Fomento prorroga un año el contrato programa de Renfe
El Ministerio de Fomento ha prorrogado durante un año el contrato programa 1999-2000 firmado entre el Estado y Renfe. A lo largo de este año, el Gobierno, la empresa, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y los agentes sociales negociarán la liberalización del ferrocarril, que implica la segregación de las vías que hoy día son propiedad de Renfe.
El Ministerio de Fomento y Renfe han acordado prorrogar durante 2001 el último contrato programa suscrito entre ambas entidades para el periodo 1999-2000, en vez de negociar otro texto. Durante este ejercicio el Gobierno negociará el diseño del nuevo escenario ferroviario liberalizado, según adelantó a Europa Press el secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco.
Blanco detalló que el documento no contendrá ninguna medida que suponga cambios administrativos o de organización en Renfe y sólo contendrá las cifras de inversión y los objetivos de resultados exigidos para la compañía ferroviaria.
El objetivo de este contrato programa de transición es garantizar las inversiones previstas por la compañía ferroviaria para el presente ejercicio mientras el Gobierno perfila ese diseño del futuro sector ferroviario liberalizado, en el que Renfe quedará como mero operador del transporte de mercancías y viajeros, tras la segregación y traspaso, previsiblemente el GIF, de la infraestructura y su mantenimiento.
Precisamente, este ejercicio 2001 es clave para Renfe en lo que se refiere a inversiones, ya que la compañía contratará el gran pedido de compra de trenes para la futura línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, por un máximo de 110.000 millones, así como varios AVE regionales y trenes con sistema automático de cambio de ancho de vía. Estos tres programas elevarán de forma significativa, por primera vez en años, el capítulo inversor de Renfe.
Objetivos económicos
Fuentes sindicales apuntaron que la prolongación este año del contrato programa rescataría los objetivos económicos establecidos para Renfe en el documento diseñado para el cuatrienio 1999-2003 y que, posteriormente, se desdeñó ante la decisión de optar por un contrato puente de dos años.
Dicho documento original imponía a Renfe reducir su resultado negativo hasta los 220.757 millones de pesetas en 2001, sin contar con las aportaciones del Estado, lo que representaría un descenso del 1,4% respecto al resultado negativo de 224.066 millones registrado en 1999, sin contar con las transferencias estatales.
Respecto a los resultados, prevé unos ingresos de explotación y prestación de otros servicios de 247.964 millones de pesetas, un 4,6% más sobre los 235.399 millones previstos para 2000 y un 6,9% más que los obtenidos en 1999, según datos a los que tuvo acceso Europa Press.
Polémico canon por
uso de la vía
Uno de los puntos más complicados del proceso de liberalización del sector ferroviario español es la fijación del canon por uso de la infraestructura que el ente público propietario de la misma, previsiblemente el GIF, cobrará a los operadores que puedan circular por la red. Oficialmente, la fórmula para cifrar ese peaje, que en su día el GIF anunció para finales de 1999, no ha sido definida todavía.
El asunto no es baladí, ya que el ente público que construye la red de alta velocidad debe financiar una parte de la misma con ese canon. Ese es el requisito que exige la Unión Europea para que la deuda que tome el GIF no compute en las cuentas del Estado. Los billonarios planes de construcción de nuevas líneas de alta velocidad presionan para que el canon genere ingresos importantes. Sin embargo, si el peaje es muy elevado, se dificulta la entrada de nuevos operadores en el mercado. Por contra, si el canon es barato, surge la amenaza de una denuncia por competencia desleal de otros sectores. Compañías aéreas y de autobuses han advertido del impacto que puede tener la alta velocidad en su negocio, por lo que reclaman que el coste por usar las vías no sea discriminatorio con ellos.