La litigiosidad hipotecaria, penitencia de la banca
Es difícilmente explicable que este mercado esté sujeto a tal grado de conflicto
Casi dos de cada tres quejas de clientes bancarios al el Banco de España, está relacionada con contratos de hipotecas, según la memoria de reclamaciones de 2023. No es una novedad; las litigiosidad de las hipotecas lleva años creciendo, y las reclamaciones al supervisor son solamente un reflejo de esta tendencia. El objeto más reciente es el pago de los gastos hipotecarios: los costes de notaría, registro de la propiedad y gestoría que tradicionalmente las entidades financieras cargaban sobre el cliente, hasta que el Tribunal Supremo fijó doctrina y estableció el reparto entre cliente y banco. Entonces empezó el segundo asalto: los plazos, que también acabaron en los tribunales. Que el servicio de reclamaciones del Banco de España no sea competente para dirimir este aluvión de quejas, estimulada por las campañas de asociaciones y despachos, solo refleja lo absurdo de la situación.
Similares procesos se han dado con las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o el índice IRPH. En España el 70% de los hogares tienen una vivienda en propiedad; la mayoría a partir de un contrato hipotecario que, cuando está en vigor, supone una gran parte del presupuesto familiar. Es difícilmente explicable que este mercado esté sujeto a tal grado de litigiosidad.
Ahora bien, esta litigiosidad no surgió de un repentido activismo de la judicatura, sino sobre la base de la escasa transparencia del mercado hipotecario. El pecado original de las hipotecas, más que un engaño a gran escala, es un desequilibrio informativo que dejaba el engaño al albur de la ética del comercial de turno. Y los jueces han fallado a favor de la parte débil. Es difícil que alguna de las partes (más allá de los despachos) pueda estar contenta. Las entidades financieras se sienten injustamente tratadas, pues consideran víctima de un veredicto de culpabilidad general. Los clientes, por su parte, han sido objetivamente los perjudicados por prácticas que la justicia ha tumbado y que el sector tampoco trabajó en su día para acotar.
Un terreno de juego nivelado es la base de un mercado funcional. Y en el largo plazo, lo mejor para las dos partes, particularmente en contratos de la elevada duración y cuantía. La Autoridad del Cliente Financiero es un intento por solventar unos desequilibrios que no son exclusivos de las hipotecas. Pero no deja de ser una suerte de remiendo sobre un planteamiento, más ambicioso, que lleva década y media metido en el cajón: el modelo Twin Peaks, que separa la supervisión prudencial y la defensa del cliente.