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El peso en la economía de los servicios desaconseja medidas que eleven el coste efectivo de la mano de obra, como proponen quienes aspiran a repetir Gobierno
Elevar los costes laborales no salariales parece una estrategia poco aconsejable en una economía con una tasa de paro del 11%, alta dependencia de sectores intensivos en mano de obra y en plena revolución tecnológica sustitutiva del factor trabajo. Y, sin embargo, es lo que están proponiendo quienes aspiran a repetir Gobierno en España: menos horas legales de trabajo (jornada, permisos etc.) y subida de las cotizaciones dentro de la aprobada refor...
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Elevar los costes laborales no salariales parece una estrategia poco aconsejable en una economía con una tasa de paro del 11%, alta dependencia de sectores intensivos en mano de obra y en plena revolución tecnológica sustitutiva del factor trabajo. Y, sin embargo, es lo que están proponiendo quienes aspiran a repetir Gobierno en España: menos horas legales de trabajo (jornada, permisos etc.) y subida de las cotizaciones dentro de la aprobada reforma de pensiones. Mejoras sociales pagadas a cargo de los costes laborales.
Encarecer la contratación de mano de obra es contraproducente cuando tenemos un problema sistémico de insuficiente aparato productivo capaz de absorber toda la oferta de trabajo existente y, junto a ello, un problema coyuntural de salarios reales perdiendo poder adquisitivo y retrayendo, con ello, el consumo privado. El elevado peso en nuestra economía del sector servicios, intensivo en mano de obra, ayuda a desaconsejar medidas que eleven el coste efectivo de la mano de obra. Veámoslo con algo de detalle.
La economía española arrastra desde el anterior régimen un aparato productivo incapaz de proporcionar trabajo a todos los que lo buscan. La emigración, primero, y el diferencial de paro después, han sido el exponente de esta realidad, que se ha visto amortiguada por una estructura social con gran peso relativo de la institución familiar tradicional, lo que ha significado, por una parte, una menor tasa de actividad en colectivos importantes como las mujeres que trabajaban en casa y, por otra, que los ingresos por pensiones sean tan importantes para muchas familias de rentas bajas en las que conviven tres generaciones.
Conforme esta realidad ha ido cambiando aproximándonos a la media europea en tasa de actividad femenina, el fenómeno de la inmigración ha hecho crecer la población total más allá de la caída en la tasa de natalidad nacional. Entre 2007 y ahora, el aumento de tres millones de personas en la población total en edad de trabajar explica la aparente contradicción entre tener hoy un mayor número de ocupados que entonces y, a la vez, tener más parados y el doble número de hogares con todos sus miembros activos en paro.
Hacen falta, pues, políticas de oferta que busquen más y mejores empresas en España que sean capaces de proporcionar todo el empleo que necesitamos para equiparar nuestra tasa de paro a la media europea. Facilitar la empleabilidad no se puede seguir abordando desde políticas del mercado laboral (aunque encarecer el despido, como se propone, tampoco vaya a ayudar), sino desde medidas de fondo que fomenten la creación de empresas, estimulen el crecimiento de las existentes y activen políticas que faciliten la contratación, destacando una formación profesional vinculada a las necesidades actuales de las empresas.
En los últimos años, además, se ha producido en la economía española un cambio sectorial muy relevante. Solo entre 2008 y hoy, la industria ha perdido medio millón de empleos, la construcción se ha desplomado a la mitad y los servicios ocupan hoy, a tres millones más de personas, sobre todo en comercio, servicios profesionales y tecnológicos. Si queremos buscar trabajo donde hay actividad que lo demande, tendremos que tener en cuenta que los servicios, nuestro sector estrella y creciendo, son intensivos en mano de obra. Medidas gubernamentales dirigidas a incrementar los costes laborales no salariales son, pues, lo más desaconsejable. Al menos, mientras crear empleo y reactivar la economía siga siendo la prioridad y el camino para mejorar la renta per cápita.
La inflación no solo es ya la primera preocupación de los ciudadanos, como muestra la encuesta de 40db, sino que deberá seguir siéndolo del próximo Gobierno. En primer lugar, porque la pérdida de poder adquisitivo continúa en las capas salariales más bajas, lo que, unido al descenso del endeudamiento de las familias como reacción a la subida de tipos de interés, garantizan, en los próximos meses, una preocupante ralentización del consumo privado. Pero, en segundo lugar, porque los estudios que empiezan a aparecer sobre el impacto de las medidas antiinflacionistas puestas en marcha y cuya continuidad está en duda, lo definen como muy lejos de lo esperado.
Citaré dos: un estudio del BCE y el Centro de Investigación de la Comisión concluye que las medidas españolas fueron claramente insuficientes para sostener el poder adquisitivo de las familias menos aventajadas, al haber tenido un escaso efecto redistributivo. En el mismo sentido, se expresa un reciente informe de Cáritas, cuya conclusión se resume en lo dicho por sus responsables en la presentación: “Aun siendo positivas, las políticas públicas no han estado a la altura” al carecer de la necesaria concentración en quienes más lo necesitaban.
Con ese panorama, si asumimos que, ante la evidente desaceleración de la economía, los excedentes empresariales no crecerán y que la parte asignada a beneficios se mantendrá estable, parecería razonable que la política económica favoreciera el aumento de salarios, antes que el de los costes laborales no salariales. Así lo han pedido también, en su asamblea, las empresas familiares, quienes añaden que este enfoque ayudará a superar otro de los problemas muy perceptibles ya: la falta de mano de obra adecuada, dispuesta a cubrir las decenas de miles de vacantes existentes.
Facilitar la contratación no es el único problema que tendrá que abordar el próximo Gobierno. Entre 2008 y ahora, el número de personas inactivas mayores de 64 años en España ha aumentado en dos millones. Por tanto, el gasto en pensiones seguirá al alza. Pero es momento de revisar la actual estrategia de financiarlo mediante subida de cotizaciones o, mejor, mediante mayor creación de empleo y más transferencias del Estado creando un impuesto general y finalista en el marco de la pendiente reforma fiscal.
Son muchas las cosas que se puede hacer para abordar los problemas estructurales de nuestra economía. Pero empezando por tener una estrategia global y coherente, de la que ahora carecemos. Veremos que trae el próximo Gobierno, porque el resto del mundo no nos está esperando.
Jordi Sevilla es economista
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