Rato ultima una ley para evitar las fugas de información privilegiada
El Gobierno aprobará en las próximas semanas el anteproyecto de Ley Financiera, con el que busca reforzar las normas de transparencia de los mercados de capitales y reforzar los mecanismos legales para impedir la fuga de información privilegiada. Además, mejorará la protección de los clientes de banca e inversores, y facilitará la financiación de pymes y de bancos y cajas.
El Ministerio de Economía envió ayer un comunicado con los rasgos generales del anteproyecto, aunque no quiso concretar cómo se articularán algunos de los enunciados ni confirmar si incluiría aspectos como el régimen jurídico de las cajas de ahorros. El modo de difundir dicha información fue interpretado por algunos como un globo sonda para comprobar la acogida de la norma.
El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su interés por despolitizar las cajas y en el borrador inicial del anteproyecto figuraba la intención de imponer un límite del 50% para la representación política y hacer que los nombramientos de los miembros de sus órganos de gobierno sean irrevocables durante el mandato, como publicó este diario el 13 de noviembre.
Uno de los aspectos en los que se hace más hincapié se refiere a las normas de transparencia de los mercados de capitales y la utilización de la información privilegiada. Con esta ley, Economía trata de llenar cierto vacío legal existente como consecuencia de la anulación por parte de la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, de las cartas circulares aprobadas durante la presidencia de Juan Fernández-Armesto.
Con la normativa se "impondrán obligaciones de transparencia en las operaciones vinculadas, de manera que se eviten abusos por parte de directivos y consejeros contra los intereses de los accionistas".
Entre las medidas más importantes figura la de hacer obligatorias las murallas chinas (separación entre diversas áreas de una entidad para evitar fugas de información privilegiada), además de limitar el número de personas que pueden estar al corriente de dicha información privilegiada. Se reforzará también la regulación de la información relevante y de la privilegiada.
La ley extenderá este último concepto a otros instrumentos financieros distintos de los valores negociables y se especificarán de forma detallada los datos relevantes que habrá que trasladar al mercado. Cualquier hecho relevante tendrá que ser comunicado de manera inmediata a la CNMV, así como la modificación de las previsiones de beneficios.
El borrador inicial habla de la creación de un organismo, el Servicio Arbitral del Mercado de Valores, que resolverá con carácter vinculante las reclamaciones de los clientes en materia de mercado de valores, cuando se quebranten las normas de disciplina y transparencia. Ahora, los clientes se tienen que dirigir al defensor del cliente o al servicio de reclamaciones del Banco de España.
Además, señala que "las sociedades emisoras de valores admitidas a negociación en algún mercado secundario deberán incluir necesariamente, en su memoria de cuentas anuales, información cuantificada de todas las transacciones realizadas por la sociedad con personas vinculadas" (accionistas con participaciones significativas, administradores o directivos de la sociedad).
Límites a los consejeros
En el sector ha transcendido que Economía baraja también establecer un régimen de incompatibilidades y limitaciones de los miembros del consejo de administración, directores generales y asimilados de los bancos, que no podrán estar en más de cuatro consejos de administración u órgano equivalente, de sociedades mercantiles.
Otro de los aspectos del anteproyecto se refiere a la operativa de las instituciones de inversión colectiva. El objetivo es facilitar que puedan realizar operaciones de préstamo de valores, no sólo de valores bursátiles, como ya prevé el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, sino de toda la cartera. Asimismo, con el objetivo de reducir plazos y facilitar la creación de sociedades gestoras de fondos de inversión, éstas pasarán a ser autorizadas por la CNMV, sin necesidad, como hasta ahora, del visto bueno de Rato.
El anteproyecto recoge también una regulación específica de los efectos jurídicos de la contratación electrónica.
Nuevas cédulas territoriales para captar recursos
La nueva ley permitirá a las entidades de crédito contar con un nuevo instrumento de financiación: las cédulas territoriales. Se trata de un título de renta fija que emitirán bancos y cajas presentando como aval la cartera de préstamos que tienen concedidos a las Administraciones públicas, "sobre todo locales y regionales", especifica el resumen del anteproyecto de la Ley Financiera.
La ventaja para bancos y cajas estriba en que "contarán con una nueva alternativa para refinanciar estas operaciones y con un coste inferior para estas entidades que el de otros títulos, como la deuda subordinada, por ejemplo", según explica Esteban Sánchez, director de análisis y consultoría bancaria de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
El hecho de que el título esté avalado por los préstamos a la Administración minimiza el riesgo de insolvencia, lo que permite a la entidad refinanciarse con un tipo de interés más bajo.
Según el borrador del anteproyecto, el importe total de las cédulas emitidas por una entidad no podrá superar el 70% de los préstamos y créditos no amortizados que tengan comprometidos las Administraciones.
Estas cédulas estarán dirigidas sobre todo a inversores institucionales.
La norma facilitará la inversión de las cooperativas
Las cooperativas de crédito tendrán más facilidades a la hora de realizar inversiones con la nueva Ley Financiera. Aunque el Ministerio de Economía, por el momento, prefiere guardar los detalles para más adelante.
Sin embargo, todo apunta a que la flexibilización que promete la nueva norma hará posible que estas entidades tomen más de un 10% en el capital social de empresas no cooperativas. Según consta en el primer borrador del anteproyecto, Economía se planteaba elevar hasta el 50% el límite de las participaciones.
Las compañías en las que inviertan las cooperativas tendrán que realizar actividades complementarias a las de estas entidades y deberán contar con la autorización previa del ministerio, según uno de los proyectos que éste barajaba.
Esta medida daría curso a la reiterada petición de las cooperativas y posibilitaría que estas entidades, especialmente las cajas rurales, ganaran dimensión mediante el crecimiento de sus carteras industriales.
Otro de los grandes ejes de la nueva ley tiene como objetivo mejorar las condiciones de financiación para las pequeñas y medianas empresas con la nueva Ley Financiera. Lo único claro es que esta ley facilitará que las pymes que proveen de servicios y productos a las Administraciones públicas recurran al factoring, es decir, que cedan a entidades financieras especializadas la gestión de las facturas que tienen con la Administración, que se caracteriza por los largos plazos de pago. A falta de más concreciones, el presidente de la Asociación Española de Factoring, José Gallardo, aplaude las futuras medidas que, a su juicio, vienen a cubrir un vacío legal.
"Será un gran paso para que las entidades de factoring se vuelquen en las pymes, ya que hay un gran porcentaje de ellas que son proveedoras de las Administraciones".