Bruselas anuncia dos años de bombardeo legal para liberalizar el sector servicios

Desde la obligación de contratar trabajadores de un determinado Estado miembro hasta tratamientos fiscales discriminatorios hacia sus clientes, las empresas europeas del sector servicios con vocación transfronteriza padecen una serie de restricciones que la Comisión Europea se propone eliminar en menos de dos años. La cuenta atrás se inicia esta misma semana.

B ruselas realizará durante este año un inventario exhaustivo de todas las barreras -evidentes o camufladas- que las empresas padecen cuando intentan ofrecer sus servicios en los diferentes Estados miembros. Un ejercicio de esta magnitud no se realizaba desde 1962. Entonces se concentró en la comercialización de bienes y productos y dio lugar al mercado único que conocemos hoy. La CE confía en que ahora se consiga el mismo resultado en un sector, como el de servicios, que supone ya el 50% del PIB comunitario.

Del resultado del análisis se derivará tanto una aceleración de los procedimientos de infracción contra los Estados miembros como una revisión de las normas legales del mercado único, cuyo desfase se precipita con la introducción de nuevos canales de negocio, muy especialmente Internet.

Las víctimas de tales barreras son empresas que ofrecen servicios tan dispares como los financieros o los de asistencia social, asesoría legal o diseño de páginas de Internet. La Comisión estima que estas empresas se estrellan contra todo tipo de impedimentos legales cuando tratan de comercializar sus servicios en toda la Unión Europea: desde la fase inicial de establecimiento del negocio hasta la regulación de la actividad, incluida las técnicas de comercialización, de publicidad o incluso de horario de atención al público. En todos estos aspectos soportan normas diferentes en cada uno de los Estados miembros, haciendo imposible exportar un modelo de servicio que haya triunfado en algún lugar de la Unión.

Pymes, más perjudicadas

Como consecuencia, "el 47% de las empresas que ofrecen sus servicios en varios Estados de la Unión obtiene menos del 10% de sus ingresos fuera de su país de origen", constata la Comisión Europea. Las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad de superar las barreras es más limitada, son las principales perjudicadas.

La Comisión Europea se propone acabar con esta situación en menos de dos años y acaba de anunciar su estrategia para conseguirlo. Los servicios del comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, urgen por un lado al Consejo y al Parlamento Europeo a que aprueben este mismo año las leyes comunitarias más urgentes para el sector servicios: la que regula la comercialización a distancia de productos financieros, la de liberalización de los servicios postales y las del sector de telecomunicaciones.

Mientras tanto, la Comisión se compromete a identificar las áreas de negocio y los países donde las empresas encuentran mayores dificultades, para proceder a continuación a la apertura de expedientes de infracción contra esos Estados. En el departamento de Bolkestein sitúan ya en Alemania muchos de los obstáculos a derribar: desde horarios de apertura del comercio a restricciones en las estrategias publicitarias.

La Comisión advierte, no obstante, que su estrategia actual, como casi todas las inspiradas por el Ejecutivo de Romano Prodi, no aspira a la armonización legislativa entre los Estados. "Es una pérdida de tiempo", zanjan literalmente. Se opta, pues, por el reconocimiento mutuo de legislaciones, prevaleciendo siempre la del país de origen de la empresa.

La Comisión advierte que incluso en los derechos contractuales del cliente -ahora facultado para recurrir ante los tribunales de su país- el llamado Convenio Bruselas II podrá revisarse dentro de tres años.