos partes mueve ficha será imposible el acuerdo", para acto seguido afirmar que "no daré el diálogo por muerto (...) y esperaré a que la otra parte se mueva desde una posición inmovilista".
Una partida de ajedrez
Estas acusaciones fueron rápidamente contestadas a última hora de la tarde por los número dos de CC OO, Fernando Puig-Samper, y de UGT, Toni Ferrer, quienes tras una reunión de urgencia evidenciaban la imposibilidad del acuerdo. "Los movimientos de ficha ahora corresponden a aquel que se ha enrocado y que da por perdida la partida", dijo Ferrer utilizando símiles ajedrecísticos.
Lo que está claro es que hoy termina el plazo que se dieron los propios agentes sociales y no hay acuerdo.
El siguiente paso será formalizar la ruptura, si una última reunión o un contacto telefónico entre las partes que con toda seguridad se llevará a cabo hoy no lo evita.
A continuación, deberá ser el Gobierno el que tome las riendas del asunto y acometa su propia reforma laboral de forma unilateral.
La propia patronal volvió a abogar ayer por esta reforma "impuesta" como un mal menor y como una solución mejor a que no haya reforma.
Sin embargo, Jiménez Aguilar mostró de forma implícita cierto temor a las concesiones que el Ejecutivo vaya a hacer a los sindicatos y lanzó un aviso a navegantes: "Cuando se toman acuerdos bilaterales, el fracaso es rotundo y completo" y recordó el rechazo de los empresarios al contrato indefinido a tiempo parcial que ha provocado que éste no haya sido utilizado por las empresas.
Propuestas definitivas de patronal y sindicatos para la reforma laboral
Principales escollos de la negociacion
CEOE y Cepyme
Contratación indefinida
1. Generalizar la indemnización por despido a 33 días por año trabajado y 24 mensualidades y eliminar el contrato ordinario de 45 para los nuevos fijos.
2. O ampliar los colectivos del contrato de 1997 (33 días por despido) a personas entre 16 y 33 años (actualmente entre 18 y 30 años), mayores de 45 años (igual que en la actualidad), desempleados que lleven seis meses o más en el paro, todas las mujeres y discapacitados. Restaurar las conversiones.
Contratos indefinidos a tiempo parcial
Eliminar el tope de jornada máxima actual (77% de la jornada completa) y que sea tiempo parcial cualquier jornada inferior a la del convenio o la máxima legal (40 horas semanales).
Limitar la temporalidad
Considerar fraude de ley la concatenación de contratos eventuales con idéntica causa para la misma actividad y empresa. Que la duración máxima de un contrato temporal sea de un año.
CC OO y UGT
Contratación indefinida
Si se avanza en las medidas sobre contratación temporal, accederán a mantener la vigencia del contrato de fomento del empleo indefinido de 1997 (33 días por despido) otros cuatro años. Además se aumentarán los colectivos susceptibles de usar este contrato.
Extender el contrato de 33 días de despido a personas entre 16 y 30 años y a cualquier persona que lleve en el paro más de seis meses.
Contratos indefinidos a tiempo parcial
Consideran la regulación actual adecuada, pero, en cualquier caso, las negociaciones sobre este contrato deberán respetar la protección social, el límite de jornada y la especificidad del fijo discontinuo.
Limitar la temporalidad
Reforzar la causalidad del contrato de obra, rebajar los límites temporales para que un eventual se convierta en fijo, subir las cuotas empresariales de los temporales.
Cruce de acusaciones de división interna
Lo que hasta aquí ya se dibuja como un claro fracaso de las negociaciones se recrudece aún más cuando se constata un cambio de tono y de talante entre los negociadores y surgen las acusaciones mutuas de división interna de las organizaciones.
Por la mañana, Jiménez Aguilar insinuó claramente que parte del fracaso se debía a la división entre CC OO y UGT y acusó veladamente a esta última central de "apostar por el no acuerdo más que los otros (por CC OO)".
Esta circunstancia fue severamente negada por Ferrer y Puig-Samper y acusaron a la patronal de "utilizar el método casposo del divide y vencerás" para escudar su negativa al acuerdo.
Por el contrario, CC OO y UGT encontraron dividida la patronal y aseguraron que tras la reunión del día 24 de enero con su presidente, José María Cuevas, el interlocutor de los empresarios, Jiménez Aguilar, no respetó en los siguientes encuentros los criterios aceptados por el máximo responsable de la patronal.
Además constataron "con sorpresa" que la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) no ha ido a las últimas reuniones. Dicho esto, los sindicatos pidieron a las patronales que "resuelvan sus problemas internos".
El Gobierno legislará tras consultar a ambas partes
Cada minuto que pasa parece más factible que sea el Gobierno el que tenga que imponer definitivamente su propia reforma laboral.
Para ello pedirá a empresarios y sindicatos que le remitan sus últimas propuestas con la intención de dar una de cal y otra de arena y tratar de evitar un conflicto social. Adelantándose a este acontecimiento, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, confió ayer en que la legislación del Gobierno no afectará al clima de diálogo social que viene manteniendo el Ejeucutivo.
Esto no es igual visto por los sindicatos, que ayer anunciaron que un guiño del Gobierno a alguna de sus reivindicaciones no impedirá "una ruptura del clima de paz social". Rato dejó también entrever la posibilidad de un acuerdo bilateral, aunque no precisó con qué parte.
En cualquier caso, el titular de Economía volvió a insistir en que la reforma del Gobierno "dotará de una mayor estabilidad al empleo, con mayores incentivos en la contratación de colectivos con dificultades y con una regulación de la temporalidad que impida los abusos".
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, tiene ya listo un informe sobre el supuesto fracaso de las negociaciones y la situación del mercado laboral y las reformas que éste necesita. Aparicio llevará este informe al Consejo de Ministros del próximo viernes, en el que el Gobierno estudiará su estrategia para imponer su reforma, según confirmaron ayer fuentes de la negociación. Hasta ahora no se ha decidido si todas las reformas se harán mediante decreto y de forma inminente o se distanciarán algo más en el tiempo hasta poco antes de Semana Santa o en vísperas del mes de mayo, cuando se agota la vigencia de la reforma de 1997.
Asimismo tendrá que decidir si todo se hace mediante decreto o lleva alguna medida a la Ley de Acompañamiento de 2002.