Díaz apuesta por subir los impuestos a la gran empresa y hacer permanente el tributo a las grandes fortunas
Avanza que Sumar implementará una reforma en profundidad con nuevas figuras tributarias
La ministra de Trabajo y Economía Social y candidata a la presidencia del Gobierno de Sumar, Yolanda Díaz, ha avanzado hoy, durante su intervención en el 45 Aniversario del diario CincoDías, las grandes líneas tributarias que defenderá su formación ante las próximas elecciones generales del 23-J. En concreto, ha anunciado una reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades, “para que las grandes empresas aporten más y las pequeñas mucho menos”. Pero, además, ha defendido “un debate sereno” para hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, diseñado como un tributo temporal por el actual Gobierno.
“Esto no va de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos”, ha dicho Díaz, quien ha asegurado que la economía española necesita una “reforma fiscal estructural” porque cuenta con figuras tributarias “que no reflejan la realidad social ni económica” y ha añadido que deberán implementarse los cambios necesarios para “cerrar la brecha de ingresos del PIB” que mantiene con la media de la Unión Europea. “Hay injusticia fiscal, es real y hay un mandato constitucional para hacerlo”, ha insistido.
En definitiva, Díaz ha explicado que actualmente una pequeña empresa tributa un 17,5% y una gran corporación al 3,8%, por lo que la reforma fiscal que impulsará su formación se basa en el precepto de “quien más tiene más debe contribuir al país”. En este sentido, también ha defendido la necesidad de “aumentar la progresividad del IRPF, porque el 85% de su recaudación viene de las rentas salariales y esto no es justo en términos democráticos”. Díaz, en todo caso, ha hecho hincapié en el consenso. “Hay que hacerlo con diálogo, pero deber ser abordado, sin lugar a dudas”.
Además, ha apuntado que la futura estructura tributaria de España, una reforma prevista por el actual Gobierno que no ha sido llevada a cabo en términos generales, sino solo con la aprobación de modificaciones parciales, debe incluir formas alternativas de fiscalidad” para las transiciones verde y digital; pero también ha hablado de incluir una “fiscalidad feminista”, que también tiene que ser abordada en esta reforma fiscal estructural.
Si bien la tributaria es solo una de las cuatro grandes reformas que, en opinión de Díaz, necesita España para la próxima legislatura. Las otras tres consisten en medidas para controlar los márgenes empresariales; acortar la brecha de productividad de la economía española con sus países competidores; y una reforma empresarial que “democratice su funcionamiento”.
En concreto, ha propuesto la creación de un observatorio de márgenes empresariales “que vaya vinculado a la revalorización de los salarios”. Este organismo fue recientemente anunciado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y reclamado por los sindicatos para la elaboración de un indicador que les sirva de guía para la negociación colectiva, pero no ha dado tiempo a ponerlo en marcha por el adelanto electoral. “Es necesario un acuerdo de país en el que control de los márgenes empresariales sirva para mejorar el funcionamiento de las empresas”, ha dicho Díaz.
Asimismo, ha abogado por crear de un “consejo de productividad”, que, según ha recordado, ya existe en 19 Estados miembros de la UE, después del mandato comunitario para su creación en 2016, que no ha sido acatado por España. Dicho consejo estaría formado, ha explicado, por empresas, sindicatos, administraciones públicas y el mundo del conocimiento y la universidad.
Además de estas cuatro reformas, la titular de Trabajo ha apuntado otro de sus planes de futuro, que no es otro que cambiar el actual esquema de indemnizaciones por despido, porque es “fija y rígida” y “se coloca fuera de la doctrina social europea”. Como alternativa a la regulación actual, propone una indemnización que no se determine solo por la antigüedad del trabajador en la empresa, sino que tenga también en cuenta otras circunstancias para que la cuantía sea “restaurativa” del daño que se produce con el despido.
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