El impuesto sobre el patrimonio se resiste a desaparecer
Las comunidades dan por hecho que el Gobierno no eliminará un tributo que aporta 1.000 millones anuales Madrid es la única autonomía que rechaza recaudar el impuesto sobre el patrimonio
El impuesto sobre el patrimonio es el gran superviviente del sistema fiscal español. Se creó en 1978 como un tributo de carácter “extraordinario” y, por lo tanto, transitorio. Duró hasta 2008, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó su supresión con el argumento de que el tributo recaía sobre las clases medias y no sobre los verdaderamente ricos, que contaban con instrumentos para sortear el pago. La crisis económica y el aumento del déficit llevaron al mismo Gobierno socialista a recuperar el tributo para los ejercicios 2011 y 2012. Así, el impuesto, cuyo mínimo exento se elevó de 120.000 a 700.000 euros, debía desaparecer (otra vez) en 2013.
No fue así. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó dos prórrogas más hasta 2014. Si no se modifica la ley actual, el impuesto sobre el patrimonio dejará de tener efecto en 2015. Sin embargo, todo apunta a que el tributo todavía seguirá unos años más. El Ejecutivo planea incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 una nueva prórroga de un impuesto que actualmente declaran más de 173.505 contribuyentes. La recaudación corresponde a las comunidades autónomas, que tienen una amplia competencia y, como ha hecho Madrid, pueden aplicar una bonificación en la cuota del 100%. Ello supone que, a efectos prácticos, los madrileños no pagan el impuesto.
El comité de expertos para la reforma fiscal elegido por Hacienda recomendó en su informe la supresión definitiva del impuesto sobre el patrimonio. Hacienda, sin embargo, ha centrado todos los cambios normativos en el IRPF, IVA y Sociedades. Los impuestos cedidos totalmente a las comunidades, como es el caso de Patrimonio y Sucesiones, han quedado en el limbo a la espera de que el Gobierno acometa el próximo año una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica.
En cualquier caso, la mayoría de comunidades ha reclamado a Hacienda que el Ejecutivo prorrogue la vigencia del impuesto sobre el patrimonio. Fuentes autonómicas aseguran que trabajan con la idea de que Moncloa mantendrá al menos un año más el tributo.
Los últimos datos muestran que la recaudación asciende al entorno de los 1.000 millones, una cifra relevante en un contexto en que las comunidades no logran cumplir el objetivo de déficit impuesto por Hacienda. Los números rojos de las autonomías alcanzaron el año pasado el 1,5%, una cifra que debe bajar al 1% en 2014, al 0,7% en 2015 y al 0,3% en 2016. Con esta situación, los Ejecutivos autonómicos entienden que el margen para perder recursos es escaso y menos en un momento en que Hacienda presiona para que las comunidades emulen en el tramo autonómico del IRPF la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno en el IRPF.
Por otro lado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en diciembre del año pasado, Hacienda exoneró a las comunidades de la obligación de reintegrar al Estado la recaudación del impuesto sobre el patrimonio de 2012 y que se liquida en 2014. Por la supresión del tributo en 2008, se acordó una compensación de unos 2.000 millones anuales a las comunidades. Por ello, los ingresos derivados de la recuperación del tributo debían devolverse al Estado. Ahora, ingresan la compensación y se quedan también la recaudación.