"La descoordinación política ha agravado el conflicto del vacuno"

Secretario general de Asocarne, la mayor patronal del sector cárnico en España y la que agrupa las principales empresas del país. También es una de las más activas en la lucha contra la crisis de confianza que se ha instalado en el consumidor sobre la calidad de la carne.

Fernando Pascual, secretario general de Asocarne./MANUEL CASAMAYâN

Aunque se conoce el pasado y el presente del sector cárnico español como sus propias manos, a Fernando Pascual aún le queda capacidad de sorpresa. Asegura que nunca todos los estamentos con intereses en el sector habían logrado unirse en un frente común; "intentar parar los pies a tanto despropósito político como se ha dado hasta ahora en el tratamiento de la crisis de las vacas locas". La entrevista se produjo a las pocas horas de finalizado el encuentro que industria, sindicatos agrarios y ganaderos celebraron con Manuel Lamela, subsecretario del Ministerio de Agricultura, en la que pidieron que el presidente del Gobierno coordinará la ejecución de las medidas contra la enfermedad y obtuvieron el compromiso de que habrá mayor diálogo.

Pregunta. Tal y como está la situación, ¿se puede ser optimista respeto a la crisis de las vacas locas?

Respuesta. Estamos logrando con gran trabajo que las cosas mejoren, pero el problema es enorme.

P. ¿Pero podemos estar tranquilos o vamos a seguir recibiendo malas noticias?

R. Tenemos un problema de sanidad animal controlado con cinco casos declarados. No tenemos ningún peligro para la salud pública, como todo el mundo sabe. Diga lo que diga la ministra Villalobos.

Pero sí asistimos a una descomunal falta de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el de Sanidad y entre la Administración central y las comunidades autónomas. La política y el partidismo han entrado de lleno y agravado una crisis que debería tenernos a todos unidos.

Es cierto que es muy difícil unirse cuando una ministra hace declaraciones sobre la receta del caldo casero trasladando a la opinión pública su propia confusión sobre el tema. La ministra de Sanidad ha demostrado ser una gran comunicadora, pero también una gran improvisadora. Tuvo a gala rectificar, pero el daño ya está hecho.

Y la carta que le dirigimos el jueves al presidente del Gobierno pidiendo que se haga cargo de la coordinación del problema pretende ser una vía de solución a este barullo.

P. Hablando de ideas políticas, ¿conocen ya a quién, cómo y dónde se va a aplicar la tasa que el ministro de Agricultura anunció para financiar la retirada de las harinas cárnicas?

R. Dicen que es un modelo que sigue en estudio. Lo que le pasa a esta Administración es que habla de las ocurrencias, que no de las ideas, antes de tiempo.

P. Al menos el convenio con las cementeras ya está firmado y el asunto de la retirada de las harinas cárnicas dejará de ser un problema...

R. No alcanzamos a entender el porqué de esta aventura con las cementeras. Van a recibir 6.000 millones en ayudas para adecuar sus hornos cuando la prohibición de utilizar las harinas es sólo por seis meses.

Nosotros queremos seguir utilizando las harinas cárnicas a la vuelta de la esquina. No queremos que la prohibición sea eterna, porque perderíamos competitividad. Nadie ha dicho que esto no es imprescindible incinerarlo. Podemos almacenarlas perfectamente y emplearlas en piscifactorías o como alimentación a animales de compañía. Hay más soluciones que la mera destrucción.

P. ¿Y cuál es la solución de la industria para retirarlas?

R. Hemos propuesto la creación de entes de gestión con participación tanto pública como privada, al estilo de lo que se ha hecho con el punto verde y la retirada de envases, para gestionar el problema de la forma más eficaz posible. Pero no queremos que nos monten más ideas brillantes sin hablar con los sectores afectados.

P. ¿Qué le han exigido al Gobierno?

R. Tenemos una urgente tarea a corto plazo; recuperar el mercado. Y para ello la prioridad es tener instalado cuanto antes el sistema de análisis en todas las comunidades autónomas a la vez.

P. A día de hoy ¿están todavía disponibles?

R. El subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, nos dijo el pasado jueves que ninguna comunidad autónoma puede decir que no se han distribuido. Podrán decir que no tienen laborantes suficientes o instalaciones apropiadas, pero Agricultura les ha ofrecido sus propios laboratorios para que a partir de ahora se pueda testar.

El asunto es estratégico, ya que sólo a partir de entonces estaremos 100% seguros de que no hay nada raro en nuestros productos.

Además de la obligación de los análisis, la Comunidad Europea había establecido un sistema de destrucción de animales de más de 30 meses para aquellos países sin infraestructura analítica.

Pero cuando se nos dice que por un falso problema sanitario se va a reducir la oferta en España, se nos ponen los pelos como escarpias por motivos económicos, y cuando se nos dice además que son animales que van a ser sacrificados y destruidos sin test nos alarmamos doblemente, porque la opinión pública no va a entender que se gaste dinero público en coger animales viejos para destruirlos.

Nuestra opinión es que cualquier animal destinado a este plan ha de ser testado para saber si hay o no hay más casos y conocer dónde están, y evitar imágenes a la gallega de que estamos sacrificando y enterrando problemas.

 

Un problema de Estado con pocas ayudas económicas

Fernando Pascual es terminante ante la pregunta de si es posible que en España se pueda llegar a dar el caso de declararse una epidemia de EBB (encefalopatía espongiforme bovina), responsable del mal de las vacas locas.

"No descartamos que pueda haber seis, siete u ocho casos más -explica-, pero con los datos que tenemos es prácticamente imposible. Y digo prácticamente porque uno nunca puede estar seguro de si ha habido o no importaciones ilegales que nos den un susto dentro de unos meses.

Con la misma seguridad se refiere a la posibilidad de que el prión (célula causante de la enfermedad en el ganado) se haya trasladado ya a la cadena de alimentación humana. "Independientemente de lo que se les ocurra llegar a decir a políticos mal informados, es muy difícil que con los controles establecidos hasta ahora el prión haya podido entrar en la cadena humana, pero nadie puede estar seguro al 100%. Al igual que, por ejemplo, la industria automovilística no puede asegurar que los coches nunca tienen fallos de fabricación. Puede haber excepciones, pero, repito, es muy improbable".

No obstante, a pesar de todo, según su opinión, el sector cárnico ha optado por creer al Gobierno y darle una segunda oportunidad.

"Mi opinión es que el Ejecutivo ha acusado el golpe. Manuel Lamela nos dijo la semana pasada que para el Gobierno el tema de las vacas locas tiene consideración de crisis de Estado y que por ello en los Consejos de Ministros de los viernes el presidente del Gobierno hace un seguimiento de la evolución del problema. Además nos ha prometido más colaboración, más coordinación. No tengo por qué dudar de sus promesas".

"Y ha de quedar claro para todos que si comienzan a darse problemas respecto a la realización de los análisis, si alguien asegura que no los tiene o que no se están haciendo o que, en el peor de los casos, alguna comunidad autónoma está jugando a la política estrecha o partidista, la industria será totalmente beligerante al respecto".

Pascual pone más en cuestión que el Gobierno se vaya a plegar a financiar la crisis a fondo perdido, vía indemnizaciones al sector, tal y como exige el sector ganadero. "En un contexto de déficit cero como en el que nos movemos es difícil que el Gobierno esté dispuesto a aportar grandes ayudas al sector. Si intentará convencer a Bruselas de que éste es un problema importado y que debe compensar de alguna forma a los productores".