Los votantes y los mercados ponen en aprietos a los líderes de izquierdas
La reacción del electorado a la austeridad es más fuerte cuando la aplican Gobiernos socialdemócratas
Los Gobiernos de izquierda tienen un problema como el de Charlie Chaplin. Al igual que el famoso cómico, cuyos esfuerzos por convertirse en un director serio fracasaron, las Administraciones socialdemócratas tienden a sufrir cuando se alejan de su guion tradicional, aplicando medidas de austeridad. Son malas noticias para los dirigentes de Gran Bretaña, Brasil, Alemania y otros países, que necesitan reducir sus déficits. Pero, si se niegan, los inversores les harán pagar.
En 1923, Chaplin coronó el sueño de su vida: dirigir una película seria. Tras protagonizar 70 cómicas, dirigió Una mujer de París, aclamada por la crítica, pero un fracaso de taquilla. El público también quiere que los políticos se mantengan en su personaje, especialmente con el dinero. Por supuesto, la mayoría de la gente odia la austeridad, independientemente de la facción política que la imponga. Según un estudio reciente de Alberto Alesina y otros investigadores, un paquete de subidas de impuestos equivalente al 1% del PIB reduce el porcentaje de votos del partido gobernante en un 7% de media en las siguientes elecciones.
Pero los ciudadanos se resisten sobre todo cuando los líderes socialdemócratas aprietan el cinturón. El académico Alexander Horn analizó 196 Gobiernos de 18 países desarrollados, entre ellos EE UU, Reino Unido, Japón y Alemania, entre 1971 y 2011. Comparó los resultados de cuatro elecciones con un índice que mide la “generosidad” de las ayudas sociales. Cuando gobernaba el centro-izquierda, cualquier recorte significativo reducía la cuota de votos del Gobierno en 2,4 puntos porcentuales de media. Los políticos de la derecha no sufrían tal impacto.
Alemania es un buen ejemplo. Gerhard Schroeder lanzó una amplia serie de reformas en 2003: fuertes recortes de las prestaciones de paro, reducción de las pensiones y una propuesta para aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Dos años después, Angela Merkel venció a Schroeder y se mantuvo en el poder más de una década y media, sin pagar ningún precio político perceptible por su propia política parsimoniosa.
Las derrotas electorales se deben a muchas razones, no todas relacionadas con decisiones económicas. Pero hay pruebas de que los votantes de centro-izquierda esperan que su partido aplique políticas expansivas cuando está en el poder. Noruega ayuda a explicar este fenómeno. Los laboristas no han aplicado políticas de austeridad en las últimas dos décadas, en gran medida porque las riquezas petroleras han mantenido la balanza fiscal firmemente en números negros.
En 2020 y 2021, investigadores dirigidos por Peter Egge Langsæther y Silke Goubin preguntaron a una muestra de votantes noruegos cómo reaccionarían si una caída del precio del petróleo y un fuerte aumento del paro llevaran a un Gobierno laborista a recortar las prestaciones por desempleo y las pensiones y a cobrar más por las guarderías. Los que se consideran laboristas disminuirían drásticamente su deseo de votar a ese partido. Los conservadores no expresaron el mismo nivel de animadversión cuando se les preguntó cómo reaccionarían ante el mismo conjunto de medidas aplicadas por un Gobierno de centro-derecha. Los investigadores concluyeron que la austeridad aplicada por el centro-izquierda constituye un “incumplimiento de contrato” a los ojos de su base electoral.
Es preocupante. El FMI prevé que la deuda pública mundial supere los 100 billones de dólares a finales de año: alrededor del 93% del PIB mundial. Superará el 100% a finales de la década, 10 puntos porcentuales más que en 2019. Para reducirla o estabilizarla, los Gobiernos tendrán que recortar sus déficits, por término medio, en torno al 3,8% del PIB de aquí a 2029, casi cuatro veces más rápido que el ritmo actual. Son malas noticias para los socialdemócratas que gobiernan grandes países europeos como Reino Unido, Alemania y España. Los dirigentes de Brasil, Australia y Canadá afrontan una situación similar. EE UU podría unirse a esa lista si Kamala Harris derrota a Donald Trump.
Ante la perspectiva de ser expulsados si suben los impuestos o recortan el gasto, los Gobiernos de centro-izquierda podrían verse tentados a no hacer nada y trasladar el problema a sus sucesores. Pero puede que los inversores no lo permitan. Tras permanecer casi siempre tranquilos, ayudados por la compra de deuda pública por parte de los bancos centrales después de 2008 y 2020, hay indicios de que los mercados de deuda soberana se están poniendo más nerviosos ante la generosidad fiscal de los Gobiernos.
En Reino Unido, el retorno de los bonos del Estado a 30 años es del 4,7%, no muy lejos del 5% que alcanzó en septiembre de 2022, después de que los recortes fiscales sin financiación de Liz Truss asustaran al mercado. La reacción de los inversores en bonos es un factor clave que la nueva ministra de Economía laborista, Rachel Reeves, tendrá que vigilar cuando presente hoy su primer Presupuesto. En EE UU, la “prima por plazo” –el retorno extra que exigen los inversores para compensar el riesgo presupuestario– alcanzó la semana pasada su nivel más alto en un año. La debacle de Truss, la crisis de la deuda de la zona euro que comenzó en 2009 y la fuerte subida de los retornos de los bonos de EE UU a mediados de los 90 son aleccionadores recordatorios de que los vigilantes de los bonos pueden acechar a cualquier Gobierno que se tome a la ligera sus políticas presupuestarias. A diferencia de los filmes de mayor éxito de Chaplin, la consolidación fiscal no es cosa de risa, especialmente para los Gobiernos de centro-izquierda.
Presupuestos británicos
Hoy, Reeves necesita una mano de terciopelo en un guante de hierro. Tendrá que enhebrar una fina línea entre pedir prestado lo suficiente para impulsar la alicaída economía y ser considerada fiscalmente responsable para mantener la calma de los mercados. Si va más allá de un ligero retoque de las reglas fiscales, podría despertar recuerdos del desastroso mandato de Truss.
La tarea es ingente: recaudar unos 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros) para pagar los servicios públicos y la inversión sin disgustar a los votantes con impuestos más altos, enemistarse con las empresas o inquietar a los mercados. Reeves ya se ha comprometido a financiar el gasto diario con impuestos, pero se ha mostrado vaga sobre sus planes de endeudamiento. Lo que es seguro es que modificará una norma que establece que la deuda pública en porcentaje del PIB debe bajar al final de un periodo renovable de cinco años.
La hipótesis más conservadora es que Reeves excluya las pérdidas del Banco de Inglaterra en su cartera de bonos del cálculo de la deuda. Según Goldman Sachs, eso le daría una capacidad de endeudamiento extra de 25.000 millones de libras, suficientemente pequeña como para mantener bajo control los gilts. Pero el Gobierno no ha descartado cambios más radicales, como adoptar un indicador de la deuda que incluya todos los activos y pasivos financieros del Estado. Eso podría liberar unos 50.000 millones en préstamos adicionales. Reeves podría sostener que el margen adicional se usaría con moderación y solo en inversiones que fomenten el crecimiento, como las infraestructuras.
Sería arriesgado. Los retornos de los gilts a 10 años ya superan el 4,2%. Es cierto que es en gran medida por las subidas de los retornos en EE UU y por la trayectoria de los tipos en Reino Unido, más que por los temores fiscales. Pero contar con que los inversores traumatizados por la crisis de 2022 crean en la moderación y la capacidad de Reeves para elegir “buenas” inversiones es una propuesta arriesgada. Es extraño que un Gobierno británico presente un presupuesto sin aclarar las reglas. Jugar con ellas para pedir más prestado sería mucho, mucho peor.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías