Las eléctricas elevan ante la CNMC los costes extra tras el apagón y meten presión a Ganuza
Hacen llegar al regulador informes donde cuestionan la falta de cobertura jurídica para mantener la operación reforzada, al tiempo que se quejan de la falta de datos fiables de su impacto real
Jueves, 1 de octubre. El flamante presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Juan José Ganuza, se estrenaba ante la plana mayor de las eléctricas, que celebraban su asamblea anual. No era una cita baladí, en tanto se trata de compañías aguerridas, con las que tendrá que convivir y a las que —si la creación de la tan anunciada CNE no lo remedia— regular y supervisar. Catedrático de Economía y Empresa, con larga y brillante trayectoria en el ámbito universitario, les dedicó las mejores palabras. Cortesía obliga. Explicó Ganuza que el sector eléctrico vive un momento decisivo, apoyado en una generación renovable que sirve de escudo perfecto frente la situación geopolítica. En este escenario, la electrificación y la inversión en redes serán la “piedra angular” del sistema, argumentó. Tras la primera toma de contacto y los lugares comunes, no habrá tardado en descubrir, empero, que los allí presentes tienen preocupaciones adicionales. Y que le van a exigir algo más. Por ejemplo, que ponga el foco sobre la llamada operación reforzada del sistema que implementa Red Eléctrica (REE) desde el apagón del 28 de abril.
Según aseguran diversas fuentes conocedoras, ya hay al menos una comercializadora de peso que ha remitido a la autoridad de Competencia un detallado informe en el que le traslada su inquietud por los sobrecostes que supone blindar la seguridad de suministro y que van directamente a sus liquidaciones. Toda una patata caliente. En efecto, desde el infausto cero nacional, la estrategia del operador ha pasado por intensificar el uso de tecnologías denominadas síncronas -ciclos combinados, especialmente, pero también hidráulica o nuclear- con el fin de aportar firmeza al sistema. Esa garantía, no obstante, implica asumir una generosa factura. Y los afectados se quejan de tener que soportarla en sus márgenes sin posibilidad de trasladarla con fidelidad a los clientes. En privado, entre los directivos del sector, se conoce ese menoscabo a sus cuentas como la “tasa Corredor”, en alusión a la presidenta de REE, Beatriz Corredor, con la que las principales compañías del país han mantenido una agria disputa a resultas de las responsabilidades por el apagón.
Con el movimiento ante la CNMC, el conflicto sube de decibelios. Las empresas empiezan a pasar de las musas al teatro y apelan al organismo supervisor, al que la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, otorga funciones de control de la competencia, transparencia, inspección y liquidación del régimen retributivo en ese mercado. Durante la asamblea anual, los ejecutivos de las grandes compañías no fueron pacatos a la hora de expresar su descontento. El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, pidió un “plan de choque” para maximizar la penetración de energías renovables sin comprometer al sistema y alertó sobre el coste de los servicios complementarios. En esta línea, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, criticó la distorsión que supone que el coste de este esfuerzo adicional se endose al consumidor, y la propia presidenta del patronal, Marina Serrano, insistió en que “la cuestión es que no se sabe qué criterios se aplican y no hay transparencia”. En todo caso, pese al consenso general, a nadie escapa que hay un principal perjudicado.
Fuentes del sector explican que el tema todavía no ha escalado de forma decidida porque Endesa y Naturgy -especialmente esta última por sus ciclos combinados- compensan lo que se dejan por la vía de la comercialización con pingües ingresos en generación, en la medida en que el gas como tecnología de respaldo marca el precio del pool. Una de las críticas recurrentes que ha recibido el sector eléctrico español, rastreable desde el entorno académico -por ejemplo, en los imprescindibles estudios de derecho público económico o de la competencia en sectores regulados de Gaspar Ariño- hasta en el día a día de quienes buscan competir con los gigantes energéticos, es la integración vertical de facto de las grandes eléctricas, por mucho que la normativa les obligue a operar con separación societaria. En este punto, Iberdrola es la que menos puede netear generación y comercialización, en tanto es la que menos ciclos acumula y, sobre todo, la que tiene más contratos a precio fijo, lo que le obliga a asumir casi a ciegas los costes de la operación reforzada sin poder repercutirlos al cliente de forma inmediata.
Es escenario constituye el telón de fondo de las alegaciones trasladadas a la CNMC por la compañía que preside Ignacia Galán. En el informe, a cuyo contenido ha accedido Cinco Días, desglosa hasta cuatro argumentos diferentes que cuestionan cómo se está aplicando la operación reforzada. En primer lugar, considera que existe falta de justificación del llamado principio de mínimo coste, a la sazón uno de los pilares que rigen el sistema. Con la defensa del consumidor en el foco, ese precepto establece que cualquier incremento de las cargas debe estar suficientemente justificado y que no basta con invocar, de forma genérica, razones de prudencia o seguridad. De hecho, incorpora la necesidad de que, cuando existan varias soluciones técnicamente válidas y con fiabilidad equivalente, REE evalúe económicamente las alternativas y se decante por la menos gravosa. No le consta a la eléctrica, de acuerdo con su argumentación, que esta comparación se haya realizado de forma individualizada para las medidas adoptadas.
En segundo término, estima Iberdrola que no existe cobertura normativa suficiente, en tanto no se conoce una decisión del Gobierno que ampare esta forma excepcional de operar. Subraya que los estados de alerta o emergencia previstos en los procedimientos tienen, por definición, carácter puntual y transitorio, mientras que la operación reforzada se viene aplicando de forma continuada y sin una fecha concreta de finalización. Por ello, en tercer lugar, constata que es una práctica estructural y no una respuesta puntual ante una incidencia específica y que debería articularse, en consecuencia, mediante los procedimientos regulatorios correspondientes.
Finalmente, en línea con lo subrayado por Ruiz-Tagle, apunta que no existe transparencia e información suficientes, en la medida en que no se han comunicado con detalle los criterios técnicos, la metodología ni el impacto económico individualizado de la operativa. Red Eléctrica se ha limitado a difundir cifras agregadas en notas de prensa, pero no información desglosada. Para la correcta imputación de los costes en la factura, reclaman que se les permita comprobar qué parte de los redespachos y de los costes responde a restricciones concretas y cuáles derivan de la aplicación general del nuevo mecanismo. El diario El Mundo ya adelantó el pasado mes de enero que involucrar a la CNMC en el debate formaba parte de la estrategia de las empresas, al apreciar estas no solo que el modo reforzado no tenía cobertura jurídica en su actual aplicación, sino que era necesaria una auditoría de costes ante la falta de uniformidad en los guarismos.
Preguntada por el encaje jurídico y la transparencia de la operación reforzada, Red Eléctrica defiende el mecanismo puesto en marcha, que asegura se encuentra amparado jurídicamente en el Reglamento de la Unión Europea 2017/1485, de 2 de agosto de 2017. “Cuando proceda, y si el mantenimiento de la seguridad de la operación lo justifica, cada TSO [operador del sistema de transporte, por sus siglas en inglés] podrá preparar y activar medidas correctoras adicionales”, establece dicha normativa. En esta línea, añade que la operación se lleva a cabo con el conocimiento del Ministerio y la propia CNMC, respetando “en todo momento, los criterios de mínimo coste”. De acuerdo con sus cálculos, la programación reforzada supuso hasta el 30 de septiembre menos de 275 millones de euros, lo que se traduciría en 2 céntimos al día para un consumidor medio acogido al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, el equivalente a la tarifa regulada de la luz en España)
La corporación que preside Beatriz Corredor también se ha esforzado por cuantificar la otra cara de la moneda de la operación reforzada, al punto de que el 1 de octubre comunicaba que los servicios de ajuste han elevado en 3.906 millones de euros los ingresos de las generadoras hasta septiembre. “La necesidad de los servicios de ajuste ha evolucionado en paralelo a la intensa transformación que en los últimos años está experimentando el sistema eléctrico español con la incorporación masiva de energía renovable (incluido el autoconsumo), entre otros cambios, por lo que no cabe realizar comparaciones con escenarios anteriores”, remachaba la compañía en un comunicado.
Expedientes y desconfianza
Más allá de la guerra de cifras entre las compañías y REE, es evidente que desde el apagón existe una desconfianza mutua entre los diferentes players que interactúan en el sector, un recelo permanente y por momentos incómodo que resulta letal para el sistema y desconcertante para los ciudadanos. De hecho, no es solo que la relación entre figuras clave del sector eléctrico se perciba fría y poco cordial, sino que a menudo los nervios se sienten a flor de piel cuando coinciden. Beatriz Corredor, sin ir más lejos, ha defendido el mantenimiento de la operación reforzada mientras Red Eléctrica “no esté segura al 100%” de que todos los actores del sistema eléctrico cumplen con su obligación de controlar la tensión. Un sentimiento que provoca cierta desazón.
Por si fuera poco, el cisma sobre la operación reforzada se suma a las decenas de expedientes sancionadores que Ganuza se ha encontrado sobre la mesa por el origen de todos los males: el apagón. Se trata de un ranking de dudoso gusto encabezado por Iberdrola, con Endesa pisándole los talones. Tanto ellas como REE son las que encaran las únicas tres diligencias calificadas de forma preliminar como “muy graves”. Ese escenario es relevante en tanto implica, según reza la ley del sector eléctrico, la comisión de presuntas infracciones con incumplimiento de funciones que derivaron “en perjuicios al suministro”. En el caso de las compañías eléctricas, la cuestión parece acotada, en tanto se sabe que el caso se concentra en la falta de disponibilidad de dos centrales nucleares.
Cuando las tramitaciones finalicen, dentro de periodos largos que pueden alcanzar los 18 meses, puede haber un gobierno de otro signo político. Y en ese escenario, otro presidente en Red Eléctrica. En efecto, el último cambio de guardia en La Moncloa, con la llegada de Pedro Sánchez allá por el año 2018, supuso el adiós del ya fallecido José Folgado, ex secretario de Estado con el PP, y el aterrizaje en el cargo de Jordi Sevilla. Dos meses tardó en producirse. Lo relevante en este caso es que la previsible salida de Corredor si los populares ganan las elecciones el próximo 29-N no finiquita per se ni convierte en evidente el desenlace del conflicto abierto por el colapso de abril. Menos aún si se tiene en cuenta que el episodio está judicializado. Más allá de los necesarios consensos que busque forjar entre bambalinas, un eventual nuevo presidente de REE tendrá que esculpir en el frontispicio de su gestión la defensa de los intereses de los accionistas de una empresa que, al margen de otras consideraciones, cotiza en Bolsa.
Para la CNMC, la situación es especialmente diabólica. Hasta esquizofrénica. No en vano, informes como el de Iberdrola le abocan a una reflexión de fondo sobre si REE está tirando en exceso de los ciclos combinados en la operación reforzada, después de haber abierto un expediente al operador del sistema por un blackout cuyo trasfondo es la posible falta de potencia firme disponible. Ganuza encarará esa aparente contradicción en sus primeros meses en la casa, marcados de momento por la puesta en marcha de una modificación relevante del estatuto orgánico de la CNMC. Quiere el presidente incorporar un economista jefe, una figura difícil de encontrar en España en organismos de esta naturaleza. Desde luego, necesitará perfiles afines, por mucho que el último nombramiento en ciernes haya generado estupefacción en la casa y aflorado un salario que, dado el rango del cargo, no debería bajar de los 100.000 euros brutos anuales. Es impensable que, si se produce un cambio de inquilino en la avenida Puerta de Hierro, este mantenga intocada la estructura de una organización dominada en su cúpula por perfiles con vencimientos largos y adscritos a la actual administración, socios de gobierno incluidos. Habrá movimientos tectónicos. Mejor blindarse. Y buscar compañía de confianza para hacer más llevadero el tiempo en la trinchera.