La moratoria nuclear, aquel rescate financiero de las eléctricas

Las eléctricas fueron compensadas por la paralización de cinco proyectos nucleares La moratoria como tal ya no existe desde 1997

La central de Lemóniz, en Vizcaya, fue paralizada en plena construcción.

La llegada al Gobierno del Partido Socialista en 1982 tuvo una consecuencia inmediata sobre el ambicioso programa de energía nuclear iniciado por las eléctricas españolas en la década de los 70. El Gobierno de Felipe González, que había prometido en su programa electoral “limitar” la energía atómica, se hizo eco de las tendencias que llegaban de Estados Unidos, cuya tecnología contrataron las centrales españolas, y decidió imponer una moratoria sine die para los proyectos en marcha.

El parón del programa nuclear se incluyó en el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. El principal argumento del Gobierno fue que había que adecuar la construcción de nuevas plantas a una demanda que se había resentido tras la crisis del petróleo de los años 70. Las nucleares españolas (se proyectaron hasta un total de 25 y solo llegaron a funcionar una decena) se iniciaron casi en paralelo a dicha crisis, a la que sucedió un periodo inflacionista y problemas con el tipo de cambio que hicieron que Estados Unidos repercutiese en su tecnología (los reactores Westinghouse, esencialmente) los cambios regulatorios derivados de su propio parón, que acabaron pagando las eléctricas españolas.

Por tanto, fue la caída de la demanda y el incremento de los costes financieros de unos proyectos cuya construcción podía durar hasta una década, las qu motivaron la llamada moratoria nuclear, que supuso la paralización de siete nucleares en marcha: los dos grupos de Lemóniz (en Vizcaya) y de Valdecaballeros (Badajoz), respectivamente, y el Trillo II (Guadalajara). Finalmente, se salvaron del cierre Trillo I y Vandellós II.

Un rescate financiero en toda regla que ha costado a los usuarios eléctricos 5.717,91 millones desde 1996, de los cuales, 1.334 millones corresponden a los intereses pagados por una deuda colocada entre los bancos. Aunque las eléctricas hablan de una compensación por los proyectos parados, el Gobierno la calificó de rescate. El que fuese ministro de Industria desde 1993, Juan Manuel Eguiagaray, recordó en su día cómo “el sector público hubo de rescatar financieramente a las eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico derivado de una planificación delirante, en total contradicción con las necesidades de la demanda”. Yañadió que “los costes de la paralización, así como el saneamiento financiero de las empresas han recaído en los consumidores durante largos años, mediante un recargo en el recibo de la luz”, que ha llegado hasta nuestros días. En 2015 se saldan en la factura los últimos 67,7 millones.

Iberdrola, propietaria del 100%de Lemóniz (a través de la antigua Iberduero) y del 48% de Valdecaballeros (a través de Hidroeléctrica Española, que se fusionaría con aquella) fue la que más recibió: 3.256 millones.

De los problemas financieros del sector, excepto en el caso de la entonces eléctrica pública, Endesa, a la que se excluyó del pastel nuclear, dan cuenta el intercambio de activos entre las compañías al que obligó el Gobierno (de ahí, que distintas empresas compartan el capital de muchas de las actuales centrales, como Garoña, Vandellós, Trillo o Almaraz) o la quiebra que amenazó a algunas, como la catalana Fecsa, después filial de Endesa.

En un primer momento, se estableció un recargo para compensar las pérdidas derivadas de la moratoria, hasta que el siguiente PEN, el de 1991, la convirtió en obligatoria al apostar por la generación eléctrica con gas. En este plan se reconoció una compensación de 3.800 millones por los activos paralizados: a Iberduero -después Iberdrola-, por Lemóniz;a Sevillana de Electricidad -después filial de Endesa- por Valdecaballeros, y a Uión Fenosa, por Trillo).

Posteriormente, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (Losen), de 1994, estableció que estas compañías serían compensadas con un recargo en la facturación por venta de energía a los consumidores, que se fijó en un máximo del 3,54% y por un plazo máximo de 25 años. Además, admitía la posibilidad de ceder el derecho de compensación a terceros de una deuda cifrada ya en 4.278,8 millones. Una medida que se aplicó en 1996 a través del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, que este año será liquidado tras haber sido pagada la deuda con antelación.

La moratoria acabó en 1997 y desde entonces hay libertad para construir este tipo de centrales. Las grandes inversiones que requieren y la seguridad parece haber disuadido al capital.

Las cinco ‘víctimas’ del parón

Aunque hay quien sostiene que la moratoria nuclear en España se debió al rechazo social a la energía nuclear, fueron razones económicas y financieras (alguna eléctrica estuvo al borde de la quiebra) las que llevaron al Gobierno de Felipe González a decretarla. Si bien es cierto que el parque atómicos se diseñó y autorizó en plena dictadura franquista, el rechazo durante la transición política no fue comparable al de Estados Unidos, donde los crecientes movimientos ecologistas y el grave accidente de Three Mile Island, desencadenó una fuerte contestación. Cuando se produjo el siniestro de Chernóbil (Ucrania), en 1986, la moratoria española ya estaba en marcha.

A la hora de elegir qué plantas se cerrarían, la de Lemóniz fue la primera candidata por razones de seguridad. En mayo de 1986, meses antes de la llegada del PSOE al poder, la banda terrorista ETA asesinó a José María Ryan, ingeniero jefe de la central vizcaína propiedad de la antigua Iberduero. Tanto en esta planta como en la de Valdecaballeros, que también se clausuró, se habían realizado inversiones de más de 2.000 millones de euros. Mucho menor fue la que se había destinado en Trillo 1 (66 millones), donde apenas si se había removido el terreno. Teniendo en cuenta la propiedad, las empresas que más dinero recibieron con la titulación nuclear fueron Iberdrola (3.256 millones); Endesa (unos 1.070 millones) y Fenosa (42 millones).

El fondo de titulización fue modificado en 2006 para aligerar la carga en la tarifa de una deuda ya muy reducida (el recargo bajó al 0,33%). Esta se liquida este año, tras haberse acelerado la amortización de los préstamos con los que se financió el rescate a las eléctricas, cinco años antes de lo previsto, en 2020.