Las pymes catalanas, atrapadas en el decreto de regulación eléctrica
La nueva normativa sobre energía eléctrica no satisface más que a las propias compañías. Las pymes catalanas se consideran las más perjudicadas, pero no se ponen de acuerdo en el diagnóstico.
Lejos de aclarar las co-sas, el Real Decreto So-bre Transporte, Distribución, Comercialización, Su-ministro e Instalaciones de Energía Eléctrica, que entró en vigor hace apenas dos semanas, no ha hecho más que provocar confusión entre las pymes catalanas. El polémico decreto completa, según el Ministerio de Economía, el proceso de liberalización del sector eléctrico
Según la escueta referencia del Consejo de Ministros, entre otras cosas, regula las actividades relacionadas con la energía eléctrica y "mejora la calidad del servicio".
Lo que no menciona la no-ta es que las empresas eléctricas tendrán la potestad de decidir si amplían o no suministros en baja tensión superiores a 50 kilovatios.
Esta cuestión, baladí para los no iniciados y posiblemente pa-ra la mayor parte de las empresas españolas, -que reciben el suministro en alta tensión- no lo es para las pymes catalanas. La explicación se encuentra en la política comercial que tradicionalmente ha seguido Fecsa-Enher, filial de Endesa, en Cataluña, y que ha provocado que en la actualidad la mayoría de las pymes esté conectadas en baja tensión. Esta situación de agravio comparativo ha sido denunciada por la patronal Cecot, que preside Eusebi Cima.
Alta o baja tensión
Según un estudio elaborado por el consultor Josep Gayolà para la mencionada patronal, con la nueva normativa muchas empresas se verán abocadas a realizar inversiones de unos 10 millones de pesetas para adecuar sus instalaciones a alta tensión. El problema, según él, no es sólo económico; muchas empresas carecen del espacio necesario para ubicar un transformador. Ocho viviendas de tamaño medio, un restaurante grande o unas oficinas con climatizador ya superan, según este experto, los 50 kilovatios de potencia.
Un portavoz de Fecsa-Enher asegura, no obstante, que "la compañía no tiene intención de modificar el criterio general, todo lo que se pueda suministrar en baja tensión continuará igual".
La explicación de la eléctrica, que copa un 95% del mercado catalán (posee cuatro millones de clientes), no satisface a Joseba Ruiz, adjunto a la secretaría general de Cecot: "En un momento de conflicto de intereses la compañía puede hacer lo que quiera porque el decreto le reconoce esa potestad".
Un punto de vista antagónico es el que mantiene Pimec-Sefes, otra de las patronales de la pequeña y median empresa que existen en Cataluña. En este caso, lo que le preocupa es que las empresas en baja tensión no se pueden beneficiar de la liberalización eléctrica, al no ser consumidores cualificados (los que facturan más de un gigavatio hora al año o están conectados a alta tensión) no pueden negociar con otras compañías tarifas más baratas. Según datos del departamento de Industria de la Generalitat, en Cataluña sólo hay 3.593 abonados con esta cualificación.
Según Jordi Roig, miembro del comité ejecutivo de Pimec-Sefes, la inversión para adecuar las instalaciones a alta tensión se puede negociar en el contrato y se ve compensada por rebajas en las tarifas que pueden llegar al 20%. Pimec- Sefes, de hecho, firmó recientemente un acuerdo con Hidrocantábrico para abaratar la factura energética a sus afiliados.
Esta patronal reclama que se flexibilicen los requisitos para que la mayoría de las empresas catalanas pueda beneficiarse de la liberalización. En concreto, proponen reducir a la mitad la facturación requerida, hasta me-dio gigavatio hora.
Promotores de obras
Para Cecot éste no es el principal caballo de batalla, porque en el año 2003 todos los consumidores podrán escoger libremente su compañía suministradora. Esta patronal, que agrupa a empresas del área de Terrassa (Barcelona), forma parte de Fomen-to del Trabajo, cuyo presiden-te, Joan Rossell, dirige a su vez Fecsa-Enher en Cataluña.
Otro aspecto polémico del decreto es que obliga a los promotores de viviendas a costear las infraestructuras necesarias para la electrificación de un solar. Lo más grave, según Cecot, es que una vez realizadas las instalaciones, deberán cederlas gratuitamente a las eléctricas. æpermil;stas, a su vez, podrán cobrar a otras compañías por utilizarlas cuando el mercado esté totalmente liberalizado. La Asociación de Promotores y Constructores de Obras de España (APCE) estudia recurrir la medida.
La batalla por la calidad del suministro
El decreto aprobado por el Gobierno contempla por primera vez la posibilidad de ofrecer descuentos en las tarifas por calidad deficiente, pero su aplicación no es inmediata y remite a un desarrollo posterior.
Una vez más, prácticamente, los únicos satisfechos son las propias compañías eléctricas. Mariano Cabellos, director general adjunto de la patronal de las compañías eléctricas, Unesa reconoce que quedan "algunas lagunas jurídicas", aunque señala que "lo más importante es que se haya aprobado". Más o menos satisfechos con esta regulación se muestran tam-bién los responsables de Cecot. Dice Joseba Ruiz: "La calidad no nos preocupa excesivamente porque tras el acuerdo que firmamos hace año y medio se ha realizado un esfuerzo de inversión en la comarca".
Diametralmente opuestas son las opiniones de Pimec-Sefes y del Gobierno catalán. La patronal asegura que el decreto consagra la mala calidad del suministro, al perdonar en algunas zonas los microcortes imprevistos de hasta 16 horas anuales, sin que los afectados tengan derecho a recibir ninguna compensación. Pimec-Sefes denuncia desde hace tiempo la deficiente calidad de las líneas, que atribuye a la falta de inversiones.
El departamento de Industria presentó diversas alegaciones al proyecto del ministerio antes de que fue-ra aprobado, pero éste no las tuvo en cuenta. La Generalitat estudia ahora si es viable aprobar una normativa propia que mejore la calidad del suministro.