El Gobierno prevé aprobar el nuevo seguro de dependencia en febrero

El Ejecutivo tiene previsto aprobar el nuevo seguro de dependencia en febrero. Despejará así las dudas a las aseguradoras, que están esperando un marco legal para comercializar una nueva póliza de asistencia a personas que no se valen por sí solas. El coste estimado de atender al millón de dependientes que existe ahora asciende a 1,2 billones de pesetas y aumentará un 7% en los próximos cinco años.

La decisión que tome el Gobierno para definir cómo será el nuevo seguro de dependencia despejará las dudas de las aseguradoras, que están esperando desde el año pasado un marco legislativo para co-mer-cializar un nuevo seguro de dependencia. El Consejo de Ministros prevé aprobarlo en febrero, según fuentes del Ministerio de Economía.

Ante esa decisión, las compañías de seguros están "expectantes", señalan directivos de diversas empresas, porque se abren enormes posibilidades con este nuevo seguro. El sector estima que el coste de atender a 1,3 millones de personas incapacitadas -incluidas las que no son de la tercera edad- que existen ahora es de 1,2 billones de pesetas, según datos de la patronal del seguro, Unespa.

Aunque el coste real de dar asistencia profesional a este colectivo sería ahora de menos de 400.000 millones, ya que la mayoría de los no válidos son atendidos por su entorno familiar, que es el que asume ese gasto. Este coste aumentará progresivamente, hasta el 7,28% en cinco años, al tiempo que se incrementará el número de dependientes.

Lo que el Gobierno debe concretar es cómo se financiará la asistencia a personas mayores o con incapacidad para valerse. Y hay cuatro opciones que la Dirección General de Seguros presenta en el informe remitido al Gabinete de Aznar, según fuentes conocedoras del documento. Que se financie totalmente con cargo a los Presupuestos del Estado -algo improbable-, que se aumenten las cotizaciones a la Seguridad Social, que sea un seguro privado del que se encarguen las compañías del sector, o que se haga por un sistema mixto a la vez público y privado.

Ventajas fiscales

Las empresas aseguradoras creen que la decisión del Ejecutivo les dará entrada en este mercado potencial, puesto que parece difícil que las arcas del Estado sean capaces de sufragar en solitario una nueva prestación social.

Y en este sentido, la voz del sector es unánime al pedir ventajas fiscales para poder comercializar un seguro de dependencia con más garantías de éxito.

En este nuevo seguro "falta el apoyo del Gobierno con medidas fiscales", afirma John de Zulueta, consejero delegado de Sanitas, la tercera mayor empresa en seguros de asistencia sanitaria. "La ayuda lógica sería que la prima anual que se paga por este seguro fuera deducible", apunta De Zulueta.

En esta propuesta va más allá Teótimo Sáez, secretario general de Adeslas -la segunda del ramo sanitario- y presidente de la agrupación de seguros de enfermedad de Unespa. A su juicio, tendría que haber una ventaja fiscal similar a la que existe para un plan de pensiones. De esta forma, el asegurado podría desgravar no sólo por suscribir la póliza, sino también al cobrar lo aportado, ya sea en forma de capital, de renta o de asistencia.

Sáez argumenta, además, que "el sector tiene muchísimas ganas de lanzar este seguro, pero no es fácil". Sólo una empresa, Sanitas, se ha decidido a lanzar un seguro de dependencia como tal.

En cualquier caso, lo que las aseguradoras exigen es que haya una deducción individual, como la había en 1999 por pagar asistencia sanitaria privada. Por este concepto ahora sólo se deducen aquellas empresas que costean un servicio de salud privado para sus empleados.

Pólizas a dos bandas

Una vez que el nuevo seguro esté definido, las compañías aseguradoras empezarán a diseñar un producto que funcionará como cualquier otra póliza. El asegurado planeará un ahorro a largo plazo para cubrir los cuidados que deberá recibir cuando no pueda valerse por sí solo. Para ello aportará cada año una prima cuya cantidad variará según la edad: a más años, mayor cuota a pagar.

Las empresas ya se están planteando que pueden sacar al mercado este seguro a dos bandas, es decir, desde dos segmentos, el de vida o el de la asistencia sanitaria.

De hecho "podría configu-rarse de forma complementaria por los dos ámbitos o incluso como un plan de pensiones", declara Mario Berenguer, director general de VidaCaixa -empresa líder en el segmento de vida- y presidente de la agrupación de vida y pensiones de Unespa.

El sector tiene claro que primero vendrá el articulado del nuevo seguro, que consideran fundamental, y en una segunda fase se aprobarán las medidas fiscales.

 

Una asistencia compleja aún sin soluciones

La luz verde que dará el Gobierno al seguro de dependencia llega con retraso. Ya la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado aprobada en diciembre de 1999 establecía que, en el plazo de seis meses, la Dirección General de Seguros debía elaborar un informe sobre el posible desarrollo de este seguro. Después de más de un año, el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado.

Sobre el informe, en el que han colaborado representantes del sector de seguros, basará el Consejo de Ministros su decisión. Y ésta no se ha producido antes porque el Ejecutivo tiene que implicar a varias partes en un problema complejo: atender a una población creciente de incapacitados que ya supera el millón de personas.

Y lo más importante, ¿cómo se va a costear esa asistencia? Hay quien apunta que la pensión estatal no bastará a las personas mayores para pagar este tipo de cuidados.

La Seguridad Social, por la parte asistencial; el Ministerio de Economía, por la parte fiscal y de seguros, y el sector privado tienen algo que decir en esta situación, que se hará progresivamente más complicada con el esperado envejecimiento de la población. En 2011 habrá 7,2 millones de personas mayores de 65 años, frente a los 6,6 actuales.

"Hay que concienciar a la población", manifiesta Julián Ruiz Ferrán, director médico de Sanitas y vicepresidente de la agrupación de seguros de enfermedad de Unespa. El problema, además, se está planteando en todo el ámbito europeo. Aunque en España hay ayudas de la Administración a residencias y centros asistenciales para incapacitados, el resto de países vecinos van por delante.

En el Reino Unido existe la figura de cuidadores a domicilio y en Alemania el seguro de dependencia ya está desarrollado y se financia vía cotizaciones.