Detectados otros tres posibles casos de "vacas locas"
Las asociaciones de ganaderos acordaron ayer desconvocar el bloqueo de mataderos en protesta por el "mal de las vacas locas" una vez que el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, anunciara la creación de un comité especial de seguimiento sobre la enfermedad. Ayer se detectaron otros tres posibles casos, uno en Ávila y dos en Asturias.
El Gobierno dio ayer un golpe de efecto ante el agravamiento de la crisis de las vacas locas. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, anunció la creación de un comité especial de seguimiento sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Este comité, compuesto por los subsecretarios de Presidencia, Medio Ambiente, Sanidad y Agricultura, y los directores generales de Salud Pública y Ganadería, celebrará hoy en el complejo de La Moncloa su primera reunión.
Las organizaciones de productores, que mantenían bloqueados los mataderos desde el lunes, acordaron por la tarde desconvocar los "paros en los mataderos ante el anuncio de Rajoy de asumir plenamente la responsabilidad en la gestión de la crisis. Ayer, la jornada se saldó con otros tres posibles casos de la enfermedad, uno en Ávila y dos en Asturias. Los servicios veterinarios del Principado de Asturias anunciaron que tienen "controladas" otras dos explotaciones ganaderas con animales en los que se observaron síntomas de EEB, si bien aún no hay resultados de los análisis efectuados, que unidos a los dos conocidos el martes, suman cuatro posibles casos nuevos en esta región.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León anunció la sospecha de un nuevo caso de EEB en una res sacrificada en un matadero de Palencia y perteneciente a una explotación de Ávila, informa Manuel Rodríguez. El posible animal afectado por el mal tiene más de 30 meses y la canal ha sido inmovilizada, así como la explotación de la que provenía. Los resultados del análisis de estos casos se darán a conocer el próximo jueves o viernes, una vez que el laboratorio nacional de referencia de Zaragoza realice sus propios análisis. De confirmarse estos nuevos casos se habrían detectado en todo el territorio nacional 10 reses con la enfermedad.
Por su parte, el PSOE reiteró su exigencia al presidente del Gobierno, José María Aznar, de la dimisión de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, y del titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, porque "la continuidad de estos responsables en sus carteras agudizará la crisis actual debido a la falta de credibilidad". Por su parte, el secretario de organización sindical de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, aseguró que este sindicato radicalizará las protesta a partir de la próxima semana si el presidente del Gobierno, José María Aznar, "no da la cara" y toma las riendas del problema surgido por la crisis de las "vacas locas". El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, advirtió ayer al Gobierno que "se encontrará con una gran movilización social en Madrid si el Ejecutivo no asume esta crisis como un problema de Estado".
Por otro lado, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, intentó ayer calmar a la población e insistió en que "la leche se puede consumir con toda seguridad", ya que los informes científicos que tiene el Gobierno y los de la UE avalan que no se transmite por este medio la enfermedad.
"Si lo hubiese habido, el Gobierno habría adoptado las medidas oportunas", dijo. Cañete reiteró que el Ejecutivo plantea la opción de fijar una tasa para hacer frente a los costes de la enfermedad y a las indemnizaciones que están percibiendo los ganaderos. El ministro no aclaró si ésta recaería sobre los distribuidores de carne o sobre los consumidores.
Un diputado galo acusa a la UE de ocultar el riesgo de los piensos
El diputado francés Jean-François Mattei, denunció ayer que, durante los años noventa, hubo una conspiración de silencio en el seno de la Comisión de la Unión Europea sobre la utilización de las harinas cárnicas en la alimentación del ganado.
Mattei, antiguo ponente de la comisión de información sobre los problemas derivados de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), ha sido el primer interrogado por la comisión parlamentaria de investigación de las harinas cárnicas.
El diputado francés abogó por que la prohibición de estos piensos se mantenga "al menos cinco años", que es "la duración media de incubación" de la EEB en las reses.
Según manifestó, las Administraciones de la UE "minimizaron, a principios de los noventa, e incluso silenciaron" el problema de estas harinas pues era un momento poco propicio, la instauración del mercado único. Mattei cree menos peligroso hoy consumir carne británica que francesa.
Francia eleva el precio de la carne para costear los test
El ministro francés de Agricultura, Jean Glavany, y la secretaria de Estado de Comercio y Consumo, Françoise Patriat, acordaron ayer en una reunión con los sectores implicados en la cría y comercialización de la carne de vacuno que han de ser los consumidores los que asuman el coste de los test prionics.
El coste de estos test se estima en entre 300 y 500 francos (unas 10.000 pesetas) cada uno. De esta suma, 100 francos (2.500 pesetas) correrán a cargo de la UE y el resto lo pagarán los consumidores.
Esta subida se ha establecido en unas 50 pesetas por kilo, lo que ha sido considerado excesivo por las principales asociaciones de consumidores, que no estuvieron presentes en la reunión.
Agricultura investiga al director de Ganadería
La SER revela que la familia del alto cargo del ministerio tiene una fábrica piensos de harinas animales
Agencias Madrid
El director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, puso ayer su cargo a disposición del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, después de que la cadena SER informara que tiene intereses a través de su familia en la fabricación de piensos de origen animal y en el sector porcino, principal beneficiado de la crisis de las vacas locas. Un portavoz del ministerio aseguró a última hora de la tarde que el director no ha sido apartado de su cargo, aunque se le ha abierto una investigación de oficio.
Diversas asociaciones agrarias y de productores de vacuno, citadas por la SER, coincidían en señalar que Pérez Bonilla no puede contabilizar su cargo con estos intereses privados e incluso algunas de ellas aseguran que les han expresado ya por carta su disconformidad y malestar con esta situación, ya conocida en el sector.
La familia de Pérez Bonilla tiene una fábrica de piensos en la que han venido empleando habitualmente harinas de origen animal, que según los expertos son las responsables de que se haya extendido el mal de las "vacas locas". Además posee una de las explotaciones de porcino más importantes del país y, precisamente, la carne de cerdo ha disparado su precio desde que estalló la crisis del vacuno.
Al frente de la sociedad matriz de todo el negocio figuran familiares directos del alto cargo de Agricultura. En concreto, su hijo, Jesús Pérez Muñoz, es el director técnico de Integraciones Manchegas SL, varios primos aparecen en cargos de responsabilidad de esta misma empresa, y su propia mujer figura como titular de una de las granjas.
El nombre de Pérez Bonilla apareció también entre los presuntos implicados en el escándalo del cobro de subvenciones por el cultivo del lino durante la época en que Loyola de Palacio ocupaba la máxima responsabilidad en el Ministerio de Agricultura.
Ayer, tras confirmar, también a la cadena SER, que había puesto su cargo a disposición del actual ministro, Pérez Bonilla aseguró que objetivamente no encuentra "ninguna razón ética, ni estética, ni jurídica" para presentar la dimisión.
El director general de Ganadería explicó que desde que fue nombrado subdirector en el Ministerio de Agricultura, con el PSOE, declaró como alto cargo su patrimonio y el de su esposa y añadió que la ley de incompatibilidades "dice claramente que un alto cargo tiene posibilidad de administrar su patrimonio". Añadió, no obstante, que él, desde 1991, cuando fue nombrado alto cargo, no administra el patrimonio familiar, cuestión que realiza su mujer "que es agricultora desde que nació y empresaria agrícola desde hace 10 años".
Pérez Bonilla atribuyó estas denuncias a un intento de "lesionar la imagen del Gobierno" y aseguró que desde que es alto cargo su mujer no se ha beneficiado de ninguna ayuda relacionada con el ganado o las harinas.