Asuntos menores que dan sentido a la política
Un asunto ‘menor’, como el exceso de trámites para los permisos y sus dilatados tiempos de concesión, está dificultando la libre competencia
Mao Zedong criticaba en su Libro Rojo a aquellos dirigentes del partido que despreciaban las tareas pequeñas, pero que no estaban a la altura de las grandes. Salvando las distancias, el concepto podría trasladarse a nuestra democracia enferma: no aborda los grandes problemas que requieren de pactos transversales, pero desprecia el día a día por ser poco mediático.
Hablaré de dos asuntos pequeños, a los que no se presta atención, pero que son tremendamente útiles para el día a día de muchos ciudadanos. Asuntos que no coparan titulares, pero que según las decisiones que adopten los responsables políticos y administrativos, pueden mejorar o empeorar la vida a cientos de miles de ciudadanos. Nada del gran relato, nada que afecte a las creencias de nadie, nada que obligue a seguir instrucciones partidistas. Solo temas de la vida cotidiana cuya gestión depende de los políticos. Hablo, como ejemplo, de proteger mejor a los prestatarios de créditos al consumo y de facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Navidad y rebajas de enero son buen momento para hablar del aumento que está experimentando el crédito al consumo en España. Hablamos de cifras cercanas a 30.000 millones de euros al cierre de 2024, con un stock acumulado de 170.000 millones de euros y una elevada tasa de crecimiento en los últimos meses: ante el freno de los hipotecarios, tanto bancos como clientes son más proclives a recurrir al crédito al consumo. En paralelo, las cifras de sobreendeudamiento de las familias crecen y, con ellos, los impagos hasta alcanzar el 7%, la mayor tasa en los últimos tiempos, lo que justifica la alerta del supervisor bancario, escaldado por la experiencia de la crisis en 2008, de los créditos subprime.
El crédito al consumo, además, se ha visto revolucionado por la digitalización, en dos planos: aparición de nuevos productos y, en paralelo, surgimiento de nuevos agentes que, como las Fin Tech o las plataformas de préstamos entre particulares, no están bajo la órbita supervisora del Banco de España y es de donde proviene un elevado número de problemas con los llamados créditos rápidos que acaban generando deudas en cadena. Por todo ello, la Unión Europea acaba de actualizar su Directiva sobre el crédito al consumo, poniendo énfasis en el crédito responsable que busca crear un escudo protector del consumidor. Para ello, impone a la entidad prestamista, bancaria o no, la obligación de evaluar la solvencia del consumidor mediante el análisis de aquellos datos que considere relevantes para prevenir el sobreendeudamiento, entre los que destacan los informes crediticios, que pueden ser negativos (ficheros de morosos) o positivos (historial completo de sus créditos) y, tanto unos como otros, pueden ser públicos o privados.
Si el objetivo es proteger al consumidor, evitando el sobreendeudamiento y, para ello, es obligatorio acceder a los datos que permitan evaluar la capacidad de pago de los prestatarios, parece evidente que estas bases de datos deben de estar accesibles para todos, en todas sus variantes (negativo y positivo) y ofrecidas por todos los agentes capacitados para ello (públicos y privados).
Así, al menos, funciona en otros países de la Unión Europea, menos en España, donde los informes positivos regulados se limitan a una base de datos pública, que contiene la información facilitada, solo, por las entidades bajo la supervisión del Banco de España que es el responsable del fichero. Esta anormalidad comparativa hace muy difícil para muchos autónomos, pymes y entidades no financieras, cumplir cabalmente con la obligación, establecida en la Directiva, de comprobar la solvencia del prestatario y deja a muchos consumidores sin la protección establecida por la UE, facilitando el que se sigan disparando las tasas de sobreendeudamiento en España.
El Gobierno, junto con Sus Señorías del Congreso, pueden acabar con esta excepcionalidad española y, en aras de facilitar la inclusión financiera de todos los colectivos, aprovechar la (pendiente) transposición de la Directiva y equiparar la regulación de los ficheros positivos a la existente en otros países europeos y a la que ya tienen, aquí, los negativos, en dos aspectos esenciales: mismos requisitos de protección de datos y autorización para que existan, también, ficheros privados positivos.
En otro orden, pocos dudarán que la descarbonización es uno de los objetivos centrales de los Gobiernos que, en España, se encuentra atascada por el escaso avance efectuado en el sector del transporte (25% del total de emisiones) en parte, por el retraso en la electrificación móvil y en la imprescindible instalación de puntos de recarga. En ese contexto, se ha creado una patronal (AORU) con los seis principales operadores de recarga ultrarrápida con un objetivo principal sorprendente: conseguir reducir las trabas administrativas existente, para instalar y conectar a la red los puntos de recarga. Acabamos 2024 con 37.000 puntos operativos, cifra muy alejada del objetivo de 64.000 necesario para cumplir los planes.
Repito: una política que es prioritaria para el Gobierno y la oposición, se encuentra bloqueada por el exceso de burocracia de las administraciones gobernadas por el Gobierno o por la oposición dejando, con su inacción, que el mercado acabe controlado por un oligopolio de grandes empresas energéticas. Un asunto menor, como el exceso de trámites para los permisos y sus dilatados tiempos de concesión, está dificultando la libre competencia y frenando una medida relevante de la política de país.
Son solo dos de los cientos de asuntos que pasan por las mesas de altos cargos, ministros y diputados sin que, normalmente, les presten demasiada atención. No generan grandes controversias partidistas, pero facilitan la vida a la gente y, si, eso sí, obligan a vencer la oposición de poderosos grupos de interés que prefieren que nada cambie porque ya les va bien…. a ellos. Son, pues, esas cosas menores, pero que dan sentido y profundidad a la gestión de la cosa pública, a la política en democracia, a esa que busca, simplemente, hacer algo por interés general, hoy en serio riesgo de extinción.