Bruselas investiga a Aspen por imponer precios elevados a antitumorales
Posee la patente sobre cinco principios activos Italia ya abrió un expediente a la compañía
La Comisión Europea (CE) anunció ayer la apertura de una investigación con el fin de conocer si la compañía farmacéutica sudafricana Aspen abusó de su posición dominante en el mercado para manipular los precios de cinco medicamentos fabricados para luchar contra el cáncer. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario investiga a una empresa de la industria farmacéutica por supuesta manipulación de los precios de sus productos, algo que tradicionalmente hace con otros sectores, como telecomunicaciones, transporte o automoción.
La investigación formal del Ejecutivo comunitario revisará las prácticas tarifarias empleadas en la venta de fármacos que contienen cinco principios activos (clorambucil, melfalán, mercaptopurina, tioguanina y busulfan), todos ellos empleados en los tratamientos contra tumores cancerígenos, según precisó la CE en un comunicado.
Aspen adquirió estos principios activos una vez que la patente que los protegía decayó.
El departamento de Competencia de la Comisión Europea asegura tener información que apunta a que Aspen impuso, una vez que la patente decayó, “aumentos muy significativos e injustificados” en el precio de estos medicamentos, lo cual estaría en contra de la normativa comunitaria de competencia que prohíbe la imposición de precios o condiciones injustas para el consumidor.
“Para imponer tales incrementos en el precio, Aspen amenazaba con retirar el producto en algunos Estados miembros y llegó a hacerlo en ciertos casos”, señalan desde el Departamento de Competencia que dirige Margrethe Vestager. “Cuando el precio de un medicamento aumenta de repente varios cientos por ciento, esto es algo que la Comisión puede revisar”.
El proceso de imposición de precios por parte del laboratorio surafricano habría afectado a veintisiete de los 28 estados miembros de la UE. El único que no está incluido dentro de la investigación comunitaria es Italia, cuya autoridad nacional de competencia ya inició con anterioridad su propia investigación. La investigación también revisará el impacto en Islandia, Liechtenstein y Noruega.