Boliden reclama 70.000 millones a Dragados
Boliden Apirsa incluirá la caída de cotización de su matriz, Boliden Limited, en la demanda de indemnización que presentará por la vía civil contra Dragados por los efectos de la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar. La pérdida de valor bursátil que la compañía atribuye al desastre podría llegar a los 50.000 millones de pesetas, según fuentes cercanas a Boliden. A ello sumará más de 16.000 millones de gastos derivados del accidente además de otros conceptos.
Boliden Apirsa, y su matriz, la compañía canadiense Boliden Limited, ya trabajan en la cantidad que pedirán a Dragados como indemnización por las pérdidas derivadas del vertido tóxico producido por la balsa de residuos de la mina el 25 de abril de 1998. Boliden contraataca así después de que la juez del caso, Celia Benhadj-Ben Gómez, archivase el caso la semana pasada al no hallar indicios de responsabilidad penal y dejar la puerta abierta a que las partes implicadas inicien un proceso civil.
Según Boliden, la juez señala como causantes del accidente a dos filiales de Dragados, Geocisa e Intecsa, aunque no pueda inculparlos por la vía penal.
Si el procedimiento penal es finalmente archivado en firme (tras la presunta desestimación de los recursos presentados por Gobierno, Junta de Andalucía, ecologistas y afectados en su caso), Boliden pedirá daños y perjuicios por la vía civil por un valor que difícilmente estará por debajo de los 70.000 millones de pesetas.
La mayor parte de este dinero corresponderá a la pérdida de valor bursátil que la compañía haya registrado debido directamente al desastre, y que fuentes cercanas a la empresa valoran en una cantidad que podría llegar hasta los 50.000 millones de pesetas. Boliden Limited cotizaba a más de nueve dólares canadienses el día 24 de abril de 1998, un día antes del desastre. Hoy cotiza a poco más de un dólar.
Los abogados de Boliden intentarán atribuir al desastre gran parte de esa caída de cotización, que ha originado globalmente una pérdida de valor de mercado de unos 200.000 millones de pesetas desde el 24 de abril de 1998, un día antes del vertido. Esto supone que Boliden podría intentar demostrar que una cuarta parte de la caída del valor sus acciones se ha debido al accidente de la balsa de Aznalcóllar.
Un portavoz de Boliden Limited admite que difícilmente se pueda plantear una indemnización superior a la cuarta parte de la merma de capitalización bursátil, aunque ni desmiente ni confirma que sea esa la cantidad exacta que finalmente solicitará la compañía y se limita a afirmar que la empresa aún no ha cuantificado la reclamación que presentará por la caída de cotización.
Deuda de 130.000 millones
Boliden Limited arrastra actualmente una deuda de más de 130.000 millones de pesetas en todo el mundo y la caída de cotización de los metales ha sido estrepitosa durante los tres últimos años. Estos factores unidos a la crisis mundial de la minería metálica juegan en contra de la pretensión de Boliden de atribuir el grueso de sus pérdidas al accidente de Aznalcóllar.
Boliden ha confirmado que pedirá también indemnizaciones por los gastos directos ocasionados en Boliden Apirsa como consecuencia de los efectos del accidente. Esa cantidad asciende a más de 16.000 millones de pesetas, según los cálculos de la compañía. En ella incluye desde los gastos en indemnizaciones por cosechas a los agricultores afectados hasta el expediente de regulación temporal de empleo presentado pasando por los costes de limpieza de lodos, del cese de actividad o la habilitación de una segunda balsa para sustituir a la siniestrada.
La compañía también solicitará indemnizaciones por la pérdida de imagen internacional sufrida tras el accidente. Por otra parte, Ecologistas en Acción anunció ayer un recurso contra el archivo de la causa penal.
La vía civil se iniciará cuando se agote la penal
Boliden tendrá que esperar para poder iniciar su demanda contra Dragados. Según la legislación vigente, la vía civil (que usará la multinacional para exigirle indemnizaciones a Dragados) sólo puede iniciarse cuando haya concluido en firme la fase penal.
Aunque la juez del caso ha archivado la causa por no hallar responsabilidades penales, la vía penal sigue vigente mientras se interpongan recursos al auto de la juez. Estos recursos han sido ya anunciados por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Junta de Andalucía, por los ecologistas y se esperan los de algunos de los agricultores afectados por sí mismos o a través de las organizaciones agrarias. Si los que recurren deciden interponer un único recurso conjunto (con el que ganarían tiempo en la decisión de los tribunales), la decisión final podría tomarse en un plazo no superior a ocho meses.
Si el recurso o recursos son desestimados, la juez del caso volvería a archivar la causa y Boliden podría iniciar su reclamación civil en un plazo de hasta un año a partir de la notificación. Si la Audiencia Provincial de Sevilla decide en cambio practicar nuevas diligencias o incluso ve indicios de delito e imputa a cualquier persona (sea de Boliden o no), el procedimiento se dilataría al menos otros dos o tres años más. En este caso Boliden podría iniciar el procedimiento civil contra Dragados sólo si en el procedimiento penal se confirma la corresponsabilidad de la empresa española.