El Gobierno retira dos recursos contra normas fiscales de Navarra
El Gobierno ha optado por retirar dos de los tres recursos interpuestos contra normas fiscales aprobadas por la Comunidad de Navarra referidas a la exención de impuestos a empresas de nueva creación, también denominado vacaciones fiscales, y contra una Ley Foral de 1993 de apoyo a la inversión.
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, que presidió ayer la Junta de Cooperación de la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, marco donde se firmó el acuerdo, señaló, al término de la reunión, que la decisión ha supuesto una "normalización de relaciones con el Gobierno Foral y el compromiso de éste de remitir a su Parlamento antes del 1 de abril un proyecto por el que queden derogados los incentivos de las empresas de nueva creación y el tratamiento especial a los centros de coordinación".
Los otros aspectos recurridos -dijo Posada- no precisan modificación porque su aplicación ya no estaba en vigor. Los recursos, que habían sido presentados por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se referían a la Ley Foral de 1993 que establecía una reserva especial por inversiones que permitiría a las empresas que invirtieran en Navarra y crearan empleo una deducción de hasta el 60% del beneficio invertido y a la Ley Foral que incluyó en 1996 en el impuesto de sociedades las denominadas vacaciones fiscales.
No obstante, la normativa referida a la reserva especial por inversiones no estaba en vigor, ya que se aplicó sólo entre 1993 y 1995, año en el que fue derogada, mientras que en el caso de las "vacaciones fiscales", la normativa fiscal fue suprimida por el Parlamento navarro el pasado 28 de diciembre.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también asistió a la Junta de Cooperación, declaró que la retirada de recursos "evita un conflicto latente" y "conflictos potenciales con la normativa de la Unión Europea", en referencia a un expediente abierto por la Comisión Europea contra los sistemas de ayudas fiscales de Navarra por considerarlos incompatibles con las normas europeas de libre competencia.