El Gobierno frena en el Supremo el pago a los funcionarios
El Gobierno informó ayer a la Audiencia Nacional de su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de este tribunal que anuló la congelación salarial de los funcionarios de 1997. La admisión a trámite de este recurso supondrá la paralización de la ejecución de la sentencia y, por tanto, hasta que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso, los funcionarios no sabrán si cobrarán o no los atrasos.
Dos millones de empleados públicos podrían tener que esperar entre tres y cinco años como mínimo para saber si cobrarán o no los atrasos devengados por la congelación salarial que sufrieron en 1997.
Esta demora en el pago es la principal consecuencia de la ultima pirueta jurídica del Gobierno en todo este asunto. Los abogados del Estado presentaron ayer alrededor de las 14.15 horas, en nombre del Ejecutivo, un escrito en la Audiencia Nacional en el que anuncia su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula la congelación salarial de los funcionarios en 1997.
Este escrito de preparación del recurso de casación argumenta los motivos por los que sí procede aceptar la casación ordinaria, pese a que la sentencia ya especificaba que no cabía tal.
Entre los principales argu-mentos están: que "el acto ad-ministrativo recurrido (con-gelación salarial) transciende a una mera cuestión de personal, inscribiéndose en el núcleo de la política económica general del Estado; en segundo lugar, el documento indica que "se trata de un auténtico recurso indirecto contra la Ley de Presupuestos Generales de 1997"; finalmente considera que "la sentencia recurrida supone una flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva de la Administración del Estado".
Ahora queda que la Audiencia Nacional admita tramitar el recurso al Tribunal Supremo, algo que la sala que dictó el fallo hará con toda seguridad, según informaron el lunes fuentes jurídicas.
Los funcionarios no cobran
La presentación de este recurso supone la paralización de la ejecución de la sentencia hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación. Esto no ocurrirá hasta dentro de entre tres y cinco años, con lo que el Gobierno consigue lo que ha perseguido desde el principio de todo este conflicto: no pa-gar, al menos de momento, los atrasos a los funcionarios.
Ante esta situación, a CC OO sólo le queda esperar varios años a la resolución de la casación o pedir la ejecución provisional de la sentencia. Sin embargo, fuentes sindicales descartaron esta última opción porque la ley exigiría al sindicato una provisión de la misma cantidad que demanda (cerca de me-dio billón de pesetas), en previsión de que el Supremo resolviera en su contra y tuviera que devolver lo pagado en la ejecución provisional de la sentencia.
Las finanzas del sindicato no le permiten provisionar una cantidad tan grande, por lo que ni siquiera se plantea la petición.
Pero aún cabría una tercera resolución del conflicto que podría llegar en unos meses, ya el Tribunal Supremo está pendiente de dictar sentencia a una demanda idéntica presentada por CC OO y UGT en su día y que podría dar la razón bien a la Administración o a los sindicato anulando el efecto del recurso.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, habló ayer por vez primera de este asunto, mostrando su confianza en que prospere el recurso y la situación "sea corregida" y calificó de "irresponsables" a los socialistas por no entender que se defienda la separación de poderes.
CC OO no descarta otra huelga general
CC OO lanzó ayer una retahíla de "serias y graves" advertencias al Gobierno durante una rueda de prensa convocada por este sindicato para anunciar que movilizarán a los funcionarios en la calle para que se acate la sentencia.
Fidalgo manifestó que la actitud del Gobierno "le pone al borde de un grave conflicto social, político y entre poderes del Estado". Acto seguido volvió a emplazar al Gobierno a negociar, "porque esto no es una broma", amenazó. Pese a todo ello, Fidalgo anticipó que los sindicatos protagonizarán -en la segunda o tercera semana de febrero, según fuentes sindicales- movilizaciones y manifestaciones "inmediatas, contundentes, masivas e intensivas". Es más, preguntado por la posibilidad de convocar una nueva huelga general en la Administración pública, el líder de CC OO indicó: "No descartamos absolutamente nada".
Este sindicato tendrá que concretar ahora qué movilizaciones unitarias se llevarán a cabo con UGT, que, por su lado, tiene previsto anunciar hoy en rueda de prensa las iniciativas que tomarán para presionar al Gobierno para que acate la sentencia. Pase lo que pase, los sindicatos siguen instando a los funcionarios a que presenten las reclamaciones individuales.