Nadal busca en Bruselas un blindaje para no pagar los laudos de las renovables
La CE podría declarar la ejecución de los arbitrajes ayudas de Estado ilegales La UE quiere acabar con los tratados de protección de inversiones entre los socios
Los inversores perjudicados por el recorte de la retribución a las energías renovables corren el riesgo de quedarse otra vez con la miel en los labios, incluso si ganan los arbitrajes internacionales como el del Ciadi que ha condenado a España indemnizar con 128 millones de euros al fondo británico Eiser Infraestructure. Es el primero contra el perjuicio del mecanismo de incentivos aprobado en julio de 2013 que sustituyó el sistema de primas a la producción por una retribución rentable a la inversión y que supuso un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales.
El Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, maniobra en Bruselas para blindarse contra las multimillonarias indemnizaciones, con el objetivo de que sean declaradas ayudas de Estado ilegales. Y, de momento, ya cuenta con la connivencia de la Comisión Europea, que desde hace años intenta acabar con los tratados bilaterales de inversión entre los socios europeos que han invocado los demandantes del recorte en España.
Madrid espera que la Dirección General de Competencia declare la ejecución de los arbitrajes como ayudas total o parcialmente ilegales, lo que eximirá al Gobierno de abonar a los demandantes procedentes de otros países de la UE. Se calcula que quedan pendientes de resolución contra el Reino de España más de 25 arbitrajes, que, de prosperar podría obligar al pago de más de 2.000 millones.
Como parte de esa estrategia, el Gobierno notificó de manera retroactiva incluso las primas pagadas durante los mandatos de Rodríguez Zapatero (54.000 millones de euros hasta 2013). Una maniobra que, según fuentes jurídicas, ya se perseguía blindar a través de la Comisión contra los laudos de los paneles internacionales de arbitraje.
La treta del Ejecutivo español sigue los pasos de un proceloso conflicto sobre ayudas de Estado en Rumanía, con el que Bruselas espera sentar un precedente sobre la preeminencia de la normativa comunitaria sobre los tratados bilaterales de protección al inversor entre países miembros de la UE.
En el caso rumano (conocido como Micula, por el apellido de uno de los demandantes), la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha prohibido a Bucarest que acate un laudo del Ciadi de 2013 que condenaba al país a pagar una indemnización de 178 millones de euros (intereses incluidos) a inversores suecos por haber abolido cuatro años antes de lo previsto un régimen de subsidios regionales.
Vestager incluso ha exigido que dos inversores suecos, que ya habían recibido parte de la indemnización, reembolsen el dinero. La prohibición se debe a que el régimen de incentivos fue declarado como ayuda de Estado ilegal. Y, además, la compensación por su abolición, se considerará como una nueva ayuda de Estado, igualmente ilegal. España confía en aplicar la misma lógica a sus recortes a las renovables. Pero el plan tiene todavía varios pasos por delante. En primer lugar, la CE aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de los regímenes de ayudas españolas a las renovables.
El Gobierno de Rajoy cuenta con que incluso si esos regímenes son declarados legales, la Comisión podría considerar como nueva ayuda de Estado el laudo del Ciadi de 128 millones de euros a favor de Eiser. Y en ese caso, podría denegar su pago, como hizo en el caso de Rumanía.
A favor de España juega la ofensiva de Bruselas contra los tratados bilaterlales a los que se acogen inversores intracomunitarios para pedir indemnizaciones. “Esos tratados son anacrónicos y no tienen ningún sentido dentro de la Unión europea”, señala una fuente de la Comisión. Y Bruselas recuerda que ya ha expedientado a varios países por no abolirlos.
La retirada de esos tratados no sólo favorecería a España sino también a otros países, como Alemania, que también afronta la petición de indemnizaciones millonarias por el repentino apagón nuclear anunciado por la canciller Angela Merkel en 2011, unos días después de la catástrofe de Fukushima.
Bruselas confía en que el expediente sobre Rumanía siente las bases que le permita acabar con esos tratados y reservarse la úlima palabra sobre la concesión de cualquier indemnización.
El caso rumano se encuentra en el Tribunal de Justicia europeo, donde han recurrido los inversores a los que Vestager prohibió indemnizar. Si el veredicto da la razón a la comisaria, Rumanía se ahorrará varios millones. Y España se evitará el riesgo de un tremendo agujero tarifario (por el momento, los 128 millones irán contra el superávit del sistema eléctrico), o presupuestario.
Pero el precedente también puede asustar a numerosos fondos, que perderán la posibilidad de un arbitraje privado en las inversiones transfronterizas dentro de la UE.
Nuevos fondos responden al efecto llamada
El reciente laudo que condena a España al pago de 128 millones de euros al fondo Eiser Infraestructure por los recortes de ingresos de tres plantas termosolares de Badajoz y Ciudad real en las que participa, es el primero contra el recorte a las renovables del Gobierno del PP.
Un mal precedente para España, que tiene pendientes más de 25 arbitrajes por esta cuestión. De hecho, el éxito de este inversor puede convertirse en un efecto llamada para que fondos que, en su día no denunciaron, opten ahora por el arbitraje. Y pueden hacerlo ya que no existen plazos, pues se considera que “es un daño recurrente”. Fuentes del sector, confirman la intención de un importante fondo estadounidense de acudir al Ciadi.
A este, además, no le afectaría el blindaje que está buscando España en Bruselas (el titular de Energía Álvaro Nadal cuenta con la connivencia del comisario del Clima, Miguel Arias Cañete), pues de lograr que las ayudas de Estado sean sólo competencia de la jurisdicción la UE, esto no afectaría a los tratados bilaterales de sus miembros con terceros países.
El Gobierno introdujo una enmienda a los Presupuestos el mismo día que se conoció el laudo del Ciadi, para que el superávit de tarifa sufrague las indemnizaciones. El Gobierno aprobó un recorte a las renovables para acabar con el déficit de tarifa, generó un superávit y ahora paga con este los laudos por los recortes.
