De recibir el más jugoso dividendo de la paz, a reinvertirlo en cañones
España debe elevar el gasto anual en defensa a un mínimo de 45.000 millones, un terremoto para su política fiscal
La estrambótica, zigzagueante e impulsiva forma de gobernar el mundo que ha traído Donald Trump es una bendición para Europa. Aunque no lo parezca. Tendrá un elevado coste en el corto y medio plazo para los europeos, pero forzará al Viejo Continente a ponerse las pilas, a ser lo que siempre ha querido y debido ser, a superar la sempiterna resistencia a la plena integración política y militar, a culminar la unión monetaria, bancaria y fiscal; a cerrar el círculo que la convierta en los Estados Unidos de Europa para tratar de igual a igual sin bajar la mirada a América y a China, y a perder el miedo al expansionismo ruso. Y cuando Trump se vaya, el alineamiento estratégico con Estados Unidos, el vigor del atlantismo, se restablecerá.
Y lo que vale para Europa, vale para España, seguramente con más coste, porque hasta ahora ha disfrutado de mayor proporción del dividendo de la paz, esa capacidad de desviar el ingrato gasto público que se ahorraba en la defensa a las partidas más sociales, más pintonas, más apreciadas por la sociedad. Deberá reinvertir tales dividendos en cañones renunciando a una cuota de mantequilla. No es agradable, pero es necesario, porque la sociedad tiene asumido que la amenaza rusa para la paz en Europa existe, y que la protección ejercida por América durante casi ocho décadas, está en cuestión, y que solo se mantendrá si se hacen a este lado del Atlántico esfuerzos similares a los de la otra orilla.
Los dividendos de la paz, la capacidad de ahorrar en defensa para gastar en programas más agradables, fueron popularizados por Margaret Thatcher y George Bush tras la caída del régimen soviético, y dar por hecho que la amenaza del gigante euroasiático había desaparecido. El gasto global en defensa en el mundo descendió del 4% en 1990 a umbrales inferiores al 2% actuales, que ya han repuntado de nuevo en los últimos años. Y los dividendos de la paz han oscilado en función de la política geoestratégica de cada país, con cálculos medios que cifran el alemán en unos 20.000 millones de euros al año y en 10.000 millones el obtenido por España.
En el caso español los beneficios de la paz son generosos desde la adhesión del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en mayo de 1982 (decisión del Gobierno centrista de Leopoldo Calvo-Sotelo, reforzada tras referéndum ulterior bajo Gobierno socialista de Felipe González). La pertenencia al club le permitió delegar funciones de defensa en la OTAN y destinar más recursos a los capítulos sociales y otros de gran exigencia como la reconversión industrial.
Comparando los veinticinco años últimos del siglo pasado con los veinticinco que le precedieron, el gasto militar se redujo a un tercio y el social se multiplicó por cinco, tal como revela un detallado estudio de José Jurado Sánchez sobre El dividendo de la paz. Defensa, economía y gasto social en España en la segunda mitad del siglo XX. Y si el gasto en defensa creció un 66% en la década de los noventa respecto a la de los cincuenta, el destinado a educación y sanidad se multiplicó por veinte. Además, durante la Guerra de los Balcanes, en los noventa, embolsó el suculento dividendo extraordinario que recibía en forma de polo turístico seguro, y que se prolongó durante lustros.
Pero España es también el país que más arrastra los pies en la reinversión en defensa de los dividendos de la paz, pese a disfrutar de crecimientos generosos de su riqueza. Desde que en 2014 la OTAN, alarmada por la invasión rusa de Crimea, decidiera que todos sus miembros debían elevar el gasto defensivo al 2% de su PIB como tarde en 2024, solo veintidós países europeos han honrado el compromiso, y unos pocos, España entre ellos, no lo han hecho.
España gastaba en 2014 unos 9.600 millones de euros, un 0,9% de su PIB en defensa, y ahora 19.700 millones, pero solo supone el 1,28% de su riqueza nacional (Félix Arteaga, Real Instituto Elcano). Su compromiso más reciente es alcanzar el 2% antes de 2029, lo que en euros de hoy serían unos 31.000 millones al año. La diferencia entre el gasto y el compromiso adquirido ha permitido a España seguir engordando su particular cupón de la paz en unos 10.000 millones adicionales cada ejercicio. Y ahora tendrá que buscar fórmulas para reinvertirlo, sea con la generación de nuevos recursos, o con la reducción de otras partidas sensibles para atender las exigencias de la defensa, lo que supondría renunciar a una cuota razonable de mantequilla para destinarla a cañones, utilizando el símil que se popularizó ya en EE UU tras la Gran Guerra.
Y el quid de la cuestión está precisamente ahí, porque a nadie le gusta quitar partidas sociales para ponerlas en carros de combate, y al Gobierno actual, menos, porque tiene dentro a buena parte de la oposición, que defiende las más extravagantes posiciones, desde abandonar la OTAN, hasta ver con simpatía las bravatas militares de Rusia, como quedó de manifiesto con los silencios cómplices de hace tres años cuando Moscú invadía Ucrania.
Pero el reto presupuestario es mayor, en un país que carece de Presupuesto normalizado y se administra con la prórroga de uno de hace tres años. Y por urgente necesidad que se arguya ahora por quien en el pasado lanzó la boutade de eliminar el ministerio de Defensa, no sería de recibo incrementar el gasto en defensa en las cuantías que se precisa con el ordeno y mando de los reales decretos, a los que tienen tanta querencia el Ejecutivo. Porque además de recuperar en gasto en seguridad nacional el tiempo perdido, la OTAN requiere ya elevarlo en todos sus miembros a “más del 3%”, y la Casa Blanca habla ya del 5%.
El 3% supondría ahora más de 46.000 millones de euros, y el 5%, 75.000 millones. Para España son cantidades inasumibles por cualquiera de los mecanismos de financiación a su disposición. Pero lo que sí está claro es que cambiará dramáticamente la política presupuestaria y fiscal de España en los próximos años, salvo que sus peticiones a Europa de mutualizar todo el esfuerzo, sea admitido. Hasta ahora, Bruselas solo habla de disponer de créditos por 150.000 millones, pero deja el resto del esfuerzo (otros 650.000) a las cuentas nacionales.
No es cosa menor que Europa admita ventanas concretas para esquivar las reglas fiscales que tanto ha tardado en diseñar, y que va en paralelo a la apertura del corsé constitucional al gasto y la deuda aceptado por Alemania a propuesta del próximo canciller. En todo caso, los excesos de déficit imputables a defensa sobre los umbrales marcados por las reglas fiscales serán limitados (se maneja un máximo de 1,5% del PIB).
Ahora la cuestión es buscar tales recursos, ya sea con ampliación del crédito tomado en los mercados en un país que tiene una deuda que supera su riqueza nacional, con desviaciones de otras partidas, o con incrementos adicionales de la presión fiscal que no otra cosa que subir ha hecho en los años del Gabinete Sánchez.
Distintos think tank europeos dan pistas de dónde podrían obtenerse los recursos en Europa para evitar el recurso sistemático a la deuda. Uno de ellos, financiado por el Gobierno danés (Consenso de Copenhague), pide desviar buena parte del programa climático (más de 350.000 millones) a seguridad, ya que considera que las exigencias climáticas europeas restan crecimiento. Incluso investigadores de Bruegel son partidarios de revisar algunos programas climáticos, y analistas del Instituto Egmont de Bruselas apuntan a la posibilidad de recortar los programas de cohesión y desarrollo regional.
Incluso algunos de los países más cercanos a la frontera rusa y que más han incrementado su gasto con celeridad ya desde 2014, como Letonia y Lituania, han activado un impuesto especial a la banca para financiar el sobrecoste de la defensa, y alcanzan ya el 3% de sus respectivos productos nacionales. Polonia, que es ahora el país del mundo que más recursos destina a su defensa en relación a su riqueza, porque tiene al enemigo potencial muy cerca de casa, a unos centenares de kilómetros, lo ha hecho renunciando a otras políticas más amables.
Las emisiones de deuda patriótica, que también han salido a colación, parecen un instrumento algo exagerado, más propio de situaciones de guerra caliente que de fría, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial en varios países, Reino Unido entre ellos, que emitieron bonos perpetuos para tal fin, y que han recomprado para amortizar cien años después.
España ha experimentado en los últimos años un incremento muy fuerte en el gasto, con la aparición de nuevas figuras en partidas sociales, y reforzamiento de las existentes (la factura de pensiones ha pasado de 143.000 millones en 2018 a superar los 200.000 en 2025), mientras que ha sido menos expansiva en inversión pública. El compromiso que ahora mantiene el Gobierno es que no habrá recortes de gasto social (que absorbe casi el 60% del presupuesto estatal) para financiar la defensa. Por tanto, todo aquello que no proporcione Europa tendrá que salir de la reducción de otros capítulos, subidas de impuestos o recurso a la deuda.
José Antonio Vega es periodista.