La reforma laboral aprobada en 2021 ha modificado el paisaje del mercado de trabajo. Ha aportado estabilidad a los puestos más precarios y, aunque con cierta controversia, ha ayudado, en parte, a acabar con la elevada temporalidad que sufrían miles de trabajadores gracias a los contratos fijos discontinuos. También ha permitido la creación de empleo de una forma más robusta y eficaz. En los últimos 12 meses se han creado más de 483.000 puestos. España cuenta con casi 3,4 millones de trabajadores más con contrato indefinido que antes de la reforma.
El nivel de empleo alcanzado en España desde el cambio de paradigma laboral ha marcado un récord histórico y supera los 21,2 millones de trabajadores. El paro también se ha reducido a mínimos de tiempos de la burbuja inmobiliaria. Aunque aún hay 2,57 millones de personas desempleadas, son 131.000 menos que hace un año.
En conclusión, el mercado laboral parece gozar de buena salud tras la reforma. Pero persisten algunos problemas que el Gobierno pensó que se iban a atenuar con el nuevo marco legal. Es el caso de la elevada estacionalidad. No es ninguna novedad que agosto es malo para el empleo. El mes pasado se destruyeron cerca de 194.000 puestos de trabajo por el fin de la temporada turística. A principios de ese mes se cancelan miles de contratos de profesores de los centros de educación privada y a finales concluyen miles de trabajos vinculados con la hostelería y el turismo. Este agosto ha sido el peor para la afiliación desde 2019. Y eso no habla bien de España.
Los responsables del Ministerio de Trabajo se apresuraron a sacar pecho durante los primeros meses de la aprobación de la reforma laboral, cuando parecía que la estacionalidad se estaba moderando, pero la realidad está mostrando que la economía es más tozuda que las declaraciones de los políticos. El auge del turismo y la cronificación de algunas prácticas, como la resistencia de empresas del sector de la agricultura o la educación a firmar contratos fijos discontinuos a trabajadores temporales que ocupan puestos estructurales durante los periodos de más actividad del año mantienen una elevada estacionalidad. Además, las mayores tasas de temporalidad se dan en el sector público. Las empresas privadas ofrecen muchos más contratos indefinidos.
Este fenómeno no es pernicioso en sí, pero sí fomenta contratos más precarios, irregulares y supone un caldo de cultivo para que algunas empresas caigan en el fraude. Haría bien el Gobierno en crear una estrategia robusta y transversal para atacar este fenómeno, que es propio de economías muy dependientes de empresas de poco valor añadido.
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