Nucleares: necesarias en Europa, ¿y en España?
El Gobierno debería paralizar el cierre de las plantas y revisar a la baja el sobrecoste fiscal cargado sobre ellas para que puedan volver a operar en condiciones de mercado
Las centrales nucleares con necesarias en Europa, coinciden el próximo comisario de Energía y la próxima vicepresidenta española de la Comisión, Teresa Ribera, en sendas declaraciones. En la Unión, la energía nuclear representa un 26% de la electricidad producida, con Francia a la cabeza: el 70% de su electricidad se produce en los 56 reactores de los que dispone. Y es la República Checa la que más está invirtiendo en nuevas centrales para acelerar su transición energética.
En todo el mundo hay actualmente en operación más de 400 reactores en 33 países, que producen el 10% de la electricidad mundial. Muchos de ellos tienen autorización para operar durante 60 años o más y, recientemente, se está desatando una especie de fiebre nuclear con nuevas inversiones proyectadas o iniciadas en muchos países, con China destacada, como forma de contribuir a la descarbonización.
Por ello, la nueva Comisión Europea ha declarado que apoyará el uso de la energía nuclear, y destaca incluso la candidata a vicepresidenta en el cuestionario presentado por la Eurocámara que “los pequeños reactores SMR aumentarán la capacidad de producción e innovación de la UE”. Se prosigue, así, con la consideración de la energía nuclear como parte de la taxonomía verde, que ya hizo la anterior Comisión con apoyo del Parlamento Europeo en 2022, ya que se considera que, sin la nuclear, no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos climáticos a tiempo; y recordemos que, en 2023, se han seguido incrementando las emisiones mundiales de CO2, en contra de lo pactado, y que las probabilidades de superar los 2ºC de elevación media de la temperatura del planeta son mayores hoy que cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015. Si, como se ha constatado en la reciente COP29 de Bakú, no se garantiza el flujo suficiente de financiación a los países más atrasados para ayudarles a su descarbonización, el riesgo de llegar a los 3ºC a finales de siglo es altamente probable.
A pesar del apoyo explícito que Europa y la nueva Comisión hacen a la energía nuclear, la decisión sobre el mix energético concreto de cada país es nacional. España, hoy, es el único país de Europa y del mundo que mantiene el compromiso de cierre paulatino de sus siete plantas nucleares, empezando este año con la de Almaraz I, y finalizando en 2035, en contra, incluso, de una recomendación explícita en sentido contrario realizada por Draghi en su informe. ¿Cuáles son las razones que explican esta excepción española? ¿Por qué lo que se considera necesario para Europa y otros países no lo es para España, y solo para España? ¿Se trata de una nueva versión del castizo que inventen ellos, al dejarnos al margen de la innovación que, se dice, representan los nuevos minireactores nucleares?
Los partidarios, dentro del Gobierno, de proseguir con el cierre previsto sin alteraciones, ante la ausencia de argumentos sólidos, en medio de un nuevo despertar mundial de la nuclear, se aferran, cada vez más, a que el protocolo de cierre fue acordado en 2019 por las empresas propietarias de las centrales y Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, y a que el Gobierno se ha limitado a recogerlo en sus Planes Energéticos de Energía y Clima y en el Plan de residuos radioactivos, el último de los cuales fue aprobado en diciembre de 2023.
Y es cierto que las tres empresas propietarias acordaron el cierre nuclear con la Administración. Pero no es menos cierto que fueron forzadas a pactarlo, dado que el Gobierno les había impuesto una sobrecarga fiscal excesiva que hacía inviable el mantenimiento de las centrales en funcionamiento: si me obligas a perder dinero si las mantengo en marcha, me estás forzando a cerrarlas, que era el objetivo declarado del Ejecutivo, por una mezcla de ecologismo trasnochado, intransigencia y el relato de los llamados “beneficios caídos del cielo” que, según se dijo, obtenían las centrales nucleares al estar sus instalaciones supuestamente amortizadas, lo que justificaba la sobrecarga fiscal.
Así, la política energética del Gobierno -a la vez que subvencionaba a las renovables aceptando los elevados beneficios, estos sí caídos del cielo, que obtenían por la gran diferencia entre coste y precio medio del mercado (como se dijo luego, cobraban mortadela a precio de jabugo)- penalizaba fiscalmente a las nucleares hasta hacerlas inviables económicamente para forzar su cierre. En esta estrategia, incluso se obligó a las centrales a hacerse cargo de los costes del almacenaje de los residuos, asunto que podría corresponder al ámbito de quienes decidían: las políticas públicas, financiadas con Presupuestos. Por cierto, la incapacidad del Gobierno de conseguir una localización para el Almacén Único de residuos, como estaba previsto, obligó a reasignarlo en siete ubicaciones, lo que eleva el coste de almacenamiento, que, en decisión unilateral del Ejecutivo, se trasladó también a las empresas, en lo que podría considerarse una ruptura del anterior acuerdo.
Conforme se acerca la fecha que haría irreversible el cierre de Almaraz I, las posiciones políticas se están redefiniendo. Así, en dos de las comunidades autónomas donde hay centrales (Extremadura y Comunidad Valenciana), sus Parlamentos se han posicionado contra dichos cierres, así como muchos de los ayuntamientos donde se sitúan las plantas. En otra, Cataluña, también se han manifestado en contra la patronal Foment del Treball, colectivos ciudadanos y Junts. UGT también ha hecho saber su posición contraria y, en el Congreso, el PP ha presentado una Proposición No de Ley para evitar el cierre, que seguramente será aprobada por mayoría de la Cámara, infligiendo otra derrota al Gobierno... salvo que este decida alinearse con Europa en el asunto nuclear y paralice el cierre de las plantas, seguido de una revisión a la baja del sobrecoste fiscal cargado sobre ellas para que puedan volver a operar en condiciones de mercado. Esta sería, hoy, la opción más razonable para el país y, también, para la inmensa mayoría de los socialistas.
Jordi Sevilla es economista