El Gobierno vasco lanza un nuevo plan de ayudas para pymes en crisis
La Consejería de Industria del Gobierno vasco ha puesto en marcha este mes un nuevo plan de ayudas a pymes en crisis con una partida presupuestaria todavía por definir. El programa busca que las pequeñas compañías superen sus condicionamientos estructurales, sobre todo financieros, que lastran su desarrollo.
El pasado día 8 de enero en-tró en vigor un plan de apoyo a "la reestructuración y relanzamiento de pymes en crisis", según la definición de la Consejería de Industria del Gobierno vasco. Este programa, que nació sin fijar su partida presupuestaria, quiere ayudar a las pequeñas compañías que no pueden realizar por sí mismas los cambios que marca la coyuntura económica, desde actividades de innovación e internacionalización a búsqueda de dimensión empresarial con alianzas o nuevos accionistas.
El Ejecutivo de Vitoria no quiere que esas sociedades pierdan el tren del desarrollo en un momento favorable para los negocios. El nuevo plan busca la solución a las debilidades endémica de las pymes, desde aquellas que soportan una situación de crisis prácticamente estructural a otras con un buen nivel de competitividad pero lastradas por desequilibrios financieros que condicionan su futuro.
Las pymes que pueden acceder a estas nuevas ayudas, que todavía tienen que ser autorizadas por Bruselas, deben cumplir una serie de condiciones.
En primer lugar, las compañías peticionarias de las subvenciones deben estar ubicadas en el País Vasco y presentar a la Administración de Vitoria un plan de viabilidad que garantice la búsqueda efectiva de su rentabilidad.
El perfil
La consideración de pequeña y mediana empresa está marcada por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe de acuerdo a la recomendación de la Comisión Europea de 3 de abril de 1996. Ese perfil responde a empresas que tienen una plantilla de no más de más de 250 trabajadores y no facturan al año más de 6.600 millones de pesetas, además de no estar participadas en más de un 25% por otra compañía. Las ayudas tendrán un límite máximo de 280 millones de pesetas y tendrán la consideración de anticipos reintegrables. Las inversiones incluidas en el plan de viabilidad deberán ser aportadas en la tercera parte de su cuantía por los accionistas de la compañía.
Por otro lado, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), que depende de la Consejería de Industria, ha anunciado que el año pasado apoyó 3.000 proyectos empresariales destinados a la mejora del nivel de competitividad en las compañías.