El Gobierno urge a los agentes sociales a que sellen un pacto laboral
Los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, lanzaron ayer sendos ultimatos a empresarios y sindicatos para que alcancen de inmediato algún tipo de acuerdo en materia de reforma laboral. De lo contrario, el Ejecutivo impondrá su propia reforma a principios del mes de marzo.
La patronal y los sindicatos apuraban ayer sus últimos cartuchos en la reforma del mercado de trabajo y daban los retoques finales de los documentos que contienen sus respectivas posiciones definitivas en este asunto. Los agentes sociales tienen previsto intercambiar hoy dichos documentos que despejarán la incógnita de si es o no posible alcanzar un acuerdo, según fuentes patronales.
Mientras, el Gobierno se apresuró ayer a ejercer cierta presión a través de sus dos vicepresidentes, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato, así como del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Todos ellos recordaron públicamente a los agentes sociales que tienen ocho días para alcanzar, al menos, un preacuerdo para la reforma laboral o, de lo contrario, el Ejecutivo impondrá su propia reforma, como ya viene anunciando desde el principio de las negociaciones.
Según explicó ayer Rato, las líneas de esta reforma impuesta recogerá como primera medida una extensión del contrato de fomento del empleo estable creado en 1997 y con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado a un mayor número de colectivos. Actualmente sólo pueden beneficiarse de él los desempleados menores de 30 años y los mayores de 45.
Esta medida sería considerada entre los agentes sociales como un mal menor, ya que aunque se queda corta respecto a las peticiones de la patronal, que persiguen un mayor abaratamiento del coste del despido, tampoco será frontalmente rechazada por los sindicatos, que ya se han manifestado dispuestos a aceptar dicha extensión.
En segundo lugar, la reforma apuntada por Rato implicará una reforma de la regulación de los contratos a tiempo parcial firmada por Gobieno y sindicatos en 1998.
Esta reforma es exigida por los empresarios, que no utilizan esta modalidad contractual por considerarla muy rígida y, por ello, reclaman una mayor disponibilidad del trabajador, eliminando los límites de jornada ahora existentes.
En el caso de que no haya acuerdo y el Gobierno legisle, éste adoptará también alguna reforma orientada a penalizar la temporalidad para contentar a los sindicatos. Si bien fuentes de la negociación aseguraron que el Ejecutivo planea implantar una indem-niza-ción al término de los contratos temporales y esta iniciativa, precisamente, no es bien vista por las centrales, que se inclinan por otras medidas para atajar la precariedad, como el incremento de las cotizaciones de estos contratos, exigir una mayor cau-sa-lidad en su utilización y limitar más su encadenamiento.
En cualquier caso, Rajoy recordó que "el pacto iba a ser en diciembre para incorporarlo a la Ley de Presupuestos y no fue posible. Ahora tienen que entender que el Gobierno no puede esperar de manera indefinida, porque si no, no estaría gobernando". Aparicio hizo hincapié en que si acaba- el plazo y sindicatos y em-pre-sarios no llegan a un acuerdo "el Gobierno -actuará buscando el interés general".
Por otra parte, ayer se reunió por primera vez la tercera mesa tripartita del diálogo social sobre prevención de riesgos laborales. Tras aunciar que los accidentes laborales costaron en 2000 alrededor de 2,5 billones de pesetas, los sindicatos señalaron que Gobierno y agentes sociales se comprometieron a seguir con el plan sobre las 36.000 empresas que concentran el 50% de la siniestralidad y a estudiar una actualización de las tarifas por accidentes laborales, así como la implantación del sistema bo-nus-malus. Los sindicatos condicionaron este sistema a entrar en la gestión de las mutuas. Además, Trabajo se comprometió a que los reconocimientos médicos de las empresas no se paguen con cargo a cuotas desde 2001.
Aparicio rechaza facilitar el retiro a los 60 años
El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, tomó ayer cartas en el asunto de la reforma de las pensiones para rechazar de plano la pretensión sindical de permitir a todos los trabajadores la jubilación a los 60 años si han cotizado durante 25 años.
El argumento de Aparicio para rechazar la reivindicación de CC OO y UGT es que con ella se pondría en riesgo la viabilidad económica de la Seguridad Social. "No podemos ir en contra de tendencias claras en la Unión Europea y no podemos ir por caminos que pongan en riesgo la clara salud financiera de nuestro sistema".
Este fue el principal tema tratado ayer por la tarde por los responsables de Trabajo y los sindicatos, que mantuvieron una reunión "discreta" y bipartita, después de que se suspendiera el encuentro tripartito (Gobierno, patronal y sindicatos) previsto inicialmente para ayer, según informaron a este periódico fuentes de la negociación.
Por el contrario, Aparicio declaró por la mañana que Trabajo defenderá medidas para permitir la jubilación flexible, "que no vayan en contra del sentido común", a través de fórmulas como permitir una jornada a tiempo parcial con la percepción parcial de una pensión.