Garzón cita a Loyola de Palacio para que aclare su denuncia en el caso del lino
La ex ministra de Agricultura y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, ha sido citada por el juez Garzón para que amplíe algunos aspectos de la denuncia que presentó sobre el presunto fraude en las ayudas comunitarias para la producción del lino.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para declarar a la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, para el próximo 2 de febrero. El juez pretende en esta comparecencia que De Palacio amplíe y aclare algunos de los contenidos de la denuncia que presentó sobre el presunto fraude en la concesión de ayudas por parte de la Unión Europea (UE) para el cultivo del lino. La denuncia, que fue ratificada ayer por el procurador de Loyola de Palacio, presentaba algunos puntos que, en opinión del fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez Madero, debían ser aclarados y ampliados por la denunciante, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Hasta que no se aclaren estos extremos, el fiscal no informará sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados, conforme había pedido el juez Garzón.
En su denuncia, la ex ministra señala que la forma en la que se tramitaron las ayudas podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos cometido en el ámbito de las comunidades autónomas, dado que la distribución de los fondos y su control eran competencia exclusiva de las Administraciones regionales.
En el escrito se denuncia también la posibilidad indiciaria de otros delitos, éstos cometidos presuntamente por los productores de la planta, que serían los de falsedad documental y delito contra la Hacienda pública, consistente en la obtención fraudulenta de las subvenciones.
Según la denuncia, "la obligatoriedad de transformar la producción y la obtención de unos rendimientos mínimos serían las condiciones presuntamente falseadas por productores y, en su caso, por transformadores para la obtención fraudulenta de las subvenciones comunitarias".
Dichos requisitos fueron los dictados por la UE precisamente para frenar la "evolución alcista acelerada" en el sector del lino, cuya presencia en España representaba hace dos años cerca del 50% del total cultivado en toda Europa. La Fiscalía Anticorrupción elaboró un informe que remitió a la UE, en el que afirmaba la existencia de irregularidades en la tramitación de las ayudas.