La cuestionable subida del IVA de los alimentos
Sería mejor acometer un plan de consolidación fiscal para reducir el déficit público controlando el gasto
Octubre, el mes pasado, comenzó con una subida del IVA en alimentos básicos, lo que podría parecer una solución efectiva para incrementar la recaudación fiscal en contextos de crisis, pero que, en estos momentos, no es el caso, ya que los ingresos del Estado están siendo especialmente abultados. Lo que sí parece claro es que esta medida tiene una gran incidencia en la economía familiar, y no precisamente positiva.
Estamos hablando de una cuestión que afecta principalmente a los más vulnerables, ya que la demanda de bienes de primera necesidad es inelástica, es decir, que se consumen sí o sí, aunque el precio varíe y con independencia del nivel de renta. Tiene por tanto implicaciones para todos los bolsillos, pero sobre todo para las rentas más bajas, como se puso de manifiesto en un informe de Esade en el que se llegaba a la conclusión de que las rebajas del IVA de los alimentos que se hicieron en su día supusieron un ahorro de solo un 0,13% para las familias con más recursos, mientras que para las más vulnerables lo fue de un 0,3%.
Hasta final de año, los alimentos básicos que han tenido el IVA al 0% pasarán al 2%; se verán afectados el aceite de oliva, la leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. En cuanto al IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas, pasarán del 5% al 7,5%.
A partir del 1 de enero de 2025, a todos estos productos se les aplicará una nueva subida del IVA (los que ahora suben al 2% pasarán al 4%, y los del 7,5% pasarán al 10%). Esto se traducirá en una menor capacidad de ahorro y en una pérdida de poder adquisitivo que afectará a todo el consumo privado en general, aspecto este último que tendrá consecuencias negativas en el crecimiento económico.
En un momento en el que las economías familiares y empresariales aún están luchando por recuperarse de los efectos de la covid y de los estragos de los conflictos internacionales, con tasas de desempleo aún elevadas y sectores productivos que no han logrado volver a niveles prepandemia, la subida del IVA de los alimentos de primera necesidad generará un efecto bola de nieve sobre el consumo del resto de los productos, al verse mermada la capacidad económica de los ciudadanos. Como consecuencia de lo anterior, muchos pequeños comercios acabarán viéndose perjudicados por la reducción de esta demanda, por lo que, posiblemente, algunos de ellos se verán obligados a reducir sus márgenes empresariales para que las decisiones de compra de sus clientes no se vean afectadas.
No obstante, aquellas empresas que tengan reservas suficientes como para poder permitirse aplicar una medida de este calibre notarán, más tarde o más temprano, el deterioro de sus cuentas de resultados, lo cual comprometerá su sostenibilidad, en un momento, además, como el actual, en el que vienen soportando un aumento considerable de sus costes debido, entre otros factores, a la subida de las cuotas a la Seguridad Social, al incremento de los precios de la energía, al aumento del salario mínimo, al encarecimiento de las materias primas y a la inflación en general.
Todos estos elementos han causado una enorme erosión de los márgenes de beneficio de los negocios, que no siempre tienen capacidad suficiente para absorber estos incrementos, máxime si tenemos también en cuenta la presión fiscal a la que se ven sometidos.
Además, habría que reflexionar sobre el impacto negativo que puede conllevar esta medida en relación con la alimentación saludable. En estos últimos años, son muchas las acciones que se vienen realizando desde Gobiernos y organizaciones para promover hábitos sanos, haciendo hincapié en la necesidad de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y aumentar el consumo de frutas, verduras y otros alimentos frescos.
Precisamente, gran parte de estos alimentos son los que ahora verán incrementados sus precios, lo que puede llevar a que los consumidores opten por alternativas más baratas que, a menudo, tienen una baja calidad nutricional. Por ello, deberían exigirse altas dosis de sentido común a los gobernantes, ya que, por un lado, se pide a los ciudadanos que tengan una alimentación saludable, pero, por otro, se desincentiva ese tipo de consumo al encarecerse la cesta de la compra más de lo que ya lo estaba.
No cabe duda de que se necesitan recursos para mantener el Estado del bienestar, pero existen alternativas más razonables y equilibradas que la de gravar los productos básicos, como, por ejemplo, acometer un plan de consolidación fiscal para reducir el déficit público con medidas de control del gasto público. De esta manera, mediante un uso eficiente del Presupuesto, se podría mejorar la calidad de vida de los ciudadanos –especialmente de quienes más lo necesitan– sin necesidad de aumentar aún más la elevada presión fiscal que padecen, ya que, como puso de manifiesto un reciente estudio nuestro, una familia tipo española con una renta media destina en la actualidad un tercio de sus ingresos al pago de impuestos; y son IRPF e IVA los conceptos impositivos que más pesan en su factura fiscal.
Juan Carlos de Margarida es secretario general del Consejo General de Economistas de España