La reforma del CTE ante su gran prueba: rehabilitar sin aumentar el riesgo de incendio
La modificación del Código Técnico de la Edificación representa una oportunidad histórica para reforzar la seguridad
España afronta uno de los mayores procesos de transformación de su parque edificatorio en décadas. Más de la mitad de las viviendas del país fueron construidas antes de 1980 y el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) prevé actuar sobre más de 4,4 millones de ellas antes de 2030 para mejorar su eficiencia energética, reducir emisiones y cumplir los objetivos climáticos europeos.
Sin embargo, esta transición plantea una cuestión clave que ya no puede quedar en un segundo plano: cómo rehabilitar energéticamente sin incrementar el riesgo de incendio.
La reciente aprobación del Plan Anual Normativo de 2026 por parte del Consejo de Ministros, que contempla la modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y, en particular, del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), representa una oportunidad histórica para reforzar la seguridad de nuestros edificios frente al fuego. Y conviene subrayar el término “histórica”, porque probablemente pasarán años antes de que vuelva a abrirse una reforma normativa de esta magnitud.
Desde el Observatorio aprobamos el borrador del Real Decreto publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El texto incorpora avances relevantes que llevamos tiempo reclamando: el reconocimiento de la necesidad de acercar las exigencias españolas a las de los países de nuestro entorno, la incorporación de requisitos de no combustibilidad en fachadas en función de la altura y el uso del edificio, o la inclusión de barreras cortafuegos cuando se empleen materiales combustibles.
Pero el debate no puede darse por cerrado.
La experiencia internacional demuestra que, cuando se habla de propagación del fuego por fachada, una regulación insuficiente puede tener consecuencias devastadoras. Los incendios de la torre Grenfell, en Londres, o el del barrio de Campanar, en Valencia, evidenciaron cómo determinados materiales y sistemas constructivos pueden favorecer una propagación extremadamente rápida del fuego en cuestión de minutos. Y en este tipo de escenarios no solo están en juego los daños materiales: también la evacuación de los ocupantes, la capacidad de intervención de los servicios de emergencia y, sobre todo, la protección de vidas humanas.
La evidencia técnica es cada vez más contundente. Un estudio reciente elaborado por investigadoras del Instituto Valenciano de la Edificación y de la Universitat Politècnica de València advierte de que los incendios en fachadas de edificios de gran altura se han multiplicado por siete en las últimas décadas, impulsados principalmente por el uso de materiales combustibles y determinados modelos de rehabilitación energética.
El informe concluye además que la sustitución de sistemas combustibles por soluciones no combustibles constituye la medida más eficaz para evitar la propagación exterior del fuego. Según las autoras, una intervención integral en fachada tendría un coste aproximado de entre 10.000 y 15.000 euros por vivienda: una inversión relevante, sí, pero plenamente asumible si se compara con el impacto humano, económico y social que puede provocar un gran incendio.
En este contexto, la reforma del CTE debería aprovecharse para reforzar algunos aspectos fundamentales. La experiencia internacional y la evidencia técnica apuntan a la necesidad de extender las soluciones no combustibles a los edificios de gran altura –a partir de 18 metros– y a inmuebles especialmente sensibles o de mayor riesgo, como hospitales, residencias de mayores, centros educativos o edificios con difícil acceso para los equipos de emergencia.
Extremar la cautela
También resulta necesario extremar la cautela con determinadas vías alternativas de validación de sistemas de fachada basadas en ensayos a gran escala. Aunque el borrador contempla esta posibilidad mediante el uso del ensayo británico BS 8414 para edificios de hasta 28 metros, numerosos expertos internacionales llevan años advirtiendo de que este tipo de ensayos no reproduce toda la complejidad de un incendio real ni las variables asociadas a la ejecución, instalación, envejecimiento o mantenimiento de los edificios. No es casualidad que el propio Reino Unido endureciese posteriormente a la tragedia de Grenfell sus criterios de no combustibilidad en fachadas.
La actualización normativa debería además responder a los nuevos riesgos asociados a la transición energética. Las instalaciones fotovoltaicas forman parte de un modelo energético más sostenible, pero también requieren exigencias técnicas específicas capaces de minimizar el riesgo de incendio y adaptadas a la evolución real del parque edificatorio.
La preocupación social, además, es creciente. Un estudio impulsado por el OBS revela que el 91% de los españoles se muestra preocupado por el uso de productos constructivos que puedan favorecer la propagación del fuego y que más de la mitad priorizaría un equilibrio entre seguridad, eficiencia energética y coste económico a la hora de rehabilitar su vivienda.
Porque la seguridad contra incendios ya no es únicamente una cuestión técnica. También afecta al valor de los activos inmobiliarios, a la confianza de los ciudadanos y a la sostenibilidad de las inversiones en rehabilitación.
España movilizará cerca de 37.700 millones de euros hasta 2030 para avanzar en la descarbonización y la mejora energética de su parque edificatorio. Sería un error histórico que esa transformación se realizase sin incorporar plenamente la variable de seguridad frente al fuego.
La sostenibilidad de un edificio no puede medirse únicamente por su eficiencia energética, sino también por su capacidad para proteger a quienes viven y trabajan en él. La reforma del CTE representa una oportunidad única para avanzar hacia una edificación más segura, resiliente y preparada para responder a los nuevos riesgos del siglo XXI. Aprovecharla o desaprovecharla marcará el nivel de seguridad de millones de viviendas durante las próximas décadas.