La batalla entre los dos equipos gestores de Recol llega a los tribunales
La crisis de Recol Networks, el portal para ofrecer servicios de Internet a socios de los Colegios Profesionales de España, llegó ayer a los juzgados.
Ocho ex consejeros y ex directivos de la empresa, cuatro de los cuales siguen siendo accionistas de Recol, presentaron una denuncia penal en los juzgados de Madrid contra los actuales gestores de la empresa, Juan Miguel Villar Mir, Carlos de Andrés e Ignacio de Ozcáriz.
Joan Alsina (quien, junto a los denunciados, formaba parte del consejo de administración en representación de Catalana d'Iniciatives, que posee un 16,6% de Recol) presentó su dimisión nada más conocerse la denuncia.
Los denunciantes acusan a los actuales directivos de Recol de los delitos de "estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento mercantil y administración fraudulenta.
Junto al texto de la denuncia, que ayer fue remitido a la CNMV, se aportan una serie de documentos y facturas que demostrarían, según los denunciantes, una cadena de acuerdos privados "que han podido incidir de manera grave en la integridad patrimonial de la compañía".
Así, por ejemplo, se destaca la emisión de 10 facturas por un importe total de 242 millones de pesetas a nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que preside Juan Miguel Villar Mir. Según el texto de la denuncia, "ni los bienes ni los servicios facturados por el citado colegio han sido hasta la fecha prestados a Recol".
Según los denunciantes, la emisión de esas facturas permitió a Juan Miguel Villar Mir adquirir acciones de Recol a un precio de tres euros, la mitad de lo que pagaron los socios de los colegios profesionales que acudieron a la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) en mayo de 2000.
Los ex directivos de Recol también denuncian a Ignacio Ozcáriz (ex presidente de la empresa) por "negligencia". Ozcáriz habría firmado contratos con diversas sociedades "por unos servicios nunca prestados y por los que se pagaron precios desorbitados".
El caso más llamativo, según el texto de la denuncia, es el de Andersen Consulting, empresa a la que Recol aseguraba "la aceptación de propuestas de detalle por un importe mínimo semestral de 200 millones de pesetas, por espacio de tres años prorrogables anualmente". La consultora, añade la denuncia, "facturó más de 180 millones de pesetas basándose en simples órdenes de trabajo con acuse de conformidad no autorizadas por el consejo".
Recol Networks lanzó ayer un comunicado en el que "rechaza y expresa su más enérgica repulsa por la actitud de los ex directivos, que pretenden el desprestigio de la institución y el entorpecimiento de la reconducción de ésta". La dirección actual de Recol, añaden, "se reserva cualquier acción legal contra los demandantes".