La política se instala en el relato y provoca el hartazgo ciudadano

Los políticos son el principal problema (CIS) y el PP pone un militar al frente de la reconstrucción en Valencia para usar el crédito del Ejército

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (centro), acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (izquierda), el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (segundo por la izquierda), y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (derecha), el 31 de octubre en Valencia.Kai Försterling (EFE)

La dana ha dejado al desnudo las prioridades de los políticos. El presidente de la Comunidad Valenciana (PP) empleó tres horas claves en, según su último relato, comer con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión regional. Era el 29 de octubre, el día del diluvio. Al día siguiente, la junta de portavoces del Congreso de los Diputados acordaba la suspensión de la sesión de control del Gobierno, pero, a instancias del PSOE, mantenía el debate para convalidar el real decreto que ha permitido al Gobierno renovar el consejo de RTVE por mayoría simple, frente al sistema de mayoría de dos tercios que había hasta ahora.

La obsesión de Gobiernos y partidos políticos con los medios de comunicación en general, y con la televisión en particular, no es nueva, ni exclusiva de España; pero se ha hecho más acuciante con la fragmentación de las audiencias, que incrementa la dificultad de llegar al ciudadano. La capacidad de atracción de las redes sociales y las plataformas digitales, así como la multiplicación del número de medios, han generado un nuevo ecosistema en el que todos compiten por captar la atención. Los políticos podrían haber apostado por separarse del ruido de las redes y construir su propio espacio seguro, sosegado, fundamentado en datos, pero han preferido el trumpismo.

Resultado: los ciudadanos ven la política como un problema. El barómetro del CIS de noviembre lo deja claro. A la pregunta de cuál es el principal problema de España en estos momentos, un 37,6% responde espontáneamente que los políticos, en cuatro maneras diferentes. La encuesta se hizo entre el 2 y el 9 de este mes, con las calles y el debate político embarrados.

El epítome de esta crisis de confianza en la política ha sido designar a un militar como vicepresidente del Gobierno valenciano para la Recuperación. No es que Carlos Mazón no haya encontrado a nadie de valía en el entorno político del PP o en la sociedad civil, con un plantel de ingenieros de prestigio en la Universidad Politécnica de Valencia. No ha buscado. El PP valenciano y el nacional han preferido un teniente general para envolverse en los atributos del Ejército, aunque sea con un oficial retirado. El nombramiento de Francisco Gan Pampols es una mera reacción táctica, un obsceno uso del uniforme militar para tratar de recuperar el relato, como cuando Felipe González, rodeado de acusaciones de corrupción, fichó al juez Baltasar Garzón. No sería extraño que, como entonces, el fichaje del teniente general acabe como el rosario de la aurora.

Este nombramiento es un autogolpe de la política, una prueba más de desconexión con la ciudadanía, que debería preocupar a los demócratas. La actualidad política española está dominada por una pelea sin cuartel entre los dos grandes partidos por imponer su relato, en la que todo vale. Los datos se desprecian como la cáscara y los hechos se exprimen hasta quedar irreconocibles. No hay más que ver lo que ha sucedido en esta semana trágica para el Congreso de los Diputados. El debate de la política fiscal, dominado por la frivolidad, y el de la gestión de las primeras horas de la dana, por la desvergüenza.

Pero, ¿en qué momento se jodió la política? (Que diría Vargas Llosa.) Seguramente todo empezó en el brutal intento de cambiar la realidad de la autoría de los atentados del 11M. Es allí donde se produce el primer gran caso de torsión de datos y falsificación de la realidad, con la colaboración interesada de medios, para engañar al ciudadano. El clima político actual es heredero directo de aquella manipulación oficial, y los casos del fraude fiscal confeso del novio de Isabel Díaz Ayuso y de la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, el mejor ejemplo de deformación de la realidad. Poner un caso al lado del otro no supone que tengan la misma gravedad, ni que las artimañas empleados sean equiparables. Pero en el fondo hay el mismo trato infantil al ciudadano.

Los hechos son, por un lado, que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, reconoció por escrito a la Fiscalía Provincial de Madrid que “de común acuerdo” con él “es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)…”. El paréntesis también es literal. Para sacudirse el caso, Ayuso llegó a retorcer los hechos hasta asegurar que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su novio y la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al defraudador confeso.

Por otro, el caso de Begoña Gómez, que hizo gestiones, que están siendo investigadas por el juez Peinado, con empresas para financiar un máster que dirigía desde el Palacio de La Moncloa y para el que se apoyó en personal público. Para recuperar el relato, Sánchez llegó a anunciar un retiro de cinco días para meditar si abandonaba el Gobierno. Volvió con un nuevo lema, la lucha contra “el fango”, y el anuncio de un plan contra la desinformación, que no contentó a nadie. El plan tenía el pecado original de responder a las acusaciones sobre su mujer.

Era innecesario; basta con aplicar la Ley Europea de Medios de Comunicación. Para colmo, ni palabra de los medios públicos, su competencia inmediata. El artículo 5.2 de esta norma señala “los Estados miembros se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia”. No hay más que ver las formas de actuar del Gobierno y sus socios en la renovación del consejo de RTVE y de Mazón con la televisión regional, donde se ha producido la única dimisión, y no precisamente por la gestión de la dana.

Ya lo dijo Alberto Núñez Feijóo en abril, en una entrevista en Antena 3. Estamos ante “la peor clase política de los últimos 45 años”. Incluye ahí al Partido Popular, le dijo la periodista Susana Griso. “Por supuesto. No estoy haciendo salvedades”. Nada que añadir, señoría.

Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información


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