Hacienda debería usar un lenguaje más claro con el contribuyente
Que los ciudadanos entendieran mejor los derechos y las obligaciones tributarias redundaría en un sistema más eficiente
El lenguaje fue creado teóricamente por el ser humano como una herramienta para facilitar la comunicación y, con ello, minimizar los conflictos. Sin embargo, la práctica nos muestra un panorama bien distinto: el lenguaje, con inquietante frecuencia, se emplea para manipular, distorsionar o encubrir la verdad, e incluso como mecanismo de coerción. A lo largo de la Historia, esta apropiación interesada del lenguaje ha sido una constante, protagonizada muchas veces por instituciones políticas y religiosas. Podría parecer lógico pensar que el vertiginoso avance tecnológico y comunicacional de los últimos 50 años –con un acceso sin precedentes a la información y a las herramientas de comunicación– habría allanado el camino hacia una mayor transparencia y claridad. Pero, lamentablemente, no es así. En demasiadas ocasiones, el lenguaje sigue siendo un muro levantado por quienes deberían ser los primeros en derribarlo.
Un claro ejemplo de este uso distorsionado del lenguaje lo encontramos en el ámbito administrativo, cuya misión debería ser, ante todo, ofrecer certeza, seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. La comunicación oficial debería permitirles entender con claridad qué se espera de ellos y cómo deben proceder. Sin embargo, basta recibir una notificación de la Agencia Tributaria para comprobar lo lejos que estamos de ese ideal. Quienes han intentado descifrar una carta de Hacienda conocen bien esa mezcla de desconcierto y ansiedad que genera no solo el posible impacto económico, sino también la frustración de enfrentarse a un lenguaje técnico, opaco y deliberadamente enrevesado. En lugar de facilitar la comprensión, estas comunicaciones parecen diseñadas para desorientar, cuando su finalidad debería ser todo lo contrario: simplificar y guiar al ciudadano en sus obligaciones.
Un estudio que hemos hecho recientemente arroja luz sobre esta problemática al poner cifras a una percepción generalizada: cerca del 70% de los autónomos españoles consideran que el lenguaje empleado por el fisco en sus comunicaciones es excesivamente “complejo”. Este dato se agrava con otro igual de preocupante: un porcentaje similar afirma sufrir estrés y ansiedad al recibir requerimientos de la Agencia Tributaria. Estos hallazgos deberían llevarnos a reflexionar sobre la urgencia de simplificar y hacer más transparentes las comunicaciones oficiales, especialmente cuando, según el mismo estudio, un 10% de los trabajadores autónomos ha sido sancionado debido a una mala interpretación de los mensajes recibidos. Este escenario, además de injusto, pone de manifiesto una desconexión entre la Administración y las necesidades reales de los ciudadanos.
Hacienda no es ajena a esta problemática. El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria (Agenda 2023) incluye, entre sus objetivos, la simplificación del lenguaje tributario y la reducción de la carga administrativa, lo que en teoría refleja una voluntad de mejora. Sin embargo, los últimos estudios sugieren que estos esfuerzos están lejos de ser efectivos. Al analizar el contenido del propio plan, queda la sensación de que sus prioridades están más orientadas a la optimización de los recursos internos de la Administración que a garantizar una comunicación clara y comprensible para los contribuyentes. Esto plantea un desafío fundamental: si la simplificación no se traduce en un cambio tangible para el ciudadano, las buenas intenciones pierden su valor práctico.
De hecho, la propia redacción de la Agenda 2023 deja entrever que los objetivos principales del plan están más enfocados a reducir los costes indirectos para la Administración y a aumentar los índices de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Si bien estas metas son legítimas desde el punto de vista operativo, contrastan con lo que debería ser una prioridad en un documento de esta naturaleza: promover la transparencia y ofrecer un apoyo real al contribuyente. Esta falta de enfoque en las necesidades ciudadanas refuerza la percepción de que, más que simplificar y facilitar la relación con el fisco, el plan parece diseñado para optimizar la eficiencia interna de la Administración.
De las opiniones recabadas de los autónomos consultados, se desprenden también otras conclusiones significativas. Entre ellas, que Hacienda llega a ejercer en sus comunicaciones un abuso de poder derivado de la falta de claridad y de la complejidad del lenguaje que emplea, lo que deriva para ellos en una situación de indefensión. En otras palabras, los tecnicismos empleados por Hacienda a la hora de dirigirse a los autónomos anulan su capacidad para comprender y poder corregir los errores o reclamar ante posibles medidas punitivas, como se pone de manifiesto en el hecho de que, como algunos estudios apuntan, solo se reclamen ante los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) entre un 2% y un 3% de las situaciones que podrían ser susceptibles de ser analizadas por ellos. De nuevo, el desconocimiento y el miedo a las consecuencias económicas de las reclamaciones están en la base de este comportamiento.
En definitiva, y en vista de lo que nos dicen los propios contribuyentes (en este caso autónomos), no parece que la intención de la Agencia Tributaria pase por simplificar las comunicaciones y facilitar su comprensión. Más bien al contrario, sus acciones indican la negación de la simplicidad en el lenguaje tributario, quizás por un temor infundado a banalizar la cultura fiscal y tributaria o a que el número de reclamaciones y actos en su contra se multiplique en los tribunales, lo que supondría una merma, que cabe presumir importante, en la recaudación de la propia Administración.
No obstante, esta postura refleja una interpretación equivocada del problema. Los expertos en psicología del comportamiento y toma de decisiones han demostrado que simplificar el lenguaje tributario no solo democratizaría la cultura fiscal, sino que también permitiría a los contribuyentes entender mejor tanto sus derechos como sus obligaciones. Este cambio no solo facilitaría el cumplimiento voluntario, sino que redundaría en un sistema más eficiente y, paradójicamente, en una reducción efectiva de los costes administrativos, esa prioridad que parece dominar los planes estratégicos de Hacienda.
Además, un cambio hacia una comunicación más clara y accesible podría disminuir significativamente los errores en las declaraciones de impuestos, lo que aliviaría la carga administrativa del Estado, al reducir la necesidad de correcciones y comprobaciones. Pero el impacto iría más allá: fomentaría una cultura de transparencia y confianza en la Administración pública, fortaleciendo la relación entre el Estado y los contribuyentes. Este enfoque, en última instancia, no solo beneficia a los ciudadanos, sino también al propio sistema tributario.
Enrique Guinot es CRO de Declarando