Rodríguez Ibarra proyecta imponer un tributo a los bancos
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer que está preparando una ley para imponer un impuesto a los bancos que no reinviertan sus beneficios en Extremadura, aunque no especificó el tipo de figura tributaria que plantea. En todo caso, expertos jurídicos creen que un impuesto de este tipo "está en las antípodas" de las libertades económicas fundamentales y no tiene soporte legal alguno.
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer en Cuacos de Yuste (Cáceres) que su Gobierno tiene previsto aprobar una ley del impuesto a las entidades bancarias que gravará fiscalmente la captación del ahorro extremeño y la falta de reinversión en proyectos productivos que repercutan en la región, con el fin de aumentar la recaudación. Dicho impuesto sólo afectará a los bancos, "que tienen muchos recursos, pero no los reinvierten en Extremadura". No obstante, quedarán exentas las cajas de ahorros, que no tienen accionistas y dedican una gran inversión a obra social". Con esa lógica, Ibarra aseguró que "si hay bancos que se dediquen a hacer obra social en Extremadura, lo que inviertan se les deducirá del impuesto".
El presidente extremeño aseguró que la ley se está preparando y se presentará a final de año. "Más o menos", -dijo- "sabemos qué queremos hacer y qué figura tributaria aplicar", pero no se extendió en más detalles y para cuya explicación remitió al consejero de Economía.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, concretar los extremos de este proyecto, pero ni el consejero de Economía, Manuel Amigo, ni ningún otro responsable del Gobierno extremeño atendieron nuestras llamadas. Los portavoces de prensa de la Junta de Extremadura se limitaron a explicar que esta ley forma parte del conjunto de actuaciones económicas previstas para 2001.
Portavoces de la Asociación Española de Banca (AEB) que afirmaron desconocerlo, eludieron hacer valoración alguna antes de que se concreten sus particularidades. De hecho, el propio Rodríguez Ibarra comentó durante la conferencia de prensa en la que anunció sus intenciones que "los bancos se enterarían hoy por los periódicos". Otras fuentes bancarias reconocieron que en el hipotético caso de que pudiera materializarse sería una "barbaridad".
Aún a falta de conocer los detalles, varios expertos en fiscalidad consultados coincidieron ayer en que la aplicación de un impuesto de este tipo es prácticamente imposible porque "está en las antípodas de libertades económicas fundamentales como el libre movimiento de capitales, la libertad de establecimiento o la libre asignación de recursos", además de no tener ningún soporte jurídico.
La opinión general es que se trata de un "brindis al sol" y forma parte de los esfuerzos de imaginación de las comunidades autónomas por aumentar la recaudación. En todo caso, Ibarra señaló ayer que "no está calculado cuánto se puede recaudar con esta figura".
El hipotético impuesto extremeño no podría gravar los beneficios de los bancos porque ya existe el impuesto de sociedades y no puede haber dos impuestos con las mismas características. Si la idea es un impuesto de nueva creación, la Ley General Tributaria señala que la creación de tributos es competencia exclusiva del Estado. En cualquier caso, una cosa es incentivar fiscalmente y otra muy distinta penalizar.
No es la primera vez que el presidente de la Junta extremeña trata de intervenir en el sector financiero que opera en la región. También se dirigió recientemente a las cajas de ahorros con una "recomendación política" para que destinaran parte de sus ingresos a un fondo de fomento del empleo.
Muchas cajas de ahorros están ya comprometidas en el desarrollo económico y progreso de sus comunidades autónomas, pero recomendaciones así se entienden como una injerencia política en entidades privadas, aunque tengan una vocación social.