Las próximas subidas de impuestos de Rajoy: sociedades, tabaco y diésel
Hacienda abordará una reforma del impuesto sobre sociedades para elevar la fiscalidad sobre las grandes empresas Estudia aumentos en los tributos especiales sobre hidrocarburos y tabaco.
El nuevo Gobierno ya ha empezado a trabajar en medidas para reducir el déficit público y cumplir con las nuevas exigencias de Bruselas. El Ejecutivo estudia medidas que permitan, sin subir el tipo impositivo, elevar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Ello podría lograrse con la supresión de deducciones y beneficios fiscales. Hacienda también tiene en la agenda elevar impuestos especiales como el de hidrocarburos.
Todas las previsiones, incluidas las oficiales, apuntan a una desaceleración de la economía en 2017. El frenazo puede afectar negativamente a la evolución de los ingresos públicos en un contexto en el que Bruselas exige que España reduzca su abultado déficit público. El Gobierno de Mariano Rajoy asegura que está en disposición de cumplir el objetivo de estabilidad del 4,6% del PIB que fijó Bruselas en verano. Sin embargo, en 2017, el porcentaje debe reducirse al 3,1%.
El Plan Presupuestario de 2017 que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy entregó en octubre a la Comisión Europea contemplaba que, sin medidas adicionales, el déficit público bajará al 3,6% del PIB el próximo año. Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo deberá aplicar un ajuste adicional de 5.000 millones para que los números rojos se sitúen al 3,1%que exige la Comisión Europea. Las medidas pueden adoptarse por el lado de los ingresos o de los gastos. Y Hacienda ya ha empezado a trabajar en un ajuste impositivo.
El Ejecutivo baraja un aumento de la fiscalidad sobre el diésel, que contaría con el visto bueno de Bruselas
Descartado cualquier incremento del IRPF, el Gobierno plantea modificar el impuesto sobre sociedades para elevar la recaudación. No se contempla elevar el tipo nominal del 25% que el primer Gobierno de Mariano Rajoy redujo. La idea es reducir los beneficios tributarios y endurecer las condiciones fiscales para las grandes empresas. Sin mayoría en el Congreso, el Ejecutivo de Rajoy entiende que elevar la aportación fiscal de las grandes empresas sería bien recibido por el PSOE y por Ciudadanos. De hecho, el pacto que firmaron PP y la formación de Albert Rivera contemplaba “reformar en profundidad el impuesto de sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales”.
El PSOE y Podemos también propusieron medidas para elevar los impuestos a las grandes empresas. Por lo tanto, hay un amplio margen de acuerdo. Entre otras medidas, se plantea modificar la actual exención por las plusvalías obtenidas por filiales en el extranjero y, que según han denunciado los inspectores de Hacienda y Ciudadanos, permite a las multinacionales lograr grandes beneficios sin tributar por ellos.
Hacienda también estudia la posibilidad de aplicar nuevas restricciones en la compensación de bases imponibles negativas. Por otra parte, este mes entró en vigor la recuperación de un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Se trata de una medida de urgencia que adoptó Hacienda ante la caída de la recaudación que originó, precisamente, la retirada a partir de enero de un gravamen mínimo en los anticipos a cuenta. En el pago fraccionado de octubre, las empresas que facturan más de diez millones deben abonar al fisco como mínimo el 23% del resultado contable y, en el caso de las entidades financieras, el porcentaje aumenta al 25%. El Gobierno espera recaudar 8.300 millones de euros.
El Ejecutivo negociará con la oposición nuevas medidas contra la elusión fiscal de las multinacionales
Para evitar que se repita el agujero fiscal, Hacienda comunicó a Bruselas que el gravamen mínimo no tiene “fecha límite de vigencia”, aunque el ministro Cristóbal Montoro aseguró que se retiraría cuando el déficit baje del 3% del PIB, algo que está previsto para 2018. Además, Hacienda tiene pendiente adoptar medidas comunitarias para atajar la elusión fiscal. Entre ellas, destaca el endurecimiento de la figura del exit tax, el impuesto de salida que se exige a las empresas que cambian su residencia fiscal. Bruselas reclama que se grave a las compañías también cuando trasladen activos a una filial ubicada en otro país. Ello requerirá un cambio legislativo.
Junto a los incrementos fiscales para las grandes empresas, Hacienda también estudia adoptar medidas en el ámbito de los impuestos especiales, donde entiende que existe cierto margen de recorrido en tributos como el tabaco. Además, la subida de los impuestos que gravan los hidrocarburos parece muy probable y ya la temían desde antes de las primeras elecciones las petroleras y los transportistas. Ambos colectivos basaban sus temores en tres factores: el abaratamiento del petróleo, la lucha contra el cambio climático y el menor peso de los impuestos con respecto al resto de países de la zona euro.
Una subida fiscal con fines medioambientales podría recibir el aval de la oposición, que defendió medidas en la misma dirección. Los socialistas abogaron durante la campaña electoral por reformar el impuesto de hidrocarburos mediante la creación de impuestos verdes y la homogeneización de los tipos que aplicaban las autonomías. Podemos apostaba por igualar los tipos impositivos que gravan la gasolina y el gasóleo con el fin de desincentivar la compra y el uso de los vehículos diésel, que son más contaminantes. De hecho, la legislación europea exigirá que se incremente a partir de 2018 la fiscalidad sobre el gasóleo y el gas natural. Una medida que el Gobierno podría adelantar a 2017 y que contaría con el visto bueno de Bruselas, que en más de una ocasión ha recordado que España tiene los impuestos medioambientales por debajo de la media europea.
La Comisión Europea también presiona para que España reduzca el número de bienes y servicios que aplican tipos reducidos en el IVA. El Ejecutivo podría seguir esa recomendación y adoptar una reclasificación de productos que, en cualquier caso, incluiría una reducción del IVA cultural que soporta el cine del 21% al 10%. Rajoy se comprometió a ello con Ciudadanos.
