El Gobierno recurre la decisión de la juez que archivó el caso de Aznalcóllar
El Gobierno está dispuesto a evitar que Boliden se vaya de España sin responder por el vertido tóxico de Aznalcóllar. El Ministerio de Medio Ambiente presentó ayer un recurso contra el auto de la juez en el que ordena archivar el caso y anunció, a su vez, que, en el supuesto de ser desestimado, pedirá indemnizaciones a Boliden por dos vías: mediante un expediente sancionador y con una posible demanda con reclamación de daños y perjuicios.
El Ministerio de Medio Ambiente que dirige Jaume Matas presentó ayer un recurso contra el auto de la juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Celia Benhadj-Gómez, en el que la magistrada archiva el caso del vertido de Aznalcóllar por no hallar indicios de delito en ninguno de los 25 imputados en las diligencias previas.
El recurso, que ya había sido anunciado la semana pasada por Jaume Matas, argumenta que, "contra lo indicado en el auto, la imprudencia cometida debe ser calificada como grave, lo que significa la existencia de un delito ambiental".
El recurso incide en que durante los más de 20 años que la mina ha estado en explotación no se adoptaron controles ni instrumentos que permitiesen detectar movimientos en el subsuelo de la balsa de residuos cuya rotura provocó el vertido el 25 de abril de 1998. "Sin estas medidas de seguridad", prosigue el texto del recurso, "no ha sido posible conocer los desplazamientos que se han estado produciendo desde 1985, por lo que los riesgos de la explotación no han sido detectados hasta la rotura de la balsa". Un comunicado del ministerio considera, además, que "la vista oral serviría para que los ciudadanos conocieran, con absoluta transparencia, las causas que originaron la catástrofe".
Pero esta vez el Gobierno no se lo juega todo a la carta penal. Paralelamente a la presentación del recurso, el ministerio ha anunciado que, en caso de agotarse esta vía abrirá otros dos procedimientos para que Boliden pague por los daños: el primero es la reanudación del expediente sancionador administrativo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abrió en el momento de la rotura de la balsa y que cerró cuando se abrió la vía penal.
El expediente se basa en la contaminación del río Guadiamar, según lo recogido en la Ley de Aguas. Esta norma establece que cualquier vertido ilegal en una cuenca y su dominio público hidráulico constituye una infracción administrativa que obliga a reparar los daños, es decir, el "quien contamina, paga" que propagó la anterior titular del ministerio, Isabel Tocino.
El importe total de esta reclamación incluye 100 millones de pesetas como sanción administrativa máxima pero también indemnización por daños al dominio público hidráulico más los costes de restituir ambientalmente la cuenca afectada. Boliden ya ha empleado unos 5.000 millones en la limpieza de lodos del primer tramo del vertido, en las inmediaciones de Aznalcóllar y otros 2.000 millones en indemnizaciones a agricultores afectados.
Por último, el ministerio anunció ayer la posibilidad de usar la vía civil para reclamar judicialmente "todos los daños y perjuicios causados en los bienes y recursos naturales administrados" por el ministerio de Medio Ambiente.
La juez Benhadj-Ben archivó el pasado 27 de diciembre de 2000 las diligencias penales abiertas hace dos años por el vertido tóxico. La titular del juzgado de Sanlúcar la Mayor considera en el auto que los responsables de los trabajos realizados en la balsa siniestrada actuaban bajo una práctica no perseguible penalmente y descarta que en la rotura de la balsa se haya producido una imprudencia grave. La juez considera también que durante la fase de instrucción se ha establecido que la mina funcionaba conforme a la legalidad vigente.
La Junta, con Dragados
El recurso presentado por la Junta de Andalucía (que tenía a dos de sus técnicos imputados) el pasado miércoles va algo más allá y apunta a una posible causa del desastre: la acumulación de agua en una balsa construida para albergar sólo lodos. En este caso, sus tesis coinciden con las aportadas en su propia defensa por Dragados, la empresa que la construyó a través de sus filiales Geocisa e Intecsa.
La empresa española acusa a Boliden de ser la verdadera causante de la catástrofe ecológica al acumular agua en un depósito preparado para acoger residuos semisólidos peligrosos. Ambas tesis confluyen en que aunque el constructor de la balsa sea el causante original de su rotura, el causante del desastre ecológico es Boliden debido a la sospecha de que fueron millones de toneladas de agua ácida contaminada las que hicieron deslizarse el vertido por 80 kilómetros de pendiente hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana.
En cualquier caso la resolución de los recursos al archivo del caso puede dilatarse un mínimo de dos años.
Seis denuncias y tres peticiones de daños y perjuicios
El del Gobierno es el sexto recurso presentado contra el auto que archiva el caso Aznalcóllar. Abrió fuego Ecologistas en Acción el pasado sábado. Al grupo ecologista le siguieron un colectivo de 10 agricultores afectados representados por el abogado Jesús López de Lemos. El hecho de que sean sólo una decena se debe a que el grueso de los agricultores afectados quiere acelerar la vía civil para percibir sus posibles indemnizaciones. Detrás de los afectados llegaron los recursos de Izquierda Unida; la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Junta de Andalucía.
El hecho de presentar recursos por separado ralentiza la resolución judicial sobre los mismos pero, por contra, al tener diferentes fundamentos, aumentan las posibilidades de que alguno de ellos sea estimado. Aún se espera otro recurso de Los Verdes, que antes tienen que presentar fianza por no estar personados en la causa.
Junto a los recursos ha sobrevenido el cruce de anuncios de demandas por daños y perjuicios por la vía civil (que sólo puede comenzar cuando concluya la penal). Primero Boliden anunció una reclamación que podría llegar a los 70.000 millones contra Dragados por daños a su imagen y a su cotización bursátil.
Dragados ha respondido en la misma línea y ha anunciado una demanda contra Boliden por los daños de imagen que le haya podido causar debido a "su estrategia desde el inicio de las diligencias penales de intentar inculpar a otras empresas del desastre". Ahora el Gobierno habla de una tercera demanda contra Boliden.