Armonización fiscal sin trampas al solitario
El Gobierno debe buscar un sistema equilibrado entre pequeñas y grandes empresas, pero de forma eficaz, justificada y midiendo las consecuencias
La brecha entre los tipos efectivos de tributación de los grandes grupos empresariales respecto a las empresas de mediano tamaño es de proporciones abisales. Las firmas que tributan en régimen de consolidación, es decir, aquellas que agrupan en el resultado las cuentas de sus filiales, abonan el 6,67% de su beneficio contable. Las empresas que declaran Sociedades de forma individual, de media, pagan un 17,4%. Y dentro de los grupos, los 143 que facturan más de 1.000 millones no llegan a un tipo efectivo del 5% de los resultados, por un 19% para los que facturan entre 20 y 60 millones. El motivo de que los grupos grandes tributen con tipos más bajos reside en que sus filiales en el extranjero ya han tributado y, a la vista de los datos, con tipos efectivos muy por debajo de los domésticos.
Con estos mimbres no es de extrañar el afán por homogeneizar la fiscalidad que refleja el pacto de PSOE y Sumar. No son los únicos ni cabe atribuir la propuesta a un exceso ideológico. La idea de que las empresas tributen por al menos el 15% de sus beneficios es un acuerdo adoptado por los países miembros de la OCDE. En otras palabras, es el consenso entre las economías occidentales. La propuesta de PSOE y Sumar aspira a obtener por la vía de la homogeneización de la fiscalidad societaria una recaudación extra de 10.000 millones, cifra que ayudaría a embridar el déficit cumpliendo, por el camino, un acuerdo supranacional.
Ahora bien, en particular en asuntos fiscales, de la teoría a la práctica hay un océano, y la realidad puede desmontar las mejores intenciones. Inspectores y técnicos de Hacienda dudan de la capacidad de este cambio normativo para alcanzar los objetivos previstos. Porque, por un lado, la normativa prevista en la OCDE apunta a que los Estados recauden en su territorio los impuestos que las empresas han dejado de abonar en áreas más benevolentes. Por ello, el impacto de la medida depende de lo que ocurra en otras jurisdicciones. Y si España eleva unilateralmente el tipo efectivo para los grandes grupos se expone a revivir el episodio de Ferrovial.
No quiere decir ello que el Gobierno (sea del color que sea) deba resignarse al statu quo fiscal. Tiene el derecho (y la obligación) de buscar un sistema impositivo equilibrado entre pequeñas y grandes empresas, y de limpiar el código tributario de beneficios fiscales de dudosa utilidad. Otro cantar es convertir esta iniciativa en una suerte de bálsamo de Fierabrás que no solo garantiza ingresos extra, sino que además lo hace en números redondos.
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