Mónica García, el nexo entre la Coca Cola y la falta de médicos
La ministra presenta a la sanidad pública y a la privada como competidoras, cuando no son opciones y una es cliente de la otra
La metáfora es un gran recurso para explicar cuestiones complejas, pero cuidado con la dosis. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido justificar la exigencia de dedicación exclusiva a los médicos que son jefes de servicio de los hospitales públicos, lo que les impide trabajar en la sanidad privada, aseverando que “nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y en Pepsi a la vez. Sabemos que genera conflicto de interés y malas prácticas que perjudican a nuestro sistema de salud”.
La competencia de esas multinacionales con la relación entre la sanidad pública no tiene parangón posible. Primero, porque los españoles no optan entre sanidad pública o privada. Elegir significaría que si pagas el seguro privado, el Estado te abona la parte de tus impuestos que financia la sanidad pública (cheque sanitario); algo que afortunadamente no pasa, puesto que supondría desmontar el sistema nacional, la muerte de la universalidad de la salud y la expulsión de las familias con menores recursos. Segundo, porque el principal cliente de la sanidad privada es la pública, que deriva millones de pruebas y operaciones con el fin de aliviar las listas de espera. Por tanto, la interrelación y cooperación entre lo público y lo privado define a la sanidad española, una fórmula que permite que se aprovechen mejor unos recursos humanos y materiales escasos y caros, y donde es difícil encontrar trazas de cola.
La sanidad es la principal partida de gasto de las comunidades autónomas, igual que las pensiones para el Estado. Ambas tienen un enorme impacto en la población y en el voto, por lo que la batalla política las ha convertido en grandes argumentos que tirarse a la cabeza. La Constitución consagra el derecho a la protección de la salud (Artículo 43) y la Ley General de Sanidad, los principios de financiación pública, universalidad y gratuidad de la cobertura de la sanidad pública. Esta ley, que se ha ido adaptando con el tiempo, marca la equidad como principio general del Sistema Nacional de Salud. Cumplir ese principio implica garantizar que el acceso a la sanidad y sus prestaciones se produce en igualdad de condiciones efectivas en todo el territorio, en todas las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias desde 2002. Sin embargo, hay datos que ponen de manifiesto que esa equidad no es real, como evidencia que haya regiones con listas de espera tres veces superiores a otras.
Estas desigualdades deberían ser vigiladas y expuestas al público por el Ministerio de Sanidad, para así provocar que las comunidades compitan en buena gestión; de lo contrario, reducir el gasto en la sanidad pública no tiene penalización y el ciudadano acaba recurriendo a la sanidad privada como vía efectiva de resolver sus problemas de salud. El crecimiento de las listas de espera y la saturación de la atención primaria y de los hospitales son la principal causa del aumento del gasto público en sanidad privada y del gasto de las familias en seguros privados.
En 2022, el gasto sanitario en España alcanzó 131.984 millones de euros, y el 48% fue gestionado por la sanidad privada, según datos facilitados por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de las empresas privadas de este sector. Al tiempo, los seguros privados de salud no paran de crecer, y en 2023 alcanzaron 12,4 millones de pólizas y un gasto de 11.098 millones. En diez años han crecido un 30% el número de asegurados y un 55% el coste. Uno de cada cuatro españoles ya cuenta con seguro privado de salud, el 60% en tres compañías (Adeslas, Asisa y Sanitas).
La evolución del seguro privado está totalmente ligada a la saturación de la sanidad pública y el consecuente deterioro de su calidad, al menos la percibida, y la pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión. Según el Barómetro Sanitario elaborado por el Ministerio de Sanidad, con encuestas del CIS, la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad pública se encuentra en mínimos. En octubre pasado, el 54,6% de los españoles señalaba que el sistema sanitario “funciona bien”, un 28,9% que “necesita cambios funcionales” y un 15,7% que “funciona mal y necesita cambios profundos”. Antes de la pandemia, la opinión favorable era del 70%, y la más negativa, del 4%, lo que evidencia un profundo deterioro.
Ya lo dijo el año pasado Carlos Rus, presidente de ASPE, en la presentación del informe del sector: “El papel de la sanidad privada es la descongestión del sistema público”. El 57% de los hospitales que hay en España son privados, aunque el mayor tamaño de los públicos supone que, medidos en camas hospitalarias, que es más relevante, el peso de lo privado baja al 32%. Esa es la media nacional; en las tres regiones más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid), el sector privado ya alcanza al 64% de las camas. Más población, y concentrada en grandes ciudades, hace más atractivos para el sector privado a esos territorios. Cataluña y Madrid presentan el mayor porcentaje de gasto público destinado a pagos a la colaboración con la privada, con un 22,7% y un 12,4%, respectivamente. En el otro extremo está Castilla y León, donde solo el 2,9% del presupuesto público va a la sanidad privada, menos interesada en una región dispersa y que va a menos. Si el sesgo del gasto fuera tan ideológico, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, cerraría el camino a la privada, algo que no va a pasar.
El problema de la sanidad española no es de conflicto de intereses ni de malas prácticas porque haya médicos trabajando en la pública y la privada, como alega la ministra. El drama es la falta de profesionales y su avanzada edad. El 25,4% de los 301.684 médicos tiene más de 65 años, y otro 19,4% está entre 55 y 65 años, según datos del INE. Disponer de más profesionales no se soluciona limitando la interacción entre lo público y lo privado, si no con más presupuesto para fabricar más médicos y darles condiciones para que se queden en España, en vez de exportarlos a Europa. En 2023, las facultades españolas de Medicina produjeron 6.587 médicos y se homologó a 8.747 titulados en el extranjero. ¿Tiene sentido? El problema de Mónica García y, en general, de Sumar, es mirar todo bajo el prisma ideológico, lo que te puede llevar a confundir la Coca Cola con las colas de las listas de espera.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información