Reunión Montoro-sindicatos funcionarios
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. EFEArchivo
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. EFE/Archivo EFE

Hacienda dice que sin presupuesto no habrá más empleo público

El ministro de Hacienda acuerda con los sindicatos de funcionarios elaboran una lista de temas sobre los que iniciar la negociación en las próximas semanas

Los sindicatos exigen subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo y alzas en la tasa de reposición

Por primera vez esta legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha reunido esta mañana con los tres sindicatos más representativos de los empleados público (CC OO, UGT y CSIF) para tomar las riendas de la negociación colectiva en el ámbito de la Administración.

A la reunión, que se prolongó por espacio de casi dos horas, acudió también la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y en ella Gobierno y sindicatos coincidieron en la necesidad de abrir nuevos cauces de diálogo en el sector público.

El único acuerdo con el que finalizó dicha reunión es con el compromiso de que los sindicatos remitan en el plazo de una semana o 10 días la agenda de los temas concretos que quieren abordar con el Gobierno central, para a partir de ahí agendar las próximas reuniones.

Por su parte, el ministro ha querido trasladar a los representantes de los trabajadores de la Administración que el Ejecutivo quiere remitir a las Cortes antes de finales de marzo los presupuestos de 2017 y que así lo hará cuente o no con el respaldo parlamentario necesario para su aprobación.

Si las cuentas públicas tienen opciones de aprobarse, la negociación con los sindicatos de funcionarios será más fácil. De lo contrario, de tener que prorrogar el presupuesto de 2016 finalmente todo este ejercicio,  según admitió el ministro de Hacienda, podría ser muy difícil que la oferta de empleo público para 2017 mejore respecto a la aprobada para 2016, tal y como piden los sindicatos.

Sin embargo, tal y como relataron los líderes sindicales al términos de la reunión, el ministro acabó admitiendo que aunque no se apruebe un nuevo presupuesto, la subida salarial para los funcionarios y un aumento de la oferta pública de empleo podrían ver la luz mediante un real decreto ley.

Javier Jiménez, líder de la federación de servicios públicos de CC OO, resaltó que espera que esta vez la nueva voluntad de diálogo mostrada por el Ejecutivo no se quede en meras palabras y se concrete en hechos. Asimismo, explicó que los sindicatos han exigido que las negociaciones se desarrollen a través de la Mesa General de las Administraciones Públicas para que también puedan participar las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por su parte, el representante de UGT en la reunión, Julio Lacuerda, valoró esta nueva actitud del ministro de Hacienda como el "fin de las decisiones unilaterales" y admitió que el encuentro celebrado esta mañana abre nuevas expectativas a todos los empleados públicos que esperan no se vean frustradas al final del proceso. También, anunció que el Gobierno no tiene inconveniente en negociar un escenario plurianual para resolver asuntos como la jornada laboral de los empleados públicos, dotar de una solución al problema de los interinos, la subida salarial a aplicar con el nuevo escenario de inflación o la mejora de la cantidad y calidad del empleo público.

Por último, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó que mientras se concretan los asuntos que se abordarán en esa próxima reunión, su sindicato va a poner encima de la mesa cuestiones como la recuperación, a varios años, al menos, de la estructura salarial previa a 2010 (cuando se produjo la rebaja salarial del 5%, con el Gobierno de Zapatero) y la convocatoria urgente de la oferta de empleo público para este año, con el fin de dar respuesta a las necesidades acuciantes de personal, ya que desde 2011 se han perdido unos 300.000 empleos en las Administraciones públicas.

CSIF también reclama afrontar, desde ya, una solución al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas y modificar las trabas legales para que los sindicatos puedan pactar la jornada de las 35 horas semanales, así como eliminar recortes todavía vigentes como los descuentos que siguen aplicándose en la nómina por baja médica.

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