Bruselas impulsa una polémica ley para unificar la licitación pública
Los Quince desean aumentar la transparencia en los procesos de licitación de obras y servicios adjudicados por sus distintas Administraciones. Ayer, el Parlamento Europeo escuchó, en una audiencia pública, las objeciones a las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea, cuyo intento de crear un mercado único para la oferta institucional levanta serias reservas.
El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, se propone unificar en un sólo texto legal las tres directivas (leyes comunitarias) que gobiernan actualmente los procedimientos de licitación (una para obras, otra para servicios y aún una tercera para suministros). Cuando entre en vigor la nueva norma -no antes de 2002- sólo existirá un segundo texto legal específico para regular la adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y del transporte.
Los varios centenares de asistentes ayer a una audiencia pública -presidida por la europarlamentaria Ana Palacio- sobre la materia acogieron con agrado esta simplificación legislativa, aunque dudaron sobre los avances reales que la nueva directiva supondrá.
Desde el ponente parlamentario, Stefano Zappalà, hasta el Comité de las Regiones, pasando por empresas como SNCF (ferrocarriles públicos franceses) aprovecharon la ocasión para resaltar las carencias de la propuesta de la Comisión. Incluso los intérpretes de la audiencia, celebrada en las 11 lenguas oficiales de la Unión, criticaron en un documento interinstitucional la falta de legislación específica sobre la exteriorización de servicios intelectuales, como la traducción, por las Administraciones públicas.
Pero las críticas se centraron en la mayor novedad de la directiva, a saber, la introducción de criterios estrictos para elegir una oferta cuando la adjudicación no se haga en base al precio. Se obligará así a las Administraciones a precisar en el anuncio de licitación la valoración que conceden a factores tan variados como el plazo de ejecución de una obra o el servicio postventa tras un suministro. Para muchos asistentes, sin embargo, resultará imposible en la práctica determinar con exactitud matemática qué oferta es la más ventajosa. Además, esa ponderación puede dar lugar "a un gran número de procesos judiciales innecesarios", dictaminó el Comité de las Regiones.
"La ponderación", se defendió el representante de la Comisión, "permitirá eliminar cualquier atisbo de discrecionalidad o discriminación". Mejor acogida obtuvo la propuesta de crear una nomenclatura única en los Quince Estados para la publicidad de la oferta pública.
Se pretende así acabar con la fragmentación de este mercado facilitando el acceso de todas las empresas comunitarias. Se trata de un paso fundamental, según la CE, para lograr otro de sus objetivos: la introducir mecanismos de licitación por vía electrónica. Y es que, en el futuro, los contratos de suministros y gestión de servicios superiores a 130.000 euros y de obras superiores a 5.300.000 euros deberán publicarse en Internet.