Una respuesta razonable a las protestas agrícolas
El reto de Bruselas y de los gobiernos europeos es articular una revisión de la PAC que no se entienda como una mera cesión política, sino como una corrección necesaria
Las protestas con las que los agricultores han incendiado Europa, desde Francia, Alemania y España a Países Bajos y Polonia, están comenzando a dar frutos, lo que demuestra no solo la influencia y la capacidad de presión del sector agrícola europeo, sino también apunta a la solidez de algunas de sus críticas a la última revisión de la Política Agraria Común (PAC). A las concesiones que ha anunciado ya Bruselas, entre las que destaca la derogación temporal de la exigencia de dejar un porcentaje mínimo de terreno en barbecho cada año, la paralización de la nueva directiva sobre pesticidas o la propuesta de reducir las inspecciones, se ha unido el apoyo de Gobiernos como el de Francia y España.
En ese respaldo institucional, y sin duda políticamente hábil, se enmarca la carta que Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas en la que reclama una simplificación de la PAC, cuya última reforma se abordó en 2021 con mayores exigencias medioambientales, más controles y mayor reducción de fertilizantes, entre otros aspectos. La misiva cuestiona el calendario de la PAC y critica su falta de realismo, así como la diferencia de exigencias a que la CE somete los productos extracomunitarios respecto a los comunitarios.
Creada en 1962, la PAC ha sido un elemento fundamental para la modernización y el aumento de la competitividad de la agricultura europea, del que se han beneficiado especialmente países con un importante sector primario, como es el caso de España. Los agricultores europeos no cuestionan, por tanto, el instrumento en sí, sino el cambio de enfoque que inspira su última revisión, cuyo rechazo se explica por dos grandes razones. La primera tiene que ver con el contenido, en la línea del Pacto Verde que la UE aprobó en 2019 y de la estrategia agrícola From Farm to Fork, ampliamente cuestionada en los últimos años no solo por los agricultores, sino por organismos y servicios de estudio especializados en política agraria. Las críticas no se focalizan en las metas –mejorar la seguridad, evitar el despilfarro y preservar la biodiversidad–, pero sí en el calendario y en los medios para alcanzarlo.
El segundo motivo que explica el levantamiento del sector agrícola tiene que ver con el hecho de que las condiciones económicas en que fue diseñada esta última versión de la Política Agraria Común son muy diferentes a las actuales. Golpeada por los efectos de la pandemia, la crisis energética, la inflación y en algunos países, como España, la sequía, la agricultura europea tiene argumentos objetivos para cuestionar la letra de la PAC. El reto de Bruselas y de los gobiernos europeos está en modular una respuesta que no se entienda como una cesión política, sino como una corrección justa y razonable.
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