Europa no se arruga ante Trump y cerca a las ‘big tech’
Defender la soberanía digital debe ser una prioridad política para la UE; perseverar en ello, caiga quien caiga, es la mejor respuesta
La Comisión Europea dio este martes un paso más en el cerco que desde hace meses despliega sobre las grandes tecnológicas estadounidenses por presuntas prácticas contrarias a la competencia y por abuso de posición dominante. En este caso, estima que Google, filial de Alphabet, podría estar alimentando sin permiso su herramienta de inteligencia artificial (IA) con contenido creado por los medios de comunicación. Llueve sobre mojado. Google ya recibió en septiembre su cuarta multa milmillonaria –de 2.950 millones de euros, en aquel caso– por prácticas monopolísticas en el mercado de la publicidad digital. Y no es ni la única gran tecnológica en el foco ni el único motivo de inquietud de Bruselas, consciente del impacto en las instituciones y en los propios ciudadanos de la falta de contrapesos al poder de las big tech y sus mediáticos y multimillonarios dueños.
Frente a ese desafío, los dirigentes comunitarios no pueden arrugarse y ceder ante el populismo y las declaraciones altisonantes –y hasta groseras– de la Administración Trump. Su secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a afirmar el pasado viernes, tras la última sanción de 120 millones de euros a la antigua Twitter por incumplir con sus obligaciones de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios, en el acceso a los datos para los investigadores y en el diseño de su versión de pago, que la decisión no era solo “un ataque contra X, sino contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo norteamericano por parte de Gobiernos extranjeros”. Ante las bravuconadas, la mejor prueba de la validez de la hoja de ruta comunitaria son los hechos. La propia Meta se comprometía esta semana a permitir, por primera vez, que los usuarios europeos puedan limitar la publicidad individualizada en sus cuentas de Facebook e Instagram, después de recibir en abril una multa de 200 millones por ese concepto. Todo un hito que apuntala el dicho: a confesión de parte, relevo de prueba.
Defender la soberanía digital debe ser una prioridad política para la UE. La dialéctica entre regulación y desregulación que quiere imponer Donald Trump en su relación con Europa, a la que busca torcer el brazo a cualquier precio y desde diferentes ángulos, esconde que la normativa digital comunitaria –imbricada sobre todo en la Ley de Servicios Digitales (DSA)– no solo es igual para todos, sino que persigue el legítimo afán de garantizar un entorno justo y transparente para el ecosistema digital europeo. Perseverar en ello, caiga quien caiga, es la mejor respuesta.