Los grandes despachos piden eliminar el impuesto sobre el patrimonio

Todas las comundiades, salvo Madrid, recaudan el impuesto sobre el patrimonio Valencia o Baleares ya han anunciado incrementos en la fiscalidad patrimonial

La Fundación Impuestos y Competitividad defiende la supresión definitiva del impuesto sobre el patrimonio y apuesta por establecer una horquilla de tipos común en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en todas las comunidades autónomas. Esta asociación, que reúne a los grandes despachos fiscales, entiende que el futuro Gobierno deberá enfrentarse a una reforma de la fiscalidad patrimonial.

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor este año modificó el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributos sobre los que las comunidades autónomas tienen amplia competencia. La reforma del sistema de financiación autonómica que propugnan todos los partidos implica que el Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 20D reformulará con toda seguridad ambos impuestos. En este contexto aparece Propuestas para la reforma de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones en España, una obra que se presenta hoy y editada por la Fundación Impuestos y Competitividad, una asociación formada por Baker & McKenzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY Abogados, Garrigues, KPMG, PWC y Uría Menéndez.

Propuestas electorales

Partido Popular: El PP apuesta por una reforma de la fiscalidad patrimonial en el marco del cambio del sistema de financiación autonómica. Aunque no ha detallado propuestas.

PSOE: Los socialistas defienden tipos mínimos en Patrimonio y Sucesiones para evitar que las comunidades dejen sin efecto ambos tributos.

Ciudadanos: Aboga rebajar el gravamen y elevar en torno al millón de euros el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio.

Podemos: Defiende que el que el impuesto sobre el patrimonio se aplique a partir de 400.000 euros.

Existe consenso en el grupo de trabajo creado por la fundación en que el impuesto sobre el patrimonio debería desaparecer definitivamente del sistema fiscal español. Los expertos recuerdan que, dentro de los 34 países de la OCDE, esta figura fiscal solo existe en España, Francia, Noruega y Suiza. Consideran que genera distorsiones en la economía y, al mismo tiempo, tiene una escasa capacidad recaudatoria y un mínimo efecto redistributivo.

El impuesto sobre el patrimonio nació en 1977 con carácter “extraordinario” y ha perdurado hasta hoy. El Gobierno de José Luis Rodríguez lo suprimió en 2008 con el argumento de que era un tributo que recaía sobre la clase media. Sin embargo, ante el deterioro de los ingresos públicos derivados de la recesión, recuperó el impuesto de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012 y elevó el mínimo exento. El actual Gobierno de Mariano Rajoy, que en la oposición criticó esta figura tributaria, ha ido prorrogando su vigencia anualmente en los Presupuestos aprobados durante la legislatura.

La propuesta de eliminar el impuesto sobre el patrimonio también fue defendida por el comité de expertos para la reforma fiscal que nombró el Ministerio de Hacienda. Ante la previsión de que el futuro Gobierno no abordará la supresión de esta figura fiscal, la Fundación Impuestos y Competitividad realiza una conjunto de recomendaciones para, al menos, reformular su estructura. Así, en el caso de mantener, la fundación defiende una normativa básica y común en todas las comunidades que acabe con la inequidad actual que supone valorar de forma distinta activos similares. También apuestan por elevar el mínimo exento del impuesto, actualmente en 700.000 euros con carácter general y establecer una horquilla de tipos mínimos y máximos en todas las comunidades. La recomendación es que el gravamen no pueda superar el 1,5%, que es el tipo máximo en Francia. En España, el gravamen alcanza con carácter general el 2,5% y en algunas comunidades como Extremadura llega al 3,75%. Para algunos expertos, estos porcentajes resultan directamente confiscatorios.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que 178.481 contribuyentes presentaron la declaración del impuesto sobre el patrimonio, que aportó 930 millones a las comunidades autónomas. Antes la crisis, la recaudación del impuesto sobre el patrimonio llegó a superar los 2.000 millones, sin embargo, ello se explica porque el mínimo exento se situaba en solo 108.000 euros. Hoy, el límite alcanza los 700.000 euros sin contabilizar 300.000 euros por la vivienda habitual. Sin embargo, comunidades como Cataluña han reducido el mínimo exento a 500.000 euros, lo que significa que el tributo entra en acción antes. Para 2016, la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que rebajará el límite a 600.000 euros y Baleares ha comunicado un incremento del tipo máximo del 2,5% al 3,45%. Se está produciendo el peor de los escenarios posibles para los despachos fiscales: un impuesto sobre el patrimonio distinto en cada comunidad autónoma y con mínimos exentos relativamente bajos y tipos elevados.

En Sucesiones, los expertos recomienda mantener el tributo con tipos mínimos en herencias entre familiares directos

Actualmente, Madrid es la única comunidad que ha renunciado a aplicar el impuesto sobre el patrimonio al establecer una bonificación del 100%. Algunos de los expertos que han colaborado en el estudio señalaron durante su elaboración que la ausencia de este tributo explicaría en parte que Madrid sea con mucha diferencia la comunidad que recibe mayor inversión extranjera.

El Partido Popular todavía no ha detallado su propuesta de reforma; el PSOEapuesta por nombrar un comité de expertos para reformular la fiscalidad patrimonial en su conjunto. Hasta que ello no suceda, los socialistas abogan por un gravamen mínimo en todas las comunidades. Ciudadanos defendió en un informe elevar el mínimo exento en torno al millón de euros y fijar tipos inferiores a los vigentes. Podemos, por su parte, es partidario de que el tributo se aplique a partir de 400.000 euros.

La Fundación Impuestos y Competitividad también recomienda una reforma del impuesto sobre sucesiones, un tributo en el que existen amplias diferencias entre comunidades autónomas. Por ejemplo, por una herencia de 800.000 euros, un contribuyente puede pagar más de 160.000 euros en Murcia, Andalucía o Asturias y no llegar a 2.000 euros en Madrid, La Rioja o Cantabria. Los expertos defienden la vigencia del impuesto sobre sucesiones y donaciones y piden que se garantice el incentivo fiscal para las transmisiones de las empresas familiares. El libro apuesta por eliminar la actual tarifa progresiva y fijar tipos proporcionales en función del grupo de parentesco. Así, habría un gravamen para las herencias y donaciones entre la familia nuclear (cónyuge, ascendientes y descendientes), otro para los parientes hasta cuarto grado y un último para el resto. En el caso del tipo sobre la familia nuclear, los expertos defienden fijar gravámenes muy reducidos (entre el 1%y el 5%), con un mínimo exento en torno a los 300.000 euros y limitar la posibilidad de las comunidades para elevar el impuesto.