La apertura de los laboristas a los negocios se verá pronto a prueba
Starmer deberá decidir su posición respecto a los países del Golfo, o a inversiones como la de Slim en BT
El capital mundial se dispone a poner a prueba al nuevo Gobierno británico. La aplastante victoria de Keir Starmer en las elecciones legislativas significa que los inversores internacionales pronto averiguarán si las afirmaciones de su Partido Laborista de estar “abierto a los negocios” se sostienen. Una serie de posibles focos de tensión pueden ofrecer algunas pistas.
Los financieros tienen razones para ser optimistas. Los banqueros creen que Rachel Reeves, la nueva ministra de Economía, no será más hostil a los inversores extranjeros que el Gobierno conservador. La baja tasa de ahorro...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
El capital mundial se dispone a poner a prueba al nuevo Gobierno británico. La aplastante victoria de Keir Starmer en las elecciones legislativas significa que los inversores internacionales pronto averiguarán si las afirmaciones de su Partido Laborista de estar “abierto a los negocios” se sostienen. Una serie de posibles focos de tensión pueden ofrecer algunas pistas.
Los financieros tienen razones para ser optimistas. Los banqueros creen que Rachel Reeves, la nueva ministra de Economía, no será más hostil a los inversores extranjeros que el Gobierno conservador. La baja tasa de ahorro del país obliga al Ejecutivo a atraer inversión extranjera directa si quiere cumplir el objetivo de Starmer de estimular el crecimiento.
Además, los laboristas disponen de todos los poderes necesarios para ahuyentar a los compradores no deseados. La Ley de Seguridad Nacional e Inversiones, aprobada por Boris Johnson en 2021, señala 17 sectores en los que el Gobierno puede intervenir si no le gusta una fusión o incluso una inversión minoritaria.
Aun así, Starmer puede esperar algunos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, Thames Water, la mayor empresa de suministro de agua del país, con activos regulados por valor de 19.000 millones de euros, y cuyo holding ha incumplido recientemente el pago de su deuda. Dadas las tensas finanzas públicas británicas, el Gobierno podría dar la bienvenida a un inversor extranjero dispuesto a inyectar miles de millones. Aunque Jonathan Reynolds, nuevo ministro de Negocios, ha declarado que no es partidario de nacionalizarla, los diputados de izquierdas podrían mostrarse reticentes.
Por su parte, Carlos Slim podría aumentar su participación del 5% en BT, empresa valorada en 16.000 millones de euros. Daniel Kretinsky sigue adelante con su oferta acordada de 4.300 millones por International Distribution Services, dueña del servicio postal nacional Royal Mail. Las promesas del magnate checo de proteger las condiciones de los trabajadores, que Reynolds acogió con cautela en mayo, no son todo lo sólidas que podrían haber sido.
Una de las incógnitas es a qué posibles aliados abrazarán los laboristas. David Lammy, probable secretario de exteriores, ha prometido tratar con “el mundo tal y como es”, lo que sugiere una disposición a aceptar más inversiones de Estados del Golfo como Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Aun así, las adquisiciones de alto perfil por parte de, por ejemplo, el Fondo de Inversión Pública saudí, podrían causar inquietud política. Starmer podría atraer a fabricantes chinos de vehículos eléctricos, como BYD, para crear empleo y contribuir a los objetivos laboristas de descarbonización. Pero se arriesgaría a molestar a EE UU y a la UE, que en 2021 representaban conjuntamente dos tercios de las entradas de inversión extranjera directa.
En 2016, poco después del referéndum sobre el Brexit, la recién elegida primera ministra Theresa May aprobó la compra por 32.000 millones de dólares del diseñador de chips británico Arm por parte del grupo japonés SoftBank. Muchos políticos británicos se arrepintieron de aquella decisión. Starmer puede esperar test similares. Para estar realmente abierto a los negocios, tendrá que andar con pies de plomo.
Poder y responsabilidad
Las grandes mayorías conllevan grandes responsabilidades. La de Starmer le da margen para actuar con rapidez a fin de curar los males económicos del país. Pero las restricciones fiscales que se ha autoimpuesto y las promesas de campaña significan que su actuación será lenta y puede que tenga que subir los impuestos sobre la riqueza.
Los inversores acogerán con satisfacción la nueva estabilidad política tras 14 años de tumultuosos Gobiernos conservadores. Pero ahora empieza lo difícil: el nuevo Ejecutivo tendrá que conseguir que Gran Bretaña vuelva a crecer. Según el FMI, el PIB del país apenas crecerá un 0,5% este año, una fracción de la media anual del 2% registrada en los 10 años precovid. Starmer ha ido más lejos, hablando de un crecimiento del 2,5% anual en una entrevista reciente.
El problema es que el nuevo primer ministro y Rachel Reeves no tienen dinero suficiente para turboalimentar la economía. En un esfuerzo por no asustar a los votantes y a los mercados, prometieron lealtad a una norma arbitraria que establece que la deuda pública debe caer en porcentaje del PIB al final de un periodo renovable de cinco años. Eso les deja con menos de 9.000 millones de libras (11.000 millones de euros) de gasto público extra para 2028-29, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. También se han comprometido a no subir los principales impuestos sobre la renta y las empresas.
En teoría, el tamaño de la mayoría laborista podría permitirles deshacerse de esas promesas, pero en la práctica es poco probable que ocurra pronto. Los inversores británicos siguen atormentados por la generosidad fiscal sin financiación durante el breve mandato de Liz Truss en 2022. La prioridad del nuevo Gobierno será probablemente colmar el déficit de gasto público dejado por la Administración de Rishi Sunak. Según el Instituto de Estudios Fiscales (IFS), podría ascender a 20.000 millones de libras al año.
El nuevo primer ministro tendrá que encontrar ingresos, y rápido. Gravar el patrimonio es una buena opción. Los impuestos sobre el patrimonio –como los gravámenes sobre las plusvalías y las sucesiones– solo aportan 40.000 millones al año, frente a los más de 580.000 millones que se recaudan gravando la renta. Aumentar el tipo superior del impuesto sobre las plusvalías del 20% actual al 25%, suprimir la exención para las personas que conservan activos hasta su fallecimiento y poner fin a las desgravaciones fiscales por enajenación de empresas podría recaudar 6.000 millones más al año, según una calculadora del IFS.
Pero la inversión pública anual en Reino Unido caerá del 2,4% del PIB actual al 1,8% en 2028-29. Evitarlo requeriría un desembolso de más de 26.000 millones. Llenar el agujero requeriría casi con toda seguridad liberarse de la camisa de fuerza fiscal. Si Starmer no está dispuesto a hacerlo, la estabilidad prometida por su aplastante victoria puede acabar pareciendo inmovilismo.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días