La voluntad política es imprescindible para el futuro de El Prat
Tanto los criterios medioambientales como los relacionados con el coste, que además recaerá sobre el consumidor, son razones válidas para defender uno u otro trazado
El rechazo por parte de Aena y de las compañías aéreas al nuevo proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat mediante una pista sobre el mar, por el alto coste que consideran que puede suponer, ha vuelto a reactivar el debate sobre el futuro del aeropuerto barcelonés, las limitaciones de sus instalaciones y el potencial de las actuaciones para aumentar su capacidad.
La ampliación del aeropuerto no constituye una necesidad arbitraria, sino que está respaldada por un informe técnico de Eurcontrol, que en 2018 recomendó extender la pista 25L para mejorar la eficiencia y puntualidad de las operaciones. Desde entonces, el proyecto se ha convertido en una manzana de la discordia entre la Administración catalana, que en 2021 tumbó los planes de ampliación sobre la reserva de La Ricarda con el apoyo de parte del Gobierno central; y Aena, las compañías aéreas y el empresariado de la región, que apostaban por ese trazado. Tanto el gestor aeroportuario como las aerolíneas rechazan ahora una propuesta, remitida por la iniciativa privada y tomada en consideración por el Gobierno de Pere Aragonés, para ampliar el aeropuerto a través del mar por considerar que el coste, que cifran en unos 5.000 millones de euros, resulta desorbitado. Aunque corresponde a Aena licitar las obras y levantar la financiación, la factura correrá a cargo de las aerolíneas a través de las tasas de los billetes, es decir, que su abono recaerá sobre el viajero.
La ampliación de El Prat tiene a su favor tanto argumentos técnicos como económicos. La capacidad máxima del aeropuerto es de 55 millones de viajeros al año y su saturación fue la razón que motivó el informe de Eurcontrol, tras un verano en el que se registraron amplios retrasos. La capacidad actual de la infraestructura la sitúa lejos de los grandes hubs en vuelos intercontinentales, por lo que su ampliación elevaría tanto el potencial operativo del aeropuerto como el potencial económico de la zona. Aunque es difícil cuantificar ese retorno, desde la Universidad de Barcelona se apunta a casi 100.000 millones hasta 2042.
Tanto los criterios medioambientales como los relacionados con el coste, que además recaerá sobre el consumidor, son razones válidas para defender uno u otro trazado. Cuestión distinta e imprescindible es la necesidad de contar con voluntad política suficiente a la hora de apoyar una decisión que mejorará de forma objetiva la operatividad del aeropuerto, atraerá inversión privada y situará a la infraestructura catalana entre los grandes hubs europeos, condición imprescindible para no quedarse rezagada en un mundo cada vez más interconectado.
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