El Ejecutivo se enfrenta al Supremo y plantea conflicto jurisdiccional por Liaño
El Gobierno considera que el Tribunal Supremo debió cumplir al pie de la letra su decreto de indulto para el ex juez Javier Gómez de Liaño y haberle reintegrado en la carrera judicial. Liaño, condenado y expulsado por prevaricar en el caso Sogecable, sólo fue indultado por el Supremo de la pena de 15 años de inhabilitación especial.
El Supremo no reingresó a Liaño porque consideró que "era ilegal". Ahora el Gobierno se enfrenta al alto tribunal y plantea un conflicto jurisdiccional, según el ministro portavoz Pío Cabanillas, "en defensa de la competencia que constitucional y legalmente corresponde para el ejercicio del derecho de gracia". Cabanillas añadió que "el derecho de gracia se entiende por este Gobierno como una prerrogativa incuestionable de éste y de cualquier otro Gobierno".
El Ejecutivo ha hecho caso omiso de la advertencia del Supremo que indicaba que este caso no encierra un conflicto jurisdiccional sino que de lo único que se ha tratado es de someter un acto administrativo al control de legalidad, competencia exclusiva de los tribunales. Añadía que no se estaba negando la potestad en exclusiva del Gobierno para conceder una medida de gracia. Pero ésta no es ilimitada, debe cumplir con la legalidad establecida. El alto tribunal destacaba que un conflicto jurisdiccional se origina cuando uno de los poderes del Estado reclama a otro la resolución de un asunto. El Supremo afirma que este requisito no se da en el indulto de Liaño.
El Alto Tribunal afirmaba en su resolución que no podía reintegrar a Liaño en la carrera judicial porque se trataba de una pena cumplida y se vulneraba la Ley del Indulto. Ocho magistrados de la Sala Segunda del Supremo votaron a favor de esta tesis. Otros seis apoyaron que la ley permitía devolver la condición de magistrado a Liaño.
El conflicto jurisdiccional será resuelto por una sala especial formada por tres miembros del Consejo de Estado, dos magistrados de lo Contencioso Administrativo del Supremo y el presidente de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (éste último con voto de calidad en caso de empate). Contra la resolución que dicte sólo cabrá recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, informa Efe.
El encargado de presentar el incidente es el ministro de Justicia, Ángel Acebes. Luego el Gobierno dará audiencia a Liaño. La Sala Segunda del Supremo deberá comunicar si se reafirma en su decisión. Si es así, el conflicto será ya un hecho.