España lleva dos meses de retraso en el plan para el sacrificio de reses

España va a a tener serias dificultades para aplicar el programa de sacrificio de reses mayores de 30 meses en el plazo previsto. Bruselas propuso inicialmente la retirada de 270.000 cabezas hasta junio. Agricultura se comprometió a sacrificar 180.000, pero el plan aún no ha comenzado.

Los plazos estipulados por Bruselas para el sacrificio de reses corren el serio peligro de no respetarse en el caso español. El Ejecutivo comunitario presentará hoy un informe en el que propone ampliar del 30 de junio hasta finales de año el régimen de destrucción de bovinos puesto en marcha para eliminar los excedentes de carne tras la "crisis de las vacas locas". Aun contando con esta extensión, es difícil que España llegue a tiempo. Hasta hoy no se ha sacrificado ni una sola res. Las previsiones de Agricultura -llevar al matadero una media de entre 20.000 y 25.000 animales al mes- no pueden estar más lejos de la realidad. Con el agravante de que Bruselas propuso inicialmente a España que sacrificase 275.000 cabezas antes de julio y Arias Cañete respondió que sólo podía comprometerse a eliminar 180.000 vacas.

Por el momento, en la segunda licitación para comprar animales (en la primera sólo se presentaron 16 ofertas, 170 cabezas), el número de solicitudes ha ascendido a 425, que agrupan a 1.876 animales. Son cifras que ni siquiera están cerradas, pero demuestran el escaso interés que tienen los ganaderos por acogerse a este programa de sacrificio.

La Comisión Europea ha aprobado dos medidas para intentar reequilibrar el maltrecho mercado de la carne de vacuno en el seno de la Unión Europea, que ha registrado caídas del consumo superiores al 50%. El primero de estos programas consiste en comprar carne; el segundo pretende retirar del mercado, mediante el sacrificio, 1.748.000 cabezas de vacuno (450.000 toneladas de carne).

España está cumpliendo con cierta diligencia el primero de estos programas: ya se han efectuado tres licitaciones y hasta el 31 de marzo está previsto comprar un total de 19.720 toneladas de carne; el segundo, como ya se ha mencionado antes, ni siquiera ha comenzado.

Una y otra medida se están articulando a través del Fon-do Español de Garantía Agraria (FEGA), que está trabajando en colaboración con las comunidades autónomas. Los portavoces de varias consejerías de Agricultura consultadas por este periódico aseguran que ya están seleccionados los mataderos que pueden realizar esta tarea, pero que el Fondo de Garantía Agraria aún no ha contratado los servicios de los locales. Todos quieren comenzar "cuanto antes", pero lo cierto es que no lo han hecho.

Hay más problemas, además de los burocráticos, que están retrasando la aplicación del programa de incineración. Los propietarios de las explotaciones agrarias son reacios a acogerse al plan porque la subvención habilitada es, a su juicio, demasiada raquítica, algo más de 318 pesetas por kilo/canal.

Test obligatorios

Son muchos los que están esperando que Bruselas dé luz verde a nuevas subvenciones y, sobre todo, que prorrogue el programa más allá de junio. Como han señalado fuentes de la consejería asturiana: "Como no sea así, nosotros no llegamos". Precisamente el informe que presentará hoy Bruselas propone también que los test de detección de la enfermedad en animales de más de 30 meses sean obligatorios a partir del 1 de julio. De esta forma, sólo las reses que hayan sido analizadas podrán beneficiarse del régimen de incineración, que es cofinanciado con fondos de la UE y nacionales.

Otra cuestión importante es el hecho de que los propietarios tengan que presentar un aval de 50.000 pesetas por cada vaca que ofertan al FEGA a fin de garantizar su inversión. Algunos Gobiernos regionales están estudiando favorecer los avales conjuntos a través de las coo-perativas agropecuarias.

Los problemas de logística para eliminar los residuos de las vacas locas no terminan aquí. El 11 de enero, Agricultura firmó con las cementeras un programa mar-co para incinerar las 400.000 toneladas de harinas animales que España produce al año, pero estas empresas alegan "problemas de inversión" para comenzar las incineraciones inmediatamente, antes de que se firmen los contratos.

 

Reino Unido sigue incinerando tras cuatro años

El Reino Unido ha sacrificado más de 3,5 millones de vacas de edad mayor de 30 meses desde mayo de 1996. La mayor parte de estos animales se convirtió -mediante compresión y calentamiento- en grasas y harinas animales (poco refinadas) en la decena de plantas que ya elaboraban estos productos.

El resultado de este proceso fueron más de 400.000 toneladas de harinas que se almacenaron en 13 depósitos en distintos lugares del país. "No teníamos capacidad para incinerar tantos animales de forma directa", dice Penny Corkish de la agencia gubernamental responsable del llamado programa de más de 30 meses.

Los únicos animales que se incineraron directamente eran los casos sospechosos de EEB y las vacas sacrificadas en las granjas debido a accidentes. El proceso se llevó a cabo sin grandes dificultades, y tuvo la ventaja de amortiguar, durante unos años, el golpe económico para las plantas de harinas de la prohibición en 1995 de éstas en los piensos de todo el ganado, bovino o no. Ahora sólo quedan cinco de estas plantas.

Pero quedaba la cuestión de qué hacer con las 456.250 toneladas de harinas gruesas almacenadas. "Consideramos utilizar las cementeras pero no hubo suficiente reciclaje de energía", dijo Corkish.

Al final, se optó por construir tres nuevas incineradoras gestionadas por las empresas Fibrogen, Prosper de Mulder y Shanks. Aún así, en enero de este año sólo se había incinerado 134.000 toneladas, una cuarta parte del total.

 

La patronal Asocarne plantea las primeras regulaciones de empleo

La repercusión sobre el empleo del mal de las vacas locas amenaza con hacerse efectiva en un breve espacio de tiempo. Ayer, Asocarne, la patronal cárnica que agrupa a empresas como el nuevo grupo Campofrío, planteó, "a título individual, un acuerdo mar-co de regulación de empleo en el sector", como consecuencia de la crisis que afecta al vacuno. La propuesta fue remitida a UGT en una reunión con motivo de las negociaciones para la revisión salarial de este año, que afecta a 50.000 trabajadores del sector, dentro del acuerdo marco suscrito en 1999.

El resto de las patronales del sector -Aprosa (salas de despiece), Aice (cárnicas pequeñas y medianas), Cedecarne (carniceros), Fecic (federación catalana)- indicaron que no es necesaria tal medida de momento, pero, no obstante, mostraron su preocupación y advirtieron que si la actual crisis se prolonga convocarán a los sindicatos para estudiar esa posibilidad.

En la misma línea, la Comisión Europea tiene previsto aprobar hoy un paquete de siete medidas destinadas a sostener el mercado europeo de vacuno, incentivando al sector para que reduzca su producción y se oriente más a la cría "extensiva" y a la producción biológica. Entre ellas se encuentra un recorte en algunas primas al ganado para de desincentivar la producción.

En el caso de España, ese recorte se traduciría en una reducción de 88.363 cabezas del cupo actual de bovinos machos con derecho a ayudas comunitarias. Las propuestas serán presentadas también al Comité de Gestión del Vacuno el próximo viernes, y al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará en Bruselas el 26 y 27 de febrero, para que puedan entrar en vigor en julio.

Las medidas pretenden evi-tar, a medio plazo, unos excedentes de carne excesivos, que no podrían financiarse y que, además, provocarían una nueva caída de los precios.

Aun así, la Comisión Europea descarta por el momento poner en marcha las llamadas "primas Herodes" para incentivar el sacrificio de terneros recién nacidos y lechales. Mañana se conocerá también el coste de este nuevo paquete de medidas. En enero, la Comisión modificó las partidas asignadas en el presupuesto comunitario para 2001, dotando con 161.500 millones de pesetas (971 millones de euros) más el capítulo agrícola destinado a gestionar la crisis del vacuno. El margen financiero podría ser superior (1.200 millones de euros), según el tipo de cambio entre el euro y el dólar.

 

El Congreso estudia hoy la reprobación de Arias Cañete y de Villalobos

El Pleno del Congreso de los Diputados estudiará hoy las mociones de reprobación, presentadas por el PSOE e IU, de los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de Sanidad, Celia Villalobos, por su gestión de la "crisis de las vacas locas". El debate viene precedido de una fuerte polémica por la actuación de los dos responsables ministeriales.

El Gobierno se ha asegurado, además del voto negativo del Grupo Popular, el de los grupos parlamentarios de CiU, PNV y Coalición Canaria (CC). Según Europa Press, CiU apostará por la postura "positiva y constructiva" de no apoyar la reprobación, abogando por que los ministros sigan trabajando de forma intensa en la resolución de la crisis para recuperar la confianza de los ciudadanos. Por su parte, el portavoz del PNV, Iñaki Txueka, rechazará la propuesta por entender que la responsabilidad máxima en la materia recae sobre las comunidades autónomas, ya que la función del ministro de Agricultura en este asunto es la de coordinación.

Por otro lado, el portavoz de Agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado, aseguró ayer que los datos sobre actividades empresariales privadas, declarados por Arias Cañete, en la página web del PP en el Senado, le hacen "incompatible" para seguir desempeñando su cargo.

Según Cuadrado, la página revela que el ministro figura como consejero de la sociedad de valores AB Sur, lo que "supone una incompatibilidad". En su opinión, el ministerio se ha converitdo "en una gestoría para solucionar los papeles del ministro, primando los intereses particulares priman sobre lo colectivo".