Para crecer, Reino Unido necesita fuegos artificiales fiscales mejor orientados
Sunak debe impulsar la inversión privada para competir con las subvenciones verdes de UE y EE UU
Después de que la imprudente laxitud fiscal de su predecesor provocara un colapso financiero, es probable que el ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, adopte este miércoles un enfoque conservador en su primer presupuesto. Su cofre de guerra de 30.000 millones de libras (34.000 millones de euros) le ayudará a abordar cuestiones a corto plazo, como los salarios públicos. Pero un enfoque de bajo voltaje no sacudirá a Gran Bretaña de su depresión económica. Para ello, Downing Street tendrá que desechar objetivos arbitrarios de probidad fiscal y elaborar un plan para impulsar las inversiones privadas que pueda competir con las subvenciones prometidas por EE UU y Europa.
Como exministro de Sanidad, Hunt está familiarizado con el juramento hipocrático primero, no hacer daño. Ese credo no resonó con el anterior ministro de Economía, Kwasi Kwarteng. Sus planes de septiembre de recortar 45.000 millones de libras de impuestos sin financiación provocaron un desplome del mercado de bonos, una intervención de emergencia del Banco de Inglaterra y la desaparición del Gobierno de Liz Truss.
Tras dar marcha atrás en la mayoría de esas políticas en octubre, Hunt se centra en ocuparse de los problemas inmediatos, retrasar las decisiones difíciles y aburrir a los mercados para que respondan con sordina. Él y el primer ministro Rishi Sunak, su nuevo jefe, tienen más dinero para gastar que cuando asumieron el poder, pero también una larga lista de asuntos urgentes. El Instituto de Estudios Fiscales calcula que el endeudamiento en el presente ejercicio se sitúa 31.000 millones por debajo de las previsiones de noviembre de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo independiente de control fiscal.
Un tercio de esa cifra procede de un menor gasto en subvenciones energéticas a los hogares, impulsado por una caída del 80% de los precios del gas al por mayor desde el verano. Otro tercio se debe al aumento de los ingresos fiscales, un impulso inesperado. El otro factor clave es el menor gasto en servicio de la deuda. La caída de los rendimientos de los bonos del Estado tras los 44 días de Trusseconomía significa que los pagos de intereses son unos 3.700 millones menos de lo previsto este año fiscal.
Gran parte de esa ganancia inesperada se destinará a hacer frente a asuntos a corto plazo. Hunt gastará unos 3.000 millones para mantener la factura energética máxima del cliente medio en 2.500 libras al año, en lugar de dejar que suba a 3.000. Otros 6.000 millones congelarán los impuestos sobre el combustible, evitando una subida del 23% a partir de abril.
La cuestión más espinosa es el pago a los 5,7 millones de trabajadores del sector público. Los departamentos gubernamentales han dicho que pueden permitirse una subida anual del 3,5% en el ejercicio fiscal 2023-24. Esta cifra estaría por debajo de la tasa de inflación, que el OBR prevé en el 5,5%, y del crecimiento salarial del sector privado, que ronda el 6,8%. Si Sunak quiere dar a enfermeras y profesores un aumento salarial equivalente a la inflación, Hunt tendrá que encontrar 5.000 millones, según la Resolution Foundation.
Todo ello dejará a Hunt con poco margen de maniobra a largo plazo. Ello se debe en gran parte a que quiere que la deuda disminuya en porcentaje del PIB en el ejercicio 2027-28. Para lograrlo, ha prometido un paquete de austeridad de 54.000 millones que entrará en vigor en 2025, después de las próximas elecciones. En noviembre, el OBR pronosticó que Downing Street cumpliría ese objetivo con solo 9.200 millones de margen. Ese margen podría ampliarse si el PIB nominal crece más de lo previsto o el endeudamiento sigue por debajo de las predicciones.
Pero obsesionarse con un objetivo arbitrario no curará la lentitud crónica del crecimiento británico. El PIB se contraerá un 0,8% en 2023 y crecerá solo un 0,9% el año que viene, según 21 expertos encuestados por el Tesoro. Y lo que es más preocupante, el Banco de Inglaterra sitúa la tasa de crecimiento a largo plazo sostenible y no inflacionista por debajo del 1%, casi la mitad que entre 2010 y 2020.
La caída de la productividad –la cantidad de producción por hora trabajada– está detrás de esta ralentización. De 2008 a 2020, la productividad de Reino Unido creció a una media anual del 0,5%, una enorme caída desde el 2,3% de media entre 1974 y 2008, según el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social.
Aumentar esa cifra requiere mejor educación, formación y más trabajadores, y Hunt podría proponer guarderías gratuitas para niños de 1 y 2 años –costaría hasta 6.000 millones– para atraer de nuevo al trabajo a algunos padres. Pero para que Gran Bretaña sea más productiva, también son esenciales mayores inversiones. Para igualar la relación entre inversión y PIB de otros países del G7, necesita 115.000 millones más de inversión anual.
Hunt ya se ha comprometido a mantener la inversión neta del sector público en torno al 2,5% del PIB durante los próximos cinco años, en línea con sus homólogos del G7. Ahora las empresas tienen que poner de su parte. En primer lugar, sin embargo, Hunt tiene que contrarrestar los efectos de una subida del impuesto de sociedades del 19% al 25% a partir de abril, así como el fin concomitante de una “superdeducción” que permitía a las empresas compensar fiscalmente el 130% de la inversión.
Revertir la subida del impuesto de sociedades sería demasiado caro –hasta 16.000 millones al año– y solo aumentaría la inversión un 1% a largo plazo, según la Resolution Foundation. Hunt se alegraría más si permitiera a las empresas compensar todos los costes de inversión con los beneficios. El coste seguiría siendo de 11.000 millones al año, pero la inversión aumentaría un 5% a largo plazo. Otra prioridad podría ser estimular el I+D con desgravaciones fiscales más generosas. Las actuales desgravaciones fiscales no han conseguido elevar el gasto británico en I+D más allá del 1,74% del PIB, frente al 2,5% que invierten otros países desarrollados. Solo la mitad procede del sector privado.
El ministro de Hacienda podría sufragar estos gastos recurriendo a una “reserva” de 13.000-14.000 millones, un fondo de dinero destinado a necesidades de gasto imprevistas. O podría diluir su propia regla fiscal, alegando que impulsar el crecimiento es más importante que alcanzar un objetivo subjetivo.
Una tercera opción es gravar la riqueza mediante impuestos sobre la propiedad, las plusvalías, las sucesiones y las transacciones. La riqueza total en Reino Unido ha aumentado de tres veces el PIB en 1965 a casi ocho, pero los impuestos sobre el patrimonio solo han subido del 2,2% al 3% del PIB, según la Resolution Foundation. Esa política, empero, es invendible para el Partido Conservador.
Por supuesto, nada de esto tendría el peso financiero necesario para competir con los 369.000 millones de dólares en subvenciones verdes de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE UU o los 270.000 millones de euros que la UE está considerando repartir en respuesta a IRA. Pero como Gran Bretaña se enfrenta a un futuro de crecimiento lento y escasa productividad, sus dirigentes políticos no pueden permitirse el lujo de ser fiscalmente aburridos.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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