A fondo
Abertis y su filial Hispasat comparten sede en el madrileño paseo de la Castellana.
Abertis y su filial Hispasat comparten sede en el madrileño paseo de la Castellana.

La opa de Atlantia da pie al revanchismo contra Italia

Los antecedentes juegan en contra de una tranquila toma de Abertis desde Roma

Si hay algo seguro en torno a la opa de Atlantia sobre Abertis es que va a requerir dosis de diplomacia por parte del Gobierno italiano para que el español evite la tentación de poner palos en las ruedas. La ofensiva ha desempolvado el principio de reciprocidad, o cierta sed de revancha, ante las dificultades que en ocasiones ha encontrado el capital español para enraizar en el país transalpino.

Corre entre los ministerios afectados por la ofensiva de Atlantia la consigna de que el Ejecutivo “atenderá al interés general de los españoles” allí donde tenga poder de decisión. Y el espacio que queda bajo su influencia, por no hablar del siempre discutible derecho de veto, es más que considerable.

Los titulares de Fomento y Economía, Íñigo de la Serna y Luis de Guindos, han eludido hablar de la valoración de Abertis o la prima ofertada a sus accionistas. Pero solo un día después de que Atlantia oficializara su proyecto, ambos colocaron al Estado en una posición de actor principal en la operación corporativa del año.

El mensaje a Roma ha sido nítido. Abertis opera activos españoles en régimen de concesión, como son 1.500 kilómetros de autopista y la órbita geoestacionaria bajo la soberanía del Estado, esta última confiada a Hispasat (controlada en un 57% por Abertis).

El Ejecutivo tiene la opción de vetar cambios en el capital de Hispasat desde 1997, y será imprescindible su plácet para la transmisión de autopistas

Como consecuencia, cualquier movimiento que implique un cambio de propiedad de las concesiones debe contar con el plácet del Gobierno. Los contratos firmados por la Administración contemplan que en caso de absorción o de modificación accionarial en un concesionario, Fomento tendría que informar acerca de esa situación para autorizar, o no, la transmisión en Consejo de Ministros.

¿Tiene razones el Gobierno para oponerse a que un 60% de la red de autopistas quede bajo timón italiano? Es difícil argumentar una postura de resistencia cuando años atrás se ha permitido la venta de carreteras de peaje de Sacyr a Citi, o que toda Globalvía pasara de manos de FCC y Bankia a fondos internacionales.

Lo que sí ha hecho Fomento en público, y diversas fuentes aseguran que también en privado, es anticipar que las autopistas de Abertis con próximo vencimiento no serán prorrogadas. Estas son Aumar, con el tramo valenciano de la AP-7 y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, y Acesa, con 479 kilómetros de la AP-7 en Cataluña y distintos tramos de la AP-2. Se irán activos que sumaron 654 millones de ebitda en 2016, de los 1.079 millones de Abertis en España.

El caso de Hispasat tiene, a primera vista, más recovecos. El Gobierno cuenta de facto con una acción de oro que viene de muy atrás y se impone al control por parte de Abertis. Partiendo de la base de que Bruselas rechaza las acciones doradas, por ir contra los principios del mercado único y la libre circulación de capitales, las operaciones transfronterizas siguen encontrando barreras en toda Europa.

Las sociedades públicas CDTI y Sepi suman un 9,2% del capital de Hispasat, frente al 57% en manos de la firma opada. Fue el 11 de julio de 1997, en Consejo de Ministros, cuando se otorgó al operador de satélites la concesión del servicio de gestión del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria atribuida a España. El acuerdo se producía como respuesta a la liberalización de las telecomunicaciones y a los cambios en el entonces primer accionista de Hispasat, Retevisión –pasó de ente público a sociedad mercantil como primer paso de su proceso de privatización–.

Hispasat quedaba bajo tutela de Fomento, pero lo más importante en el caso que toca a la opa de Atlantia es que cualquier variación accionarial pasaba a estar supeditada a la luz verde del Consejo de Ministros.

Calificada de estratégica por el Gobierno, Hispasat es un canal fundamental en las comunicaciones internacionales de España y presta servicios necesarios para la defensa nacional. Bajo estos preceptos, el Ejecutivo ha tenido que autorizar u opinar sobre los movimientos en Hispasat en los últimos años, como fue el de la salida de Telefónica del capital o la venta de acciones por parte del INTA.

¿Forzará la máquina España por esta vía para rechazar a Atlantia? Cabe esa posibilidad, pero también resultaría caprichoso poner limitaciones cuando la francesa Eutelsat lleva 16 años con una posición relevante tanto en el capital como en el consejo. Entre las claves que pueden decantar la balanza del lado del visto bueno del Gobierno está en la entrada de La Caixa como uno de los accionistas de referencia del gigante resultante de la integración de Atlantia y Abertis.

Antecedentes

La llegada de un coloso extranjero para comerse una refencia empresarial levanta suspicacias en cualquier sitio. Pero este no es un caso más. El Gobierno italiano vetó el proyecto de integración que Isidro Fainé y Salvador Alemany, en representación de Abertis, negociaron con Atlantia entre 2006 y 2008. Entonces se trataba de una fusión entre iguales dirigida desde Barcelona.

Atlantia tiene hoy mayor envergadura y el acercamiento se presenta como una opa amistosa. La empresa que dirige Giovanni Castellucci planea mantener la marca Abertis, ofrece continuidad al staff español y le da el mando de los negocios del nuevo grupo en Latinoamérica. Se dice desde Italia que es más que lo que ofreció Abertis diez años atrás.

También está en el recuerdo cómo Telefónica encontró puertas cerradas a cualquier proyecto en Telecom Italia, en la que llegó a controlar el 22%. Y fue imposible la integración de BNL en BBVA. Por contra, Ebro o Ferrovial, y últimamente la propia Abertis, han podido cerrar adquisiciones italianas como Garofalo, el aeropuerto de Nápoles o A4 Holding, respectivamente.

Mientras se esperaban noticias de Atlantia fue el ministro Álvaro Nadal quien lanzó un torpedo al Ejecutivo italiano al afirmar la semana pasada que la pública Enel estaba haciendo política en Endesa a favor de su país y en contra de los trabajadores de aquí. La reprimenda de Nadal, por el posible cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), suena ahora a aviso a navegantes.

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